Tribuna de Nemen Hazim

╔La extrema derecha se apodera del poder imperial: Llegó a la presidencia de los Estados Unidos el candidato de los sectores más reaccionarios del Partido Republicano, Ronald Reagan, acompañado —en carácter de vicepresidente— por uno de los ex jefes de la CIA, George H. Bush. En consecuencia, la Casa Blanca desplegó una intensa ofensiva dirigida a estrechar sus relaciones con todas las dictaduras militares, con todas las “democracias-represivas” y con todos los gobiernos conservadores instaurados en América Latina y el Caribe. En correspondencia con esa decisión, se efectuaron en Washington varias reuniones secretas con diversos dictadores militares╝

Las bicentenarias agresiones de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe: Fuente constante del Terrorismo de Estado en el hemisferio occidental

Por Luis Suárez Salazar
Tomado de Radio Mayabeque Digital

Luis Suárez Salazar, investigador y escritor cubano. Es licenciado en Ciencias Políticas. Fue funcionario del Departamento de América del Comité Central del PCC. Fue investigador y director de Centro de Estudios sobre América y de la revista Cuadernos de Nuestra América. Suárez Salazar es miembro adjunto de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional e integra el Consejo Asesor de la revista Tricontinental. También, fue presidente de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Sociología durante 1991 y 1993. Actualmente es profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales en la facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana; allí da clases en la cátedra Che Guevara. Como escritor ha estado directamente vinculado con aspectos sociales de América Latina y el Caribe y parte de su obra se la ha dedicado al pensamiento de Ernesto Che Guevara.

.- INTRODUCCIÓN

Esta cronología incluye información desde 1776 (fecha en que se proclamó la independencia del dominio británico de las Trece Colonias Unidas del Norte de América) hasta el año 2005. Aunque, en propiedad, entre 1776 y 1824 (fecha de la batalla de Ayacucho que selló la independencia latinoamericana del colonialismo español), es muy difícil hablar de agresiones norteamericanas contra América Latina y el Caribe, ya que –salvo en la isla Saint-Domingue (inicialmente denominada por Cristóbal Colón: “La Española”— no existían Estados nacionales soberanos en ese continente, decidí comenzar la cronología en la primera de esas fechas por dos razones básicas.

La primera, porque en esa etapa se encuentran las raíces más profundas de las percepciones ideológico-culturales, geopolíticas y geoeconómicas que, en los dos siglos más recientes (1804-2004), han guiado las sucesivas estrategias desplegadas por los grupos dominantes en Estados Unidos contra las naciones independientes o formalmente independientes, así como contra algunos de los territorios sometidos a diversas formas de dominación colonial ubicados al Sur del Río Bravo (o río Grande del Norte) y de la península de Florida.

Y, en segundo, porque entre 1790 y 1824, la posición “neutral” adoptada por sucesivas administraciones estadounidenses frente a la luchas por la independencia de América Latina y de las Antillas Mayores (en particular, en la isla La Española y los archipiélagos cubano y puertorriqueño), favorecieron el empleo del actualmente denominado “terrorismo de Estado” por parte de Francia y de la monarquía española. Así se demostró durante la Revolución Haitiana de 1791 a 1804 (fecha en que se fundó la primera República gobernada por ex esclavos y libertos, negros y mestizos, del mundo) y durante las luchas por la independencia de América Latina frente al colonialismo español iniciadas en 1806 –luego de una prolongada y complicada preparación— por Francisco de Miranda, justamente considerado como el Precursor de la independencia de las naciones que actualmente forman parte de América Latina.

Finalmente, como veremos en las páginas que siguen, para facilitar la comprensión de la información que en ella aparece, esta cronología se dividirá en varias etapas generalmente identificadas con los diferentes enunciados político-ideológicos que han guiado las estrategias de los grupos dominantes de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe. No obstante, es necesario advertir que algunos de esos enunciados han tenido y tienen una perdurabilidad que trasciende el momento histórico en que se incorporaron a la retórica de la política hemisférica de los grupos dominantes y de las autoridades estadounidenses. Asimismo que, en ciertas circunstancias históricas, el terrorismo de Estado fue utilizado por los imperios europeos (España, Francia, Holanda, Portugal y el Reino Unido) o por sectores de las clases dominantes del Hemisferio Occidental sin que necesariamente participaran los grupos dominantes en Estados Unidos.

Ir Arriba


2.- ANTECEDENTES DE LA “DOCTRINA MONROE”

1776:
El 4 de julio, los representantes de las Trece Colonias Unidas de Norteamérica proclamaron su independencia de Gran Bretaña. Tres meses después, los Padres Fundadores (Founding Fathers) de esa naciente “república pigmea” la bautizaron con el nombre de Estados Unidos de América: acto con el que, pese al limitado tamaño de su territorio original (aproximadamente el 5% del territorio de todo el continente americano), usurparon el nombre con el que –a comienzos del siglo XVI— se había identificado el entonces llamado “Nuevo Mundo”.

1786:
Sólo tres años después que, mediante el Tratado de París de 1783, el Imperio británico reconociera la independencia de Estados Unidos de América, uno de sus más prominentes Padres Fundadores, Thomas Jefferson, sentenció: “Nuestra Confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del Norte como la del Sur, habrá de ser poblada. Más cuidémonos (...) de creer que interesa a este gran Continente expulsar a los españoles. Por el momento aquellos países se encuentran en las mejores manos, y sólo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo”.

1788:
Otro de los Padres Fundadores de los Estados Unidos de América, Alexander Hamilton, expresó: “Podemos esperar que dentro de poco tiempo nos convirtamos en los árbitros de Europa en América, pudiendo inclinar la balanza de las luchas europeas, en esta parte del mundo, de acuerdo con lo que dicten nuestros intereses (...) Dejad a los trece Estados ligados por una firme e indisoluble unión, tomar parte en la creación de un Gran Sistema Americano, superior a todas las fuerzas e influencias trasatlánticas y capaz de dictar los términos de las relaciones que se establezcan entre el viejo y el nuevo mundo”.

1791:
En lo que podríamos considerar la primera “agresión directa” contra América Latina y el Caribe, el entonces Presidente estadounidense George Washington (1789-1797) apoyó financieramente a la administración colonial francesa sobre la isla originalmente denominada por sus aborígenes Haití o Quisqueya (rebautizada por Cristóbal Colón con el nombre de La Española), sin lo cual la estructura burocrática-militar de la monarquía constitucional francesa surgida de la Revolución de 1789 no habría podido sostenerse durante los primeros meses de la revolución antiesclavista e independentista haitiana capitaneada, primero, por Vicent Ogé y, a partir de 1794, por el célebre general negro Toussaint Louverture.

1801:
El ya Presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson (1801-1809), indicó: “Aunque nuestros actuales intereses nos restrinjan dentro de nuestros límites, es imposible dejar de prever lo que vendrá cuando nuestra rápida multiplicación se extienda más allá de dichos límites, hasta cubrir por entero el Continente del Norte, si no es que también el del Sur, con gente hablando el mismo idioma, gobernada en forma similar y con leyes similares...”.

1802:
Fiel a sus posiciones político-ideológicas y a sus inclinaciones favorables a Francia, alarmado por el “peligro” que significaban los avances de la Revolución Haitiana para el orden esclavista existente en Estados Unidos y desconociendo los acuerdos firmados por su país en 1789 con Toussaint Lovertour, el presidente Thomas Jefferson le otorgó su “apoyo tácito” a la poderosa expedición militar organizada por Napoleón Bonaparte con vistas a tratar de reconquistar y restablecer la esclavitud en Saint-Domingue. Aunque dado el interés de los grupos dominantes en Estados Unidos en arrebatarle a Francia el territorio de Luisiana, Jefferson modificó esa posición, mantuvo su silencio cómplice frente al régimen de terror instaurado en la antes mencionada isla caribeña, primero, por el general francés Charles Leclerc y, luego de su muerte, por el también general galo Donatien Rochambeau. Como resultado de esas y otras acciones precedentes se calcula que, en una década, perdieron la vida más de 100 mil esclavos y libertos haitianos.

1804:
El ex presidente norteamericano, John Adams (1797-1801) expresó: “...la gente de Kentucky está llena de ansias de empresa y aunque no es pobre, siente la misma avidez de saqueo que dominó a los romanos en sus mejores tiempos. México centellea ante nuestros ojos. Lo único que esperamos es ser dueños del mundo”.

Consecuentes con esa idea y con diferentes pretextos, en los años sucesivos tropas y navíos de guerra estadounidenses comenzaron a incursionar en el territorio de la Florida occidental y de Nueva España, así como en las aguas del Golfo de México: todavía bajo el dominio de España.

Paralelamente, y siguiendo las reaccionarias actitudes de los gobiernos de Dinamarca, España Francia, Holanda e Inglaterra, el presidente estadounidense Thomas Jefferson negó su reconocimiento a la independencia de Haití (1ro de enero de 1804) y a la fundación de la primera república gobernada por esclavos y libertos negros y mestizos del mundo, así como, por ende, al gobierno de Jean Jacques Dessalines (1804-1806), quien había sustituido a Toussaint Louverture luego de su muerte, el 7 de abril de 1803, en una cárcel francesa. A pesar del intenso comercio existente con esa isla, de que Francia reconoció la independencia de Haití en 1825 y que el Imperio británico lo hizo en 1839, esa retardataria conducta oficial estadounidense se mantuvo hasta 1862.

1805:
A pesar de las gestiones diplomáticas realizadas por el gobierno de Haití con vistas a lograr su reconocimiento por parte de Estados Unidos, el Secretario de Estados norteamericano, James Madison, coincidió con el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Charles Talleyrand, en que: “La existencia de un pueblo negro en armas, (…) es un espectáculo horrible para todas las naciones blancas”.

1806:
Sumándose a la política de bloqueo contra la Revolución Haitiana desplegada por las principales potencias imperiales europeas, el Presidente estadounidense Thomas Jefferson prohibió el comercio norteamericano con esa isla caribeña.

Asimismo, en contraste con la positiva actitud que había asumido el presidente haitiano Jean Jacques Dessalines (1804-1806), el antes mencionado mandatario estadounidense negó su apoyo oficial al Precursor de la Independencia Latinoamericana, Francisco de Miranda. Esto a pesar de la ayuda que Miranda le había prestado a la lucha por la independencia de las Trece Colonias Unidas de Norteamérica y de su amistad personal con algunos de los Padres Fundadores de Estados Unidos, cual era el caso del ya desaparecido Alexander Hamilton. En consecuencia, Miranda tuvo que acudir a lo que algunos historiadores definen como “la ayuda desinteresada de William Smith (inspector de la Aduana de Nueva York) y a la muy calculada (ayuda) de Samuel Odgen” para adquirir –pagando altos intereses— una nave de guerra –el Leander— y reclutar a la tripulación que, luego de diversas peripecias, lo llevó a desembarcar el 3 de agosto de 1806 en Vela de Coro, sobre la costa oeste del actual territorio de Venezuela, y a proclamar –por primera vez desde Tierra Firme— el inicio de la lucha por la independencia de “la América colombiana” frente al coloniaje español.

Fiel al criterio expresado en 1786, Jefferson reiteró que “no veía con mucho entusiasmo” la idea de la emancipación de los pueblos de la América Meridional del dominio colonial español. Adicionalmente, sobre la base de la estrategia trazada por el ex presidente Adams y cumpliendo órdenes del general James Wilkinson, tropas norteamericanas ocuparon el nacimiento del Río Grande, todavía bajo soberanía española. Fueron capturados y devueltos al territorio estadounidense.

1807:
Manteniendo su estrategia contra la Revolución Haitiana, el presidente Thomas Jefferson renovó su “embargo” económico contra el gobierno haitiano entonces presidido por el general independentista Henri Christophe (1763-1820). Esa política –junto a las posturas similares de las potencias imperiales europeas y a las profundas contradicciones socio-políticas y socio-raciales existentes en Haití— propició que se produjera la división de esa recién liberada isla caribeña en una república (ubicada en el Sur) y en una monarquía (ubicada en el Norte). La primera fue presidida por Alexandre Petion y la segunda por Henri Christophe.

1809:
Siguiendo el precedente de la compra del extenso territorio de Luisiana (1803), Thomas Jefferson le sugirió a su sucesor, James Madison (1809-1817), que le solicitara al entonces Emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, la entrega de la isla de Cuba y del territorio de Florida oriental y occidental (entonces en poder de España) a Estados Unidos a cambio de su neutralidad frente a las multiformes resistencias a la dominación francesa que se expresaban en la península ibérica, así como entre sus “súbditos” americanos. Paralelamente y siguiendo la política precedente, Madison renovó el “embargo” económico de su país contra los antes mencionados gobiernos haitianos.

1811:
En medio de la difícil situación por la que atravesaba España y luego de la ocupación por la fuerza del territorio de Florida occidental, el Congreso estadounidense proclamó la llamada Resolución de No Transferencia. Esta establecía que Estados Unidos no podría ver “sin seria inquietud” que parte alguna del territorio de Florida pasara “a manos de una potencia extranjera” diferente a España. Acto seguido, el presidente James Madison instruyó al general George Mathews (Comandante de las tropas que ocuparon la parte occidental de Florida) que soliviantara a la población de Florida oriental con vistas a que proclamara su independencia de España y se uniera a Estados Unidos.

1812:
Consecuente con ese criterio, el general George Mathews ocupó la Isla Amelia y otros territorios de Florida oriental; pero fueron tan “irregulares” sus métodos que el presidente Madison se vio obligado a desautorizarlos.

Por otra parte, el agente especial de Estados Unidos en Chile, Joel Poinsett –calificado por algunos historiadores como uno de los “primeros espías estadounidenses en América Latina”— se involucró en los asuntos internos chilenos, por lo que los sectores de la Junta Patriótica opuestos al gobierno de José Miguel Carrera (1811-1813) exigieron su expulsión del territorio chileno. Con el posterior nombramiento del Libertador de Chile, Bernardo O’Higgins, como jefe de esa Junta, Poinsett fue declarado persona non grata y tuvo que retornar a Estados Unidos.

1814:
Regresó al trono de España Fernando VII; quien derogó la Constitución liberal de 1912 y emprendió diversos esfuerzos para reconquistar, a sangre y fuego, las posesiones españolas en el Nuevo Mundo.

A pesar de la brutalidad que acompañó esa reconquista y los métodos terroristas contra la población civil criolla empleados por las tropas españolas, el presidente James Madison le ofreció garantías a esa reaccionaria monarquía de que su gobierno mantendría una posición “neutral” frente a las luchas por la independencia que ya se desarrollaban en casi toda sus posesiones americanas. En consecuencia, Madison dictó una Ley que prohibió involucrarse en ninguna empresa (entiéndase, en ninguna empresa vinculada a las luchas por la independencia de la también llamada América Meridional) contra España.

También instó a los ciudadanos estadounidenses a entregar a la justicia a “los delincuentes” que violasen esa disposición.

1815:
Acusado de violar las Leyes de Neutralidad de Estados Unidos, fue encarcelado en ese país el coronel Martín Thompson, quien había viajado a Washington –capital federal— en demanda de ayuda para las luchas por la independencia frente a España que se desarrollaban en las entonces denominadas Provincias Unidas del Río de la Plata.

Paralelamente, luego de la derrota de la Segunda República de Venezuela, el Libertador Simón Bolívar redactó su célebre Carta de Jamaica en la cual –para disgusto de los grupos expansionistas de Estados Unidos— declaró su propósito de continuar luchando por la independencia de la América Meridional y su sueño de “ver formar en (esa) América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria”.

1816:
Con la persistente “neutralidad” del gobierno de Estados Unidos y gracias al desinteresado apoyo del presidente de Haití, Alexandre Pétion, (quien colocó como única condición la emancipación de los esclavos en los territorios latinoamericanos que fueran liberados del dominio español), Simón Bolívar pudo organizar en territorio haitiano las dos expediciones militares con las que iniciaría la última etapa de la lucha por la independencia del Norte de América del Sur.

Paralelamente, luego de proclamar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón nombró al general José de San Martín, jefe del Ejército de los Andes. Luego de cruzar la cordillera andina en dirección a Chile, este ejército venció a los realistas españoles en la batalla de Chacabuco, entró en Santiago de Chile y nombró a Bernardo O'Higgins como Director Supremo de la recién surgido República.

A su vez, en México –pese al fusilamiento del sacerdote independentista José María Morelos (22 de diciembre de 1815) y de las derrotadas sufridas por las fuerzas independentistas el año precedente, el general Vicente Guerrero continuó la lucha que lo transformó en uno de los principales líderes de la lucha por la independencia del llamado virreinato de Nueva España, del que dependía la Audiencia de Guatemala. Esta se extendía desde Chiapas hasta el actual territorio de Costa Rica.

1817:
Pese a los significativos avances que ya se registraban en las luchas por la independencia de América Latina del dominio español, el presidente estadounidense James Madison ratificó el Acta de Neutralidad que prohibía la provisión de armamentos o la preparación de expediciones en apoyo a las fuerzas latinoamericanas. En contraste, el gobierno estadounidense mantuvo abierto sus puertos y territorios al comercio con la Monarquía española.

Por otra parte, siguiendo órdenes del nuevo presidente James Monroe (1817-1825), fue encarcelado Manuel Hermenegildo de Aguirre, quien estaba en Estados Unidos gestionando el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas del Río de Plata.

Paralelamente, acusándolos de “contrabandistas, aventureros y piratas”, las fuerzas armadas estadounidenses desalojaron de la isla Amelia (posesión española colocada frente a la península de Florida) a un destacamento al mando del capitán Luis Aury, quien la había ocupado en nombre de los luchadores por la independencia de Venezuela y Nueva Granada (Colombia).

1818:
Para facilitar sus negociaciones con España en torno a la compra-venta de Florida occidental y oriental, James Monroe promulgó otra ley de “neutralidad” (siempre favorable a España) que castigaba con severas penas cualquier intento que se realizara en el territorio estadounidense para apoyar las luchas independentistas latinoamericanas.

Al mismo tiempo, dos barcos norteamericanos –el Tiger y el Liberty--, violando conscientemente el bloqueo establecido en el Río Orinoco por las fuerzas patrióticas comandadas por Simón Bolívar, trataron de entregarle un cargamento de armas a las fuerzas realistas españolas dislocadas en la región. Fueron capturados y, en un combate posterior, hundidos para evitar que las armas que portaban “cayeran en poder de los españoles”. En respuesta, el gobierno estadounidense envió a Angostura –lugar donde estaba el mando central de las fuerzas libertadoras— al político de Baltimore, Baptis Irvin; quien –como un vulgar “cobrador de deudas”— inició un ácido y ofensivo intercambio de cartas con Bolívar reclamándole una indemnización por la destrucción de ambos barcos. Tal demanda fue terminantemente rechazada por El Libertador.

1819:
Luego de participar como invitado en el Congreso de Angostura (15 de febrero) en el que –bajo el liderazgo político y militar de Simón Bolívar— se fundó la Tercera República de Venezuela, Baptist Irvin regresó a Estados Unidos; donde calificó a Bolívar como “general charlatán y político truhán”.

Acto seguido, el gobierno estadounidense envió al entonces Teniente (y futuro Comodoro) de la Marina de Guerra norteamericana Matthew Calbraith Perry (1794-1858), a exigirle al gobierno de la República de Venezuela el pago de la indemnización por el hundimiento de los navíos Tiger y Liberty. Sus demandas fueron finalmente satisfechas por el entonces vicepresidente de Venezuela, Francisco Antonio Zea; capitulación que fue calificada por Simón Bolívar como “un acto humillante de debilidad”. Simultáneamente, y dándole continuidad a las acciones que habían desarrollado en el año precedente, trescientos aventureros estadounidenses invaden el territorio de Tejas (Nueva España) con el propósito de declarar su independencia del dominio español y anexarlo a Estados Unidos; pero estos fueron derrotados.

1820:
El entonces speaker (vocero) de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y destacado dirigente del Partido Republicano Nacionalista, Henry Clay, urgió el reconocimiento de los Estados latinoamericanos ya independizados de España. En sus argumentos Clay reiteró sus intenciones: “Seamos real y verdaderamente americanos; coloquémonos a la cabeza de un nuevo Sistema Americano (...) del que seríamos el centro. Toda América obrará de acuerdo con nosotros (...) Podemos con toda seguridad confiar en el espíritu de nuestros comerciantes. Los metales preciosos están en América del Sur (...) Nuestra navegación reportará los beneficios del transporte y nuestro país recibirá los beneficios mercantiles...”. No obstante, Clay, al igual que otros congresistas estadounidenses, mantuvo su hostilidad hacia los gobiernos herederos de la Revolución Haitiana.

1821:
El Congreso estadounidense ratificó el Tratado Adams-Onís (en referencia al secretario de Estado John Quincy Adams y al representante español en Washington, Luis de Onís) de 1819 por medio del cual España reconoció el dominio estadounidense sobre Florida occidental y le vendió Florida oriental. Asimismo, aceptó las reclamaciones oficiales estadounidenses sobre la zona meridional de Alabama y Mississippi, con lo cual se definió por primera vez el límite occidental de Luisiana. Lo anterior posibilitó que la Casa Blanca cambiara su política oportunista –“neutralidad favorable a España”— hacia las luchas por la independencia de América Latina frente al dominio español; también creó las condiciones para que los sectores expansionistas y esclavistas del Sur de Estados Unidos continuaran sus planes para apoderarse del territorio de México.

Así, el efímero Emperador y primer mandatario de ese recién fundado país (obtuvo su independencia de España en julio de 1821), Agustín de Iturbide, tuvo que enfrentar una nueva expedición de filibusteros estadounidenses que había incursionado en Tejas.

1822:
La Casa Blanca comenzó el proceso de reconocimiento de la independencia de diversos estados latinoamericanos. Sin embargo, mantuvo su “embargo” contra Haití y, consecuente con su llamada “teoría de la fruta madura” (según la cual las “fuerzas de gravedad política”, más tarde a temprano determinarían que Cuba cayera en manos estadounidenses), el entonces secretario de Estado, John Quincy Adams, impulsó un pacto con Inglaterra y Francia dirigido a evitar la independencia de esa isla y de Puerto Rico del dominio colonial ibérico.

Previamente, habían sido derrotados por las tropas españolas los intentos de los mercenarios Docoudray Holstein y Baptist Irvine –contratados por el gobierno de Estados Unidos— para establecer, bajo su control, una “República boricua” en Puerto Rico. Adicionalmente, fuerzas navales estadounidenses habían desembarcado en el noroeste de Cuba con el pretexto de destruir un grupo de piratas que habían recalado en esa isla.

1823:
Generalizando a toda América Latina los enunciados de la ya mencionada Acta de No Transferencia de 1811, el presidente James Monroe proclamó las ideas expansionistas que posteriormente serían denominadas como “Doctrina Monroe”: “América para los (norte)americanos”.

Según algunos de sus exegetas, la teoría y la práctica de ese anunciado, contenía las siguientes afirmaciones positivas: Estados Unidos no consienten que naciones europeas adquieran territorios en América; ni que realicen acto alguno del que se pueda derivar esa adquisición; tampoco consienten que una nación europea obligue a otra de América a cambiar su forma de gobierno, ni tolera que una colonia europea sea transferida por su Metrópoli a otra potencia europea.

Asimismo, propugnó las siguientes afirmaciones negativas: Estados Unidos no hacen materia de pacto (con ninguna potencia europea, ni con ningún gobierno latinoamericano) los principios que envuelven la Doctrina Monroe; sin embargo, acepta la legitimidad de las colonias europeas existentes en América Latina y el Caribe antes de ser proclamada. Tampoco se aplica a la lucha de una colonia contra su Metrópoli.

Adicionalmente, Estados Unidos no interviene en demostraciones puramente punitivas que hagan los gobiernos europeos contra naciones americanas, con tal de que esos actos no se deriven la ocupación de territorio; mucho menos, en caso de guerras entre naciones americanas. En tal caso, el gobierno norteamericano no se opondrá a que una nación europea sea árbitro en una cuestión entre naciones americanas.

Cualquiera que sean los juicios que merezca ese análisis, lo cierto fue que en las consultas que antecedieron al discurso al respecto pronunciado el 2 de diciembre de 1823 por el presidente Monroe, el ex presidente Thomas Jefferson reiteró: “Yo confieso, con toda sinceridad, que siempre consideré a Cuba como la adición más interesante que pudiera hacerse a nuestro sistema de Estados. El control que con la Florida nos daría esa isla sobre el Golfo de México y los países del istmo contiguo [Centroamérica], así como [sobre] las tierras cuyas aguas desembocan en el Golfo, asegurarán completamente nuestra seguridad continental”.

A su vez, el Secretario de Estado John Quincy Adams, señaló que, por su ubicación geográfica, Cuba y Puerto Rico constituían “apéndices naturales” de Estados Unidos.

Ir Arriba


3.- EL “DESTINO MANIFIESTO”

1824:
Consecuente con los criterios del Secretario de Estado John Quincy Adams, unidades de la marina de guerra estadounidense (desconociendo a las autoridades españolas, desembarcaron varias veces en Cuba y Puerto Rico con el pretexto de destruir las “bases de piratas” enclavadas en esos territorios, así como de “reparar [los] insultos [que estos habían] inferido a Oficiales y a la bandera estadounidenses”.

1825:
Siguiendo instrucciones del entonces presidente John Quincy Adams (1825-1829) y con el apoyo de las logias masónicas de Nueva York, el ahora representante de Estados Unidos en México, Joel Poinsett, organizó el llamado “partido americano” (también conocidos como “los yorquinos”) dirigido a agrupar a todos los mexicanos partidarios del Sistema Americano propugnado por el entonces Secretario de Estado Henry Clay.

Igualmente, mediante una operación conjunta, unidades navales estadounidenses y británicas desembarcaron en Sagua la Grande, Cuba, con el propósito de capturar navíos piratas.

Paralelamente, navíos militares estadounidenses interfirieron en la guerra que se desarrollaba entre el imperio de Brasil y el gobierno de Buenos Aires por el control de la llamada Banda Oriental del Río de la Plata (Uruguay). El objetivo de esa acción fue liberar a los buques mercantes estadounidenses que habían violado el bloqueo impuesto por Brasil a las costas del actual territorio de Argentina.

1826:
Barcos estadounidenses introdujeron armas de contrabando dirigidas a los realistas españoles que aún conspiraban contra la independencia de la Gran Colombia, integrada, a instancias del Libertador Simón Bolívar, por los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá.

Paralelamente, contra la voluntad de Bolívar y de manera tardía, el gobierno norteamericano decidió enviar una delegación al Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por el Libertador con el propósito de edificar una Confederación de Estados Latinoamericanos. El Secretario de Estado, Henry Clay, instruyó a los integrantes de esa delegación a que se opusieran a cualquier resolución que propugnara esa Confederación y, sobre todo, que respaldara los planes de los gobiernos de la Gran Colombia y de México de organizar –con el apoyo de los independentistas de esas islas— una expedición militar para liberar a Cuba y Puerto Rico del dominio colonial español. Igualmente, a cualquier acción dirigida a incorporar a Haití a la mencionada Confederación de Estados Latinoamericanos; asunto que, previamente, había sido rechazado por Bolívar. Sin embargo, uno sólo de los delegados estadounidenses llegó a Panamá (el otro murió en el camino) cuando el Congreso Anfictiónico ya había concluido.

Por otra parte, el aventurero estadounidense Hieden Edwards se apoderó ilegalmente de un pedazo del territorio de Tejas y proclamó la “República de Fredonia”. Esta fue derrotada por las autoridades mexicanas.

1827:
Joel Poinsett, con el respaldo de “los yorquinos”, aceleró sus acciones para controlar el gobierno mexicano. Ante la vacilante actitud del presidente Guadalupe Victoria (1822-1828), estalló una insurrección nacionalista encabezada por Manuel Montaño y Nicolás Bravo. Esta fue violentamente derrotada.

Paralelamente, los representantes estadounidenses en Lima estimularon de manera sibilina una conspiración dirigida a asesinar al Libertador Simón Bolívar.

1828:
La Casa Blanca respaldó las aspiraciones presidenciales del general “yorquista” Vicente Guerrero. No obstante, resultó electo su oponente, Manuel Gómez Pedraza. En respuesta –estimulado por Joel Poinsett— el general Antonio López de Santa Anna se sublevó en Veracruz. Ante su inminente derrota acudieron en su apoyo los generales Zavala, Lobato y Guerrero. Estos lograron la derrota del gobierno de Guadalupe Victoria, así como el asilo de Gómez Pedraza.

Lo anterior, dio inicio a un intenso período de inestabilidad política –la llamada “Era de Santa Anna” (1829-1855)— que facilitó los planes expansionistas de los Estados Unidos contra México.

1829:
El representante de los Estados Unidos en Bogotá, general William Henry Harrison, fue declarado persona no grata por el gobierno de la Gran Colombia a causa de sus vinculaciones con un complot dirigido a derrocar a las autoridades de ese país. Como fruto de ese complot, fue asesinado mientras se dirigía a controlar una insurrección separatista en Ecuador, el Lugarteniente de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, y, un año después, tal como deseaban los grupos expansionistas estadounidenses, se produjo la disgregación de la Gran Colombia.

Conocedor de esas tentativas, el Libertador Simón Bolívar expresó en su conocida carta de Guayaquil: “Los Estados Unidos (…) parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias en nombre de la Libertad”.

1831:
En respuesta a una resolución del presidente mexicano Anastasio de Bustamante (1830-1832) imponiendo nuevos impuestos a los productos que ingresaran al territorio de Tejas, los colonos estadounidenses –apoyados por tres goletas militares de su país— iniciaron una insurrección contra las autoridades aztecas.

Por otra parte, un buque de guerra estadounidense desalojó a las autoridades de las islas Malvinas como represalia por la captura de tres embarcaciones de su país que habían violado las disposiciones del gobierno de Buenos Aires. Ante las demandas inglesas, el Presidente estadounidense Andrew Jackson (1829-1837) y su Secretario de Estado, Louis McLane (1833-1834), le otorgaron garantías al Imperio británico de que Estados Unidos reconocería los presuntos “derechos soberanos de su S. M. Británica” sobre esas islas pertenecientes al actual territorio argentino.

1832:
Al frente de una misión secreta del Presidente norteamericano Andrew Jackson, ingresó en Tejas el ex gobernador de Tennesse, Samuel Houston.

Con ese apoyo, los colonos estadounidenses, encabezados por Stephen Austin, se sumaron a la sublevación del general Antonio López de Santa Anna contra el presidente Anastasio de Bustamante. Tal sublevación fue respaldada por las autoridades de Yucatán, quienes recibieron apoyo militar de los sublevados en Tejas para interceptar las fuerzas leales al gobierno mexicano.

Previamente, había fracasado una conspiración dirigida a anexar Jamaica a los Estados Unidos como respuesta a la decisión del Imperio británico de abolir la esclavitud en todas sus posiciones coloniales en el Mar Caribe.

Igualmente, el gobierno de Nueva Granada (Colombia y Panamá) había derrotado una sublevación que proyectaba la fundación en territorio panameño de una República Anseática, bajo protectorado estadounidense.

1833:
Empleando el subterfugio de “proteger los intereses de los Estados Unidos y de otras naciones” durante la guerra civil entre “unionistas” y “federalistas”, efectivos de la Infantería de Marina (marines) norteamericana desembarcaron en Buenos Aires.

Paralelamente, gracias a la ya mencionada ayuda oficial estadounidense, la Armada británica se apoderó ilegalmente de las islas Malvinas y las rebautizó con el nombre de Islas Falkland.

1835:
En medio de la guerra civil que, cuatro años más tarde, condujo a la desintegración de la Confederación Peruano-Boliviana y con el pretexto de “proteger los intereses estadounidenses”, la Infantería de Marina ocupó zonas de Lima y del puerto El Callao. De manera intermitente tales actos se prolongaron hasta fines de 1936.

1836:
Con el sibilino apoyo de la Casa Blanca, de las tropas estadounidenses encabezadas por el general Gaines, así como de voluntarios reclutados en Nueva York, Pennsylvania y Nueva Orleáns, las espurias autoridades de Tejas proclamaron su independencia de México y solicitaron su anexión a Estados Unidos. Paralelamente, el Imperio británico –desoyendo los enunciados de la Doctrina Monroe— reclamó la formación de una colonia propia en las márgenes del río Belice. Tal territorio luego recibió el nombre de Honduras británica.

1837:
A pesar de la acérrima oposición del gobierno mexicano, el Senado de Estados Unidos reconoció la independencia de Tejas y votó los fondos necesarios para acreditar una “representación diplomática” ante ese “país”; acto que fue inmediatamente ejecutado por el presidente Martin Van Buren (1837-1841).

1839:
Con el silencio cómplice del gobierno de Estados Unidos y a pesar de las antes referidas afirmaciones de la Doctrina Monroe, el Imperio británico ocupó las islas Roatán, ubicadas frente a las costas hondureñas, entonces pertenecientes a las Provincias Unidas de Centroamérica (integrada, entre 1823 y 1840, por los actuales territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), presididas por el Prócer de la Unidad Centroamericana, Francisco Morazán.

1841:
Nuevamente con el silencio cómplice de Estados Unidos, el Imperio británico ocupó el Puerto de San Juan ubicado en la desembocadura del río del propio nombre, bajo la soberanía de la recién fundada República de Nicaragua.

1842:
Un escuadrón de la Marina de guerra estadounidense al mando del comodoro T.A.C. Jones ocupó temporalmente la ciudad mexicana de Monterrey, California. También otro destacamento militar ocupó la ciudad de San Diego. Ambos se retiraron al conocer que su país aún no le había declarado “la guerra a México”.

1844:
Mientras aún se discutía en el Senado estadounidense la anexión de Tejas, el presidente John Tyler (1841-1845) envió tropas norteamericanas a ese territorio con vistas a “protegerlo” de las autoridades mexicanas.

1845:
Sobre la base de los enunciados del “Destino Manifiesto” –sistematizados por primera vez por el publicista estadounidense John L. Sullivan y según el cual la expansión estadounidense hacia el Sur de sus fronteras, no sólo era algo inevitable, sino que respondía a “un mandato divino”— el presidente James Polk (1845-1849), con el respaldo del Congreso, se anexó el territorio de Tejas.

A su vez, siguiendo sus viejas prácticas, la Casa Blanca estimuló a los colonos estadounidenses de California para que organizaran una sublevación contra las autoridades mexicanas.

1846:
Tropas estadounidenses al mando del general Taylor, provocaron de manera premeditada un combate con las fuerzas armadas mexicanas dislocadas en el Río Bravo; acción que fue utilizada como pretexto por el presidente Polk, con el respaldo del Congreso, para iniciar una cruenta y desigual “guerra de rapiña” contra su vecino del Sur.

Paralelamente, Estados Unidos firmó con el gobierno de Nueva Granada un tratado mediante el cual este país, se comprometía a garantizar la libre circulación de ciudadanos y mercancías norteamericanas a través del istmo de Panamá. A cambio, el gobierno de Estados Unidos le prometió a su contraparte respetar la soberanía colombiana sobre ese estratégico territorio latinoamericano.

1848:
La cruenta victoria militar estadounidense contra México, obligó al gobierno de ese país –entonces presidido por José Joaquín Herrera (1848)—, a firmar el ominoso tratado Guadalupe-Hidalgo, en virtud del cual esa nación fue despojada de 2,263,866 Km², más de la mitad de su territorio original.

Paralelamente, la Casa Blanca estimuló las acciones de los sectores que querían separar al estado de Yucatán (estremecido por una potente sublevación indígena) de México y anexarlo a Estados Unidos. Ante la imposibilidad de lograr ese propósito y frente a las demandas de protección que habían presentado las temerosas autoridades yucatecas a Inglaterra y Francia, el presidente Polk proclamó un nuevo “corolario de la Doctrina Monroe”: Los Estados Unidos no admitirían (aunque así lo deseasen las autoridades de Yucatán) la transferencia de ese estratégico territorio a ninguna potencia europea.

1849:
En el contexto de los acuerdos de 1848 con Inglaterra y España (por medio de los cuales Estados Unidos le “compró” a esta última potencia el territorio de Oregón y estableció sus actuales fronteras con Canadá), y en medio de la necesidad de lograr un equilibrio político entre los sectores antiesclavistas del Norte y esclavistas del Sur de Estados Unidos, el presidente Zachary Taylor (1849-1850) publicó una proclama en la que calificó como “criminales en alto grado” a todos los que apoyaran las luchas por la independencia de Cuba frente al colonialismo español, incluidos aquellos que querían anexar esa isla a Estados Unidos.

1850:
Sin consultar a los gobiernos centroamericanos, las autoridades del Imperio británico y de Estados Unidos firmaron el Tratado Clayton-Bulwer por medio del cual el gobierno de este último país reconoció “las posesiones británicas” en Centroamérica. Además, ambas potencias se abrogaron el derecho a construir de común acuerdo y bajo protección militar conjunta, un canal que uniera las aguas del Océano Atlántico y Pacífico a través de algún punto del istmo centroamericano o del Istmo de Tehauntepec, ubicado en el Sur de México.

1851:
El nuevo presidente de los Estados Unidos Millard Fillmore (1850-1853), reiteró la proclama de su antecesor contra los que pretendían liberar a Cuba del dominio español. Sin embargo, no pudo impedir que una expedición militar capitaneada por el general anexionista de origen venezolano, Narcizo López, y por el coronel estadounidense William Crittenden, desembarcara en el occidente de esa isla. Por consiguiente, la Casa Blanca admitió sin chistar que las autoridades españolas “ajusticiaran” a los 51 sobrevivientes de esa expedición, mayoritariamente integrada por ciudadanos norteamericanos.

1852:
La Infantería de Marina de Estados Unidos desembarcó dos veces en Buenos Aires para respaldar las promesas que, desconociendo a las autoridades de ese puerto, les había realizado el general “federalista” insurrecto Justo José de Urquiza, de abrir el sistema fluvial del Río de la Plata (integrado por los ríos Paraná y Uruguay) a la libre navegación de los buques ingleses, franceses y estadounidenses. Esas acciones intervencionistas de Estados Unidos se prolongaron hasta abril de 1853.

1853:
Siguiendo los enunciados del “Destino Manifiesto”, el filibustero estadounidense William Walker trató de apoderarse de nuevos territorios de México, pero fue derrotado. No obstante, la Casa Blanca le impuso al débil gobierno azteca de Juan Bautista Cevallos (1853), la venta de otras zonas del país. Mediante esa operación (denominada la “compra de Gadsen”) se establecieron “oficialmente” las actuales fronteras entre México y su poderoso vecino del Norte.

En correspondencia con esos actos, el presidente estadounidense Franklin Pierce (1853-1857) proclamó que las conquistas y la expansión eran compatibles con las instituciones de Estados Unidos e indicó que la adquisición de ciertas posesiones en el Hemisferio Occidental que “aún no estaban bajo la bandera norteamericana, era sumamente importante para la seguridad nacional y quizá esencial (...) para la preservación del comercio y la paz del mundo”.

A la par, fuerzas militares estadounidenses desembarcaron en Nicaragua con la argucia de “proteger la vida y los intereses de ciudadanos estadounidenses durante los disturbios políticos” que afectaban ese país.

1854:
Buques de la Marina de guerra estadounidense cañonearon el puerto de San Juan del Norte, Nicaragua, como represalia por las supuestas ofensas infringidas al Ministro [embajador] estadounidense. Al mismo tiempo, la compañía The Accesory Transit Company, perteneciente al acaudalado empresario estadounidense Cornelius Vanderbilt, apoyó “una revolución” contra el presidente nicaragüense Fruto Chamorro (1853-1855) e instaló un gobierno títere, encabezado por Francisco Castellón; pero éste no pudo consolidarse. Para tratar de lograrlo, Vanderbilt, con el silencio cómplice de la Casa Blanca, comenzó a contratar mercenarios (filibusteros) en territorio estadounidense.

1855:
Un buque de la Marina de guerra estadounidense atacó a Paraguay para obligar al gobierno nacionalista y popular de Carlos Antonio López (1844-1862) a abrir los ríos Paraná y Paraguay a la “libre navegación” de embarcaciones y mercancías norteamericanas; pero tuvo que retirarse ante la enérgica respuesta de las autoridades de ese país suramericano.

Paralelamente, la Infantería de Marina de Estados Unidos desembarcó en Montevideo, Uruguay, para “proteger los intereses estadounidenses durante” los conflictos civiles que enfrentaban a los partidos Blanco y Colorado.

Mientras, el filibustero William Walker, contratado por Vanderbilt, invadía Nicaragua al frente de la llamada “Falange de los Inmortales” y los coroneles del Ejército de los Estados Unidos Kinney y Fabens, –con el apoyo de unidades de la Marina de guerra—, ocupaban el puerto San Juan del Norte en ese mismo país.

1856:
Con la anuencia de la Casa Blanca, el filibustero William Walker se proclamó “Presidente de Nicaragua” y restableció la esclavitud en ese país.

En ese contexto y mediante el Tratado Dallas-Claredon, realizado a espaldas de los gobiernos de la región, el Presidente Franklin Pierce protocolizó la aceptación de Estados Unidos de que el Imperio británico se apoderara del territorio de la posteriormente llamada Honduras Británica (Belice), entonces bajo soberanía de la República de Guatemala.

Paralelamente, se produjo una trifulca en una de las estaciones de ferrocarril de Panamá en las que resultaron heridas y muertas varias personas, entre ellos algunas estadounidenses que transitaban por esa vía interoceánica. En respuesta, y desconociendo los términos del tratado de 1846, dos buques de guerra norteamericanos ocuparon el istmo de Panamá y le impusieron al gobierno de la República de Nueva Granada –entonces presidido por Manuel María Mallarino (1855-1857)— una jugosa indemnización. Esta incluyó la cesión a Estados Unidos del ferrocarril Panamá-Colón y de las islas de la Bahía de Panamá.

1857:
Pese a la derrota de los filibusteros comandados por William Walker y de su retirada a bordo de una goleta de guerra estadounidense -por parte de fuerzas militares centroamericanas comandadas por el entonces presidente costarricense Juan Rafael Mora-, el gobierno de James Buchanan (1857-1861) le impuso al entonces presidente nicaragüense Tomás Martínez (1857-1867) el tratado Cass-Irrisarri por medio del cual Estados Unidos aseguró su “derecho de tránsito, sin costo alguno, por cualquier parte del territorio nicaragüense”. Semanas después, ya sin el apoyo de Valderbilt, William Walker desembarcó nuevamente en ese país. En esta ocasión, unidades de la Infantería de Marina desembarcaron en Nicaragua y buques de guerra ingleses y estadounidenses –estos últimos sin autorización de la Casa Blanca— lo obligaron a regresar a Estados Unidos.

Paralelamente, unidades de la Marina de Guerra estadounidense realizaron una demostración de fuerzas frente a las costas haitianas con vistas a favorecer los “negocios” de ciudadanos norteamericanos.

1858:
Nuevamente, dos buques de guerra estadounidenses desembarcaron sus fuerzas en Montevideo “para proteger las propiedades estadounidenses” durante los conflictos entre los partidos Blanco y Colorado que continuaban afectando la vida política uruguaya.

1859:
El presidente estadounidense, James Buchanan, con el apoyo del Congreso, despachó veinte unidades navales y 2,500 hombres para forzar al gobierno nacionalista paraguayo a aceptar un Tratado de libre navegación por los ríos Paraná y Paraguay. Ante esa presión y atendiendo a “la mediación” del primer mandatario de la Confederación Argentina (1853-1862), Justo José de Urquiza (1854-1860), el Presidente paraguayo Carlos Antonio López se vio obligado a firmar un Tratado de amistad, comercio y navegación con Estados Unidos.

Mientras, soldados estadounidenses incursionaban en el territorio mexicano con el propósito de “perseguir a los bandidos” que operaban en la frontera entre ambos países.

1860:
El filibustero William Walker desembarcó en Honduras, donde fue derrotado y capturado por un buque de guerra británico que lo entregó a las autoridades hondureñas. Estas lo horcaron como represalia por sus constantes acciones contra las naciones Centroamericanas.

Paralelamente, fuerzas navales estadounidenses desembarcaron en Panamá con la argucia de “proteger los intereses” de su país durante la guerra civil que se provocó en la República de Nueva Granada luego de la insurrección del general y ex presidente Tomás Cipriano Mosquera, contra el presidente constitucional Mariano Ospina Rodríguez (1857-1861).

1861:
Ocupó la Casa Blanca el candidato del entonces renaciente Partido Republicano (fundado en 1954), Abraham Lincoln, representante de los intereses antiesclavistas del Norte de Estados Unidos. En consecuencia, los Estados esclavistas del Sur (agrupados en la Confederación) iniciaron la Guerra de Secesión.

En ese contexto y con la anuencia del secretario de Estado William H. Seward (1861-1869), una poderosa escuadra española, inglesa y francesa bloqueó el Puerto de Veracruz, México, para exigirle al gobierno de Benito Juárez (1858-1872) el pago de sus deudas. Acto seguido, con la “neutralidad estadounidense”, el nuevo Emperador francés Napoleón III (1852-1870) inició la ocupación militar del territorio mexicano.

1864:
Al igual que había ocurrido durante la lucha por la independencia de Haití y de América Latina, y demostrando el carácter farisaico de su “neutralidad”, el gobierno de los Estados Unidos se negó a vender armamentos a las fuerzas patrióticas mexicanas que –encabezadas por Benito Juárez— luchaban contra la monarquía del títere de Napoleón III, Maximiliano I de Habsburgo. Al par el Ejército y la flota francesa fueron autorizados a abastecerse en territorio estadounidense y la escuadra de ese país protegió el paso por Panamá de las tropas francesas dirigidas a controlar los puertos mexicanos ubicados en el Océano Pacífico.

Ir Arriba


4.- PROLEGÓMENOS DEL “JOVEN IMPERIALISMO” NORTEAMERICANO

1865:
Con la victoria de las fuerzas militares de los Estados industrializados del Norte, el 9 de abril culminó la Guerra de Secesión de los Estados Unidos.

El 14 de abril fue asesinado Abraham Lincoln, sustituyéndolo su vicepresidente, el demócrata “moderado” Andrew Johnson (1865-1869), quien ratificó como Secretario de Estado a William H. Seward. Éste autorizó un nuevo desembarco de la Infantería de Marina en Panamá, con el pretexto de “proteger las propiedades y vidas de ciudadanos estadounidenses” residentes en ese territorio durante los conflictos entre liberales y conservadores que estremecían la vida política de los denominados (desde 1863) Estados Unidos de Colombia.

1866:
Con el supuesto propósito de presionar la retirada de los franceses de México, tropas estadounidenses penetraron en ese país y se apoderaron de la región de El Chamizal.

A su vez, el Secretario de Estado William H. Seward comenzó a conspirar con el ex presidente mexicano Antonio López de Santa Anna (exiliado en las llamadas “Antillas danesas”), con vistas a desplazar del gobierno de México al ya denominado Benemérito de las Américas, Benito Juárez.

Por otra parte, y con la colaboración de las unidades navales estadounidenses e inglesas surtas en esas aguas, una escuadra española bombardeaba los puertos de Valparaíso en Chile, y Callao en Perú.

1867:
El gobierno estadounidense intentó apoderarse por la fuerza de la Isla del Tigre, perteneciente a Honduras; pero fue rechazado por la Cancillería y las fuerzas militares británicas.

Paralelamente, la Infantería de Marina ocupó la capital nicaragüense y la ciudad de León con el socorrido pretexto de “proteger los intereses estadounidenses” durante uno de los tantos conflictos políticos entre liberales y conservadores que afectaron la vida política nicaragüense. .

1868:
Con el pretexto de “proteger los residentes extranjeros y las aduanas” durante las revueltas contra la segunda dictadura “colorada” del general Venancio Flores (1865-1868), la Infantería de Marina estadounidense desembarcó nuevamente en Montevideo, Uruguay.

A la par, y con el propósito de fortalecer sus intereses en “el corazón de América del Sur”, la Casa Blanca propuso una “mediación” en la Guerra de la Triple Alianza (Argentina-Brasil-Uruguay) contra Paraguay (1865-1870); pero esta fue rechazada por todas las partes y especialmente por los intereses del Imperio británico que se movían detrás de ese sanguinario conflicto fratricida.

Paralelamente, las fuerzas militares estadounidenses ocuparon nuevamente el territorio de Panamá con el argumento de “proteger a los pasajeros y mercancías” que transitaban por el ferrocarril de la región durante el vacío de poder que se generó durante el gobierno del presidente colombiano Santos Gutiérrez (1868-1870).

Adicionalmente, y para disgusto de la Casa Blanca, se inició casi de manera simultánea –septiembre y octubre de 1868, respectivamente— la lucha por la independencia de Puerto Rico y Cuba frente al dominio español.

1869:
De manera unilateral, el presidente estadounidense general Ulyses Grant (1869–1877), impulsó una “gestión mediadora” entre España y el recién constituido gobierno de la República de Cuba en Armas, según la cual –a cambio del pago de varios millones de dólares— España reconocería la independencia de la isla y en esta se instauraría un “gobierno cubano” que –con sus ingresos aduanales—, sufragaría “la deuda de su independencia”. A su vez, Puerto Rico se transformaría en un protectorado de Estados Unidos.

Aunque fracasaron esas gestiones, la Casa Blanca no reconoció la beligerancia de los patriotas cubanos; por el contrario, en los años sucesivos adoptó una “posición neutral” absolutamente favorable a la sanguinaria política contrainsurgente desplegada por la reaccionaria monarquía ibérica, con vistas a derrotar a las fuerzas patrióticas cubanas.

1870:
El cruento dictador dominicano Buenaventura Báez (1868-1873) inició “gestiones comerciales” dirigidas a anexar su país a Estados Unidos. Según algunos historiadores, con esas negociaciones el presidente Ulyses Grant pretendía iniciar acciones dirigidas a apoderarse de toda la isla La Española. En ese contexto, y con el apoyo de varios buques de guerra estadounidenses, fue derrotada una expedición militar contra el gobierno de Buenaventura Báez capitaneada por el general Gregorio Luperón, uno de los líderes de la Guerra de Restauración de la independencia de República Dominicana frente a la dominación española (1863-1865) y propulsor, entre otros, de una Confederación Antillana que tuviera por núcleo la reunificación de Haití y la República Dominicana, así como la independencia de Cuba y Puerto Rico.

Paralelamente, y con el silencio cómplice de la Casa Blanca, el territorio paraguayo fue desmembrado entre Brasil y Argentina, lo que posibilitó que Estados Unidos –con la anuencia británica—, adquiriera los “derechos” de libre navegación en los ríos Paraná y Paraguay, que venían procurando desde años atrás.

1871:
Luego de tortuosas gestiones “diplomáticas”, el Senado norteamericano rechazó el acuerdo de anexión a Estados Unidos firmado entre Buenaventura Báez y Ulyses Grant. A pesar de eso y con el apoyo de la Casa Blanca, se fundó la Samaná Bay Company, destinada a garantizar –a cambio de 150 mil dólares anuales—, el control estadounidense sobre esa estratégica bahía dominicana.

A la par, la Marina de guerra estadounidense continuó realizando demostraciones de fuerza contra el gobierno de Haití, con el propósito de favorecer a los comerciantes estadounidenses y de obtener facilidades militares en la estratégica Bahía de Molé de Saint-Nicholas.

1872:
En el contexto de sus constantes conflictos bélicos con Francia, barcos de guerra alemanes obligaron al gobierno haitiano a pagar fuertes reclamaciones financieras a los hombres de negocios alemanes. Ante esa situación, y aduciendo la Doctrina Monroe, el gobierno haitiano solicitó apoyo al gobierno de Ulyses Grant; pero este rehusó.

1873:
La Infantería de Marina estadounidense desembarcó dos veces en Panamá con el recurrente pretexto de “proteger los intereses americanos” durante las hostilidades que se desarrollaron entre grupos locales interesados en el control del gobierno de ese territorio, perteneciente a Estados Unidos de Colombia.

Por otra parte, y pese a las reiteradas protestas del gobierno azteca, tropas estadounidenses con autorización de la Casa Blanca, cruzaron repetidamente su frontera con México, con la socorrida argucia de perseguir a los “bandidos y ladrones” que operaban en las inmediaciones de la misma. En este año, el caso más sonado ocurrió en la zona de Remolino.

1876:
Tropas estadounidenses ocuparon temporalmente la ciudad de Matamoros, bajo jurisdicción mexicana, aduciendo “el vacío de poder” que se había creado a causa de la sublevación del general y posterior dictador Porfirio Díaz contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876); quien había ocupado la Presidencia de ese país luego de la muerte, el 18 de julio de 1872, del Benemérito de América, Benito Juárez.

1880:
En una descarada oposición a las primeras gestiones de una compañía francesa para construir el Canal de Panamá y desconociendo la soberanía del gobierno de los Estados Unidos de Colombia sobre ese territorio, el presidente estadounidense Rotherford B. Hayes (1877-1871) proclamó el llamado “corolario Hayes a la Doctrina Monroe”. Según esa inferencia, Estados Unidos no podía consentir el dominio del susodicho canal por “ningún Estado europeo o ninguna combinación de potencias europeas”; ya que esa vía interoceánica presuntamente era “parte de la línea costera de Estados Unidos”.

Paralelamente, la Casa Blanca amenazó con declararle la guerra a México con el pretexto de la incapacidad del primer gobierno del general Porfirio Díaz (1877-1880) para evitar que “diversos grupos de bandidos” cruzaran la frontera entre ambos países. Con ese artificio, en los años sucesivos, tropas estadounidenses incursionaron en el territorio mexicano en más de veinte ocasiones.

1881:
El fugaz gobierno del republicano James Garfield (1881) fracasó en su intento de “mediar” en la Segunda Guerra del Pacífico que, desde 1879, venía enfrentando a Chile (apoyado por el Imperio británico) con Perú y Bolivia. Detrás de esa gestión se encontraba un tenebroso plan del corrupto Secretario de Estado, James Blaine (1881), y de ciertos sectores de la oligarquía peruana de establecer un protectorado estadounidense sobre Perú, como medio de “hacer prevalecer la Doctrina Monroe en toda Sudamérica” y de apoderarse de los ricos yacimientos de guano y salitre ubicados en la zona en disputa.

Con fines parecidos, Blaine intentó chantajear al gobierno de Ecuador –entonces presidido por Ignacio de Veintimilla (1876-1884)— para que le vendiera a los Estados Unidos todas o algunas de las islas Galápagos, ubicadas en el Océano Pacífico, y emprendió las primeras gestiones dirigidas a convocar la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos. Estas fueron canceladas por el presidente estadounidense Chester Allan Arthur (1881-1885), quien destituyó a Blaine previo a un juicio político en su contra seguido por el Senado a causa de sus negocios turbios con diversas empresas salitreras con intereses en Perú.

1882:
Luego de diversos incidentes en la frontera, y aduciendo el constante tránsito de “ladrones y bandidos” entre uno y otro lado, el gobierno de Estados Unidos le impuso al presidente azteca Manuel González (1880-1884), un Tratado que autorizaba a las fuerzas militares estadounidenses a incursionar en el territorio mexicano.

1885:
En medio de la guerra civil entre liberales y conservadores, que nuevamente afectaban a los Estados Unidos de Colombia, tropas estadounidenses ocuparon durante tres meses las ciudades de Colón y Panamá con el pretexto de “garantizar el libre tránsito de personas y mercancías a través del ferrocarril del istmo”.

Igualmente, el presidente Grover Cleveland (primer demócrata que llegó electoralmente a la Casa Blanca luego del fin de la Guerra de Secesión) se opuso activamente a los intentos del general y presidente “liberal” guatemalteco Justo Rufino Barrios (1873-1885) de restablecer la unidad centroamericana.

1888:
Unidades de la Marina de guerra estadounidenses bloquearon las costas de Haití con vistas “a persuadir” al gobierno de ese país de que liberara una nave estadounidense que había violado las leyes haitianas. Según algunos historiadores, entre 1857 y 1900, Estados Unidos emprendió diecinueve acciones intervencionistas contra sucesivos gobiernos de Haití con el propósito de favorecer los intereses de ciudadanos estadounidenses (muchos de ellos de origen libanés o sirio-palestino) radicados en esa isla del Caribe.

1890:
Siguiendo las infructuosas gestiones que habían realizado el fugaz dúo Garfield-Blaine, se celebró en Washington la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos, en la que el Presidente republicano Benjamin Harrison (1889-1893) y sobre todo, su ambicioso y corrupto Secretario de Estado, James Blaine (1889-1892), intentaron imponerle a los gobiernos latinoamericanos una Unión Aduanera y un plan para el arbitraje obligatorio –tutelado por los Estados Unidos— de todas las disputas territoriales que se presentaran entre los Estados del continente.

Aunque la Casa Blanca fracasó en ambos empeños, logró la fundación de la Unión Internacional de Estados Americanos (posteriormente denominada Unión Panamericana), cuya Secretaría Ejecutiva (bajo el nombre de Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas), quedó ubicada en Washington bajo la tutela del Departamento de Estado. Valorando ese cónclave, el Apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, indicó: “Jamás hubo en América, de la independencia acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder… (…) De la tiranía de España supo salvarse la América española; y ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia”.

Denotando la certeza de ese aldabonazo martiano y el carácter oportunista de los “acuerdos panamericanos”, y en medio de los agudos conflictos internos que se desarrollaban en Argentina, la Infantería de Marina estadounidense desembarcó otra vez en Buenos Aires con el pretexto de proteger “el consulado y la Embajada estadounidense” durante “la revolución” –encabezada por Leandro Alem, fundador de la Unión Cívica de la Juventud— que derrocó al presidente liberal Miguel Juárez Celman (1886-1890).

1891:
Como un espurio resultado de la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos, se efectuó en Washington la Conferencia Monetaria Internacional Americana, en la que el gobierno de Estados Unidos intentó imponerle a sus homólogos latinoamericanos la adopción de la equivalencia del oro y la plata. Comoquiera que –según demostró José Martí— lo anterior afectaba a las naciones del Sur del continente, nuevamente fueron derrotadas las pretensiones de la Casa Blanca.

Poco después, con el pretexto de “proteger la vida y las propiedades de ciudadanos americanos en la Isla Navassa”, barcos de la Marina de Guerra estadounidense bloquearon nuevamente las costas haitianas con el propósito de lograr que el gobierno de ese país le permitiera instalar una base naval en la estratégica bahía Molé de Saint-Nicholas.

Asimismo, el dúo Harrison-Blaine amenazó con declararle la guerra a Chile si el gobierno de ese país no le ofrecía una adecuada compensación por la muerte, en una riña callejera, de dos infantes de marina del buque Baltimore. Previamente, la Infantería de Marina estadounidense había desembarcado en el puerto de Valparaíso para “proteger el consulado estadounidense y a las mujeres y los niños” que se habían refugiado en esa instalación durante la mal llamada “Revolución de 1891” en la que –con el respaldo del Imperio británico—, fue violentamente derrocado el presidente constitucional, reformista y nacionalista chileno José Manuel Balmaceda (1886-1891).

1893:
Con el apoyo del segundo gobierno del demócrata Grover Cleveland (1893-1897) la funesta Santo Domingo Improvement Company of New York, estrechamente vinculada al “trust del dinero” afincado en Wall Street, inició su “intervención financiera” en República Dominicana. Previamente, luego de algunos escarceos, el Senado estadounidense había ratificado un asimétrico acuerdo de “reciprocidad comercial” firmado por la Casa Blanca con la sanguinaria dictadura del General dominicano Ulises “Lilí” Heureaux (1882-1889).

1894:
Como parte de su reiterada injerencia en los conflictos internos entre los sectores promonárquicos y prorepublicanos que se produjeron en Brasil después de la institucionalización de la llamada Velha República (1891), la Infantería de Marina estadounidense desembarcó en Río de Janeiro con el pretexto de impedir la llegada de armas provenientes de Alemania y de “proteger el comercio y las naves americanas” surtas en ese puerto.

Paralelamente, tropas estadounidenses ocuparon el puerto de Bluefield, Nicaragua, con el socorrido pretexto de “defender los intereses americanos” durante una insurrección del Partido Conservador contra el prestigioso presidente liberal José Santos Zelaya (1893-1909).

1895:
La Casa Blanca ordenó la incautación de las armas y municiones adquiridas por el Partido Revolucionario Cubano (fundado por José Martí y Máximo Gómez en 1891) para el desarrollo del Plan de la Fernandina, dirigido a lograr la independencia de Cuba y promover la de Puerto Rico frente al vetusto coloniaje español. Como lo anterior no pudo impedir que el 24 de febrero se reiniciara la lucha independentista del pueblo cubano, las autoridades estadounidenses reiteraron su “política de neutralidad”, absolutamente favorable a España.

Posteriormente, el Secretario de Estado norteamericano, Richard Olney (1895-1897), aduciendo la Doctrina Monroe, exigió someter a un arbitraje internacional los conflictos que, desde 1844, venían presentándose entre Gran Bretaña y Venezuela, alrededor de los límites entre este último país y la llamada “Guayana británica”. Como resultado de ese “arbitraje”, Estados Unidos garantizó su control sobre la desembocadura del río Orinoco y el Reino Unido recibió de manera inmerecida 45 000 millas cuadradas de territorio venezolano.

Mientras, las fuerzas armadas norteamericanas desembarcaron nuevamente en Panamá; ahora con el argumento de “defender los intereses americanos durante un ataque de bandidos a la ciudad [panameña] de Bocas del Toro”.

1896:
La Casa Blanca conspiró exitosamente contra los esfuerzos del primer gobierno del prestigioso líder liberal ecuatoriano Eloy Alfaro (1895-1901) para organizar una expedición en apoyo a las luchas por la independencia de Cuba, así como de efectuar –en conjunto con el Presidente de México, Porfirio Díaz (1884-1911)— un Congreso Latinoamericano dirigido, entre otras cosas, a elaborar un Derecho Latinoamericano alternativo a la Doctrina Monroe.

A la par, la Marina de guerra estadounidense ocupó la ciudad de Corinto con el pretexto de proteger “los intereses americanos” durante los disturbios políticos que continuaban afectando a Nicaragua.

1897:
A espaldas del Consejo de Gobierno y del victorioso Ejército Libertador cubano, el presidente republicano William McKinley (1897-1901) comenzó a preparar las condiciones políticas y militares con vistas a declararle la guerra a España y proceder a la anexión de los archipiélagos de Filipinas, Cuba y Puerto Rico. En ese contexto, el Subsecretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, J. C. Breckenridge, instruyó al General en Jefe del Ejército norteamericano, N. A. Miles, la política que debía seguir para obtener esos últimos propósitos.

Según esas instrucciones, en el caso de Puerto Rico debía “emplear medios relativamente suaves” para apoderarse de esa isla; pero en lo atinente a Cuba se le incitaba al sistemático exterminio de la población civil cubana y, en especial, de las fuerzas del Ejército Libertador, al cual debían encomendársele “todas las empresas peligrosas y desesperadas”. Consecuente con esa estrategia genocida, el gobierno estadounidense mantuvo un férreo bloqueo de medicinas y alimentos que, en lo fundamental, más que a las autoridades coloniales españolas, afectaba al pueblo cubano.

1898:
La Infantería de Marina desembarcó en Nicaragua con el socorrido argumento de “proteger la vida y los intereses americanos en [el Departamento] de San Juan del Sur”.

Días después, y antecedida por la explosión del buque estadounidense Maine en el Puerto de La Habana, por un cruento bloqueo de alimentos y medicinas, así como por el cañoneo deliberado de las costas cubanas con el propósito de diezmar a la población civil de la isla, y amparados en el cínico pretexto de “colaborar con la lucha por la independencia del pueblo cubano”, el gobierno de los Estados Unidos le declaró unilateralmente la guerra a España. A pesar del decisivo apoyo que le habían prestado en esa contienda, las fuerzas armadas estadounidenses impidieron la entrada del Lugarteniente del Ejército Libertador cubano, general Calixto García, a Santiago de Cuba.

Paralelamente, el presidente McKinley traicionó los acuerdos que había adoptado con el destacado general independentista filipino, Emilio Aguinaldo y en consecuencia, los gobiernos de los Estados Unidos y España suscribieron el Tratado de Paz de París, en el que la monarquía ibérica reconoció su derrota.

1899:
Pese a las multiformes resistencias de las fuerzas patrióticas, las fuerzas armadas estadounidenses ocuparon totalmente las 7 100 islas Filipinas y Guam (todas en el Océano Pacífico), al igual que los archipiélagos de Puerto Rico y Cuba. En los tres primeros casos, como “botín de guerra” o “compensación” por los gastos incurridos en esa “barata contienda” y, en el último, con el pretexto de crear los mecanismos que supuestamente permitieran consagrar la soberanía y la independencia de la mayor de las Antillas. Todo ello, junto a la anexión de Hawai (1898), a la formalización de su “protectorado compartido” con Alemania sobre las islas Samoa y al constante incremento de su poderío económico y militar, transformó a Estados Unidos en “una auténtica potencia (imperialista) mundial”.

En consecuencia, la Infantería de Marina estadounidense desembarcó nuevamente en los puertos de Bluefield y San Juan del Norte, Nicaragua, con el propósito de imponerle al prestigioso presidente liberal José Santos Zelaya (1893-1909), un nuevo Tratado dirigido a garantizar los presuntos “derechos estadounidenses” en la eventual construcción de un canal interoceánico a través del territorio de Nicaragua.

1900:
Con el respaldo del Congreso, la Casa Blanca promulgó la Ley Foraker, gracias a la cual convirtió a Puerto Rico en una colonia de los Estados Unidos.

Ir Arriba


5.- LA DIPLOMACIA DEL DÓLAR Y LAS CAÑONERAS

1901:
Luego de desarmar al Ejército Libertador cubano y bajo el chantaje de mantener la ocupación militar de la isla, el presidente William McKinley impuso como un apéndice a la Constitución de la naciente República de Cuba, la llamada Enmienda Platt. Esta consagró un virtual protectorado estadounidense sobre el archipiélago cubano.

Previamente, y sin el consentimiento de los gobiernos latinoamericanos implicados, los Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron el tratado Hay-Pauncefot, por medio del cual la primera de esas potencias obtuvo el derecho exclusivo a construir, bajo su total control militar, un canal interoceánico a través del territorio de Nicaragua o de los istmos de Panamá o Tehauntepec, México. Aunque no desaparecieron sus contradicciones, mediante ese tratado los imperialismos anglosajones refrendaron una virtual distribución de sus “esferas de influencia” en el Hemisferio Occidental: Estados Unidos respetaría las posiciones coloniales británicas en el Mar Caribe y sus intereses económicos en los países situados al Sur del Río Amazonas; mientras que el ya decadente Imperio británico aceptó que México, Centroamérica, las Antillas Mayores y el Norte de América del Sur eran un “espacio vital” de Estados Unidos.

En consecuencia, durante los últimos momentos de la Guerra de Cien Días (1898-1901), fuerzas militares estadounidenses desembarcaron en Panamá con el pretexto de proteger las “propiedades norteamericanas” y mantener abierto el “tránsito” a través del ferrocarril Colón-Panamá.

1902:
Mediante el Tratado de Wisconsin (en referencia al buque de guerra estadounidense donde se firmó), el Presidente estadounidense Teodoro Roosevelt (1901-1909) –cuya política exterior se identificó con el llamado “big stick” (garrote)— “santificó” los antidemocráticos acuerdos entre las cúpulas del Partido Liberal y del Partido Conservador de Colombia, que dieron fin a la sangrienta “Guerra de los Mil Días” (1898-1901). Acto seguido, las fuerzas militares estadounidenses contribuyeron con el gobierno colombiano –presidido por José Manuel Marroquín (1990-1904)— a la derrota (y posterior asesinato) del líder popular panameño Victoriano Lorenzo.

Asimismo, con la anuencia del Departamento de Estado y como respuesta a la moratoria de pagos de la deuda externa proclamada por el dictador venezolano Cipriano Castro (1899-1908), buques de guerra ingleses, alemanes e italianos bombardearon salvajemente las ciudades costeras de La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo y San Carlos. Esas acciones sólo se suspendieron cuando el gobierno venezolano, mediante el llamado Tratado de Washington, aceptó someterse a un arbitraje internacional que –como era de esperar—, dos años más tarde falló a favor de los acreedores de Venezuela.

1903:
Después de organizar una “revolución secesionista” en Panamá y siguiendo órdenes del presidente Theodore Roosevelt, la Marina de guerra estadounidense impidió el desembarco de las tropas colombianas que pretendían restablecer su soberanía sobre ese istmo. Acto seguido, la Casa Blanca negoció con la oligarquía de esa naciente “semirrepública” y con el empresario francés radicado en Nueva York, Philipe Baneau-Varilla, un Tratado por medio del cual Estados Unidos obtuvo el control absoluto sobre la llamada “Zona del Canal de Panamá”.

En la Constitución panameña –refrendada un año después por un Congreso espurio— se incluyeron cláusulas similares a las impuestas a Cuba mediante la Enmienda Platt. Entre ellas, el derecho a la intervención militar de Estados Unidos en los asuntos internos panameños y la incapacidad del gobierno de ese país de contraer deudas con otros países sin la autorización previa del gobierno estadounidense.

Paralelamente, unidades de la Infantería de Marina estadounidense desembarcaron en Santo Domingo –capital de la República Dominicana—, con el socorrido pretexto de “proteger los intereses norteamericanos” durante la guerra civil que se desarrollaba en ese país.

Adicionalmente, la Infantería de Marina desembarcó en Puerto Cortés, Honduras, con vistas a “proteger el Consulado y los intereses estadounidenses” afectados por los constantes enfrentamientos entre los partidarios de Partido Liberal –respaldado por la United Fruit Company— y del Partido Conservador, apoyado la Cuyamel Fruit Company y por otras empresas estadounidenses que venían penetrando la economía de ese país desde fines del siglo XIX.

1904:
Con vistas a apoyar al débil y entreguista gobierno del ex sacerdote Carlos Morales Languasco (1903-1905), la Infantería de Marina estadounidense desembarcó en República Dominicana y se implicó en los combates de la llamada Guerra de la Desunión.

Posteriormente, el presidente Theodore Roosevelt proclamó su famoso corolario a la Doctrina Monroe. Según este, “el mal proceder crónico o una impotencia que desemboca en un aflojamiento general de los lazos de una sociedad civilizada, pueden en América (…) exigir la intervención de algún país civilizado, y en el hemisferio occidental el apego de Estados Unidos a la Doctrina Monroe, puede obligarlo (…) a ejercer un poder de policía internacional”. En los años sucesivos, tal inferencia sirvió como pretexto para brutales intervenciones militares de Estados Unidos en la Cuenca del Caribe.

De la misma forma, fuerzas militares norteamericanas mantuvieron su ocupación del territorio panameño con vistas a “proteger la construcción del Canal de Panamá” y a los gobiernos títeres instaurados en esa “semirrepública”.

1905:
Tropas estadounidenses ocuparon República Dominicana y signaron con el presidente Carlos Morales Languasco la Convención de 1905, por medio de la cual se inició oficialmente la “intervención financiera” estadounidense sobre ese país.

1906:
Tropas estadounidenses contribuyeron a sofocar la poderosa huelga obrera que paralizó las operaciones de la Green Consolidated Cooper, ubicada en el norteño Estado mexicano de Sonora. Además, colaboraron con la cruenta dictadura de Porfirio Díaz (1884-1911) en la sangrienta derrota de la insurrección popular encabezada por la llamada Junta del Partido Liberal mexicano.

Por otra parte, y en respuesta a la guerra que estalló entre Guatemala y El Salvador con el propósito de este último país de respaldar a los opositores a la sanguinaria dictadura del general guatemalteco Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), la Casa Blanca intervino militarmente para lograr un armisticio entre los contendientes. Este se firmó a bordo del buque Marblehead, perteneciente a la Marina de guerra estadounidense.

Adicionalmente, y sobre la base de la Enmienda Platt, fuerzas militares norteamericanas ocuparon otra vez el archipiélago cubano en respuesta a una solicitud de su desacreditado presidente títere Tomás Estrada Palma (1902-1906). Esa ocupación se prolongó hasta 1909.

1907:
Al estallar una guerra fratricida entre Honduras y Nicaragua, la Infantería de Marina estadounidense ocupó diversas ciudades de ambos países. Gracias a esa acción y a una “mediación” compartida con la dictadura mexicana, la paz se restableció en un acuerdo firmado en el buque Chicago, perteneciente a la Marina de guerra norteamericana.

Semanas después se inició otro conflicto armado entre Nicaragua y Guatemala. En esta ocasión, bajo la amenaza de la fuerza, la Casa Blanca “invitó” a los representantes de las cinco repúblicas centroamericanas a celebrar una Conferencia de Paz en Washington donde –bajo la tutela del Departamento de Estado— se aprobó un efímero Tratado General de Paz y Amistad.

Asimismo, bajo la protección de la armada estadounidense, el sanguinario y terrorista dictador Ramón (Mon) Cáceres (1906-1911), aceptó la prolongación indefinida de la “intervención financiera” de los Estados Unidos en República Dominicana.

1908:
Con vistas a obligar a la dictadura de Cipriano Castro a que cumpliera las estipulaciones del Tratado de Washington de 1902, la Casa Blanca rompió sus relaciones diplomáticas con Venezuela y apoyó el golpe de Estado conducido por el general Juan Vicente Gómez. A tal fin, y con el pretexto de restablecer las relaciones diplomáticas, Theodore Roosevelt envió una flota de guerra al puerto de La Guaira, surgiendo así uno de los más largos y odiados regímenes terroristas de Estado de América Latina y el Caribe. Este se prolongó hasta 1935.

1909:
Siguiendo los flamantes enunciados de la denominada “Diplomacia del Dólar” y organizada por el gobierno del presidente estadounidense William Taft (1909-1913), se desató una sublevación del Partido Conservador y de algunos sectores del Partido Liberal contra el prestigioso presidente nicaragüense José Santos Zelaya. Como esa “revolución” estaba a punto de ser derrotada, intervinieron en ella algunos buques de guerra estadounidenses. Además, la Casa Blanca rompió sus relaciones diplomáticas con Nicaragua y exigió la renuncia de Santos Zelaya, quien dejó en su lugar a su vicepresidente José Madriz (1909-1911), quien tampoco recibió el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos.

1910:
Bajo la presión de sus cañoneras, la Casa Blanca le impuso al presidente Antoine Simon (1908-1911) un crédito de la Casa Speyer and Co. y del National City Bank (ambos de Nueva York), así como el llamado Contrato Mac Donald, mediante los cuales el gobierno de Haití perdió su soberanía financiera y autorizó la penetración en su economía de diversos monopolios estadounidenses.

Paralelamente, unidades de la Marina de guerra de Estados Unidos ocuparon el puerto de Bluefields, Nicaragua, con el pretexto de “proteger los intereses norteamericanos”.

1911:
Apoyado por la Embajada estadounidense en Nicaragua, se apoderó de la Presidencia el dirigente del Partido Conservador, Adolfo Díaz. Acto seguido, su representante en Washington firmó con el Secretario de Estado Philander Knox (1909-1913), un acuerdo similar a las Convenciones que, en 1905 y 1907, el “joven imperialismo” norteamericano le había impuesto a República Dominicana.

Al mismo tiempo, en Honduras una nueva intervención de la Infantería de Marina estadounidense logró el derrocamiento del Presidente liberal Miguel R. Dávila (1907-1911) y su sustitución por el conservador Manuel Bonilla (1912-1913), quien contó con el apoyo de la Cuyamel Fruit Company y de otros monopolios estadounidenses.

1912:
La Infantería de Marina estadounidense ocupó Nicaragua para garantizar la elección “constitucional” de su títere Adolfo Díaz. Esa intervención se prolongó hasta 1925.

Paralelamente, tropas estadounidenses intervinieron en la “semirrepública” de Panamá para dirigir los comicios presidenciales en los que resultó electo, por primera vez, su títere Belisario Porras (1912-1916). También intervinieron nuevamente en Honduras, con el pretexto de “proteger los intereses de los Estados Unidos” frente a las fuerzas opositoras al gobierno de Manuel Bonilla, y en Cuba para respaldar la sangrienta y racista represión desatada por el gobierno títere del “liberal” José Miguel Gómez (1909-1913) contra el alzamiento del Partido Independiente de la Gente de Color.

Por otra parte, la Casa Blanca concentró 34 000 efectivos de su Ejercito en la frontera con México y buques de guerra estadounidenses incursionaron en las costas mexicanas con el propósito de presionar al gobierno de Francisco Madero (1911-1913) para que abandonara totalmente los postulados democráticos, populares, agrarios y nacionalistas de la Revolución mexicana de 1910, al igual que las negociaciones que estaba desarrollando con empresas privadas británicas y japonesas. Surgió así el llamado “corolario Taft a la Doctrina Monroe”: Esta podía verse desafiada en caso de que inversionistas “extra continentales” pusieran en “peligro” los intereses de las empresas estadounidenses en su “esfera de influencia”.

1913:
La embajada estadounidense en México –encabezada por el tristemente célebre Henry Lane Wilson—, organizó un cuartelazo contra el gobierno de Francisco Madero y propició el llamado “Pacto de la Embajada”. Como parte tácita de ese pacto, el general Victoriano Huerta autorizó el asesinato de Madero y del vicepresidente Pino Suárez. También emprendió una draconiana represión contra las fuerzas populares y asumió de manera dictatorial la jefatura del país. Dada la pervivencia de las luchas de diferentes sectores de la sociedad mexicana contra esa dictadura, el recién electo Presidente estadounidense Woodrow Wilson (1913-1921), se negó a reconocer al gobierno de Huerta y emprendió diversas presiones políticas, económicas y militares dirigidas a derrocarlo. Paralelamente, la Infantería de Marina desembarcó en el Estero del río Yaqui, México, para evacuar a “ciudadanos estadounidenses y de otros países” que supuestamente corrían peligro por la guerra civil que se desarrollaba en ese país.

1914:
A pesar de su retórica “democrática”, el Presidente estadounidense Woodrow Wilson autorizó la ocupación militar de la capital de Haití con vistas a presionar al breve gobierno de Davilmar Théodore para que resolviera todas las cuestiones litigiosas con los monopolios estadounidenses, así como para que le entregara el control de la bahía Molé Saint-Nicholas.

Paralelamente, en un nuevo intento por favorecer a las fuerzas reaccionarias que se oponían a los postulados de la Revolución mexicana de 1910, luego de una provocación prefabricada en el puerto de Tampico, la Infantería de Marina estadounidense –con el apoyo de la Marina de guerra— ocupó a sangre y fuego la ciudad de Veracruz y, en un acto típico del corzo y la piratería, se apropió de cerca de 8 millones de dólares depositados en la Aduana de esa Terminal portuaria.

Asimismo, fuerzas navales norteamericanas desembarcaron en República Dominicana con el pretexto de “detener el bombardeo de Puerto Plata” y de crear una “zona neutral” en Santo Domingo mientras se desarrollaba la guerra civil que provocó el sucesivo derrocamiento de varios mandatarios dominicanos.

1915:
En razón de las presiones económicas y político-militares estadounidenses, fue derrocado el presidente de Haití, Davilmar Théodore. Lo sustituyó el general Vilbrum Sam, quien dada la resistencia popular y luego de autorizar el asesinato a sangre fría de decenas de presos políticos, se refugió en la Embajada francesa; pero un grupo de enardecidos lo sacó por la fuerza y lo ajustició en la vía pública. Tales acontecimientos fueron utilizados por Woodrow Wilson como uno de los pretextos –junto a las nunca demostradas pretensiones del Káiser de invadir Haití— para iniciar una prolongada y terrorífica ocupación militar de esa nación caribeña. Esta se prolongó hasta 1934.

La resistencia popular y campesina –durante la llamada “guerra de los cacos” (1912-1929)— fue aplastada a sangre y fuego, y empleando métodos terroristas por parte de la Infantería de Marina estadounidense y de sus cipayos haitianos. Estos incluyeron el bombardeo aéreo contra diversas zonas rurales y contra la población civil asentada en estas.

1916:
Luego de desconocer la decisión del Congreso dominicano de nombrar como Presidente al médico Francisco Henríquez Carvajal, la Infantería de Marina estadounidense desembarcó, nuevamente, en República Dominicana. La resistencia popular y campesina —protagonizada por los denominados “gavilleros”— fue sangrientamente aplastada por las tropas estadounidenses. En consecuencia, hasta 1925, República Dominicana quedó sometida al régimen de terror instaurado por las fuerzas de ocupación estadounidenses.

Paralelamente, en la llamada “expedición punitiva”, 12 000 soldados norteamericanos comandados por el general John Pershing, respaldados por fuerzas de caballería, artillería y aviación, penetraron en la profundidad del territorio mexicano con el pretexto de castigar una intrascendente incursión militar realizada por un destacamento de las fuerzas de Pancho Villa contra la pequeña ciudad estadounidense de Columbus. Pese a las protestas de las fuerzas “constitucionalistas” encabezadas por Venustiano Carranza, durante un año, las tropas comandas por el general Pershing cometieron diversos desmanes contra la población civil mexicana.

1917:
Destacamentos de la Infantería de Marina estadounidense salieron de la mal llamada Base Naval de Guantánamo, Cuba, con vistas a apoyar la fraudulenta reelección del presidente conservador Mario García Menocal (1913-1921) y sofocar la insurrección encabezada por el también corrupto caudillo del Partido Liberal y ex presidente José Miguel Gómez. Aunque la mayor parte de esas fuerzas militares abandonaron el territorio cubano dos años más tarde, algunas unidades permanecieron en la isla hasta 1922.

Luego de su tardía incorporación a la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la administración estadounidense de Woodrow Wilson, presionó a todos los gobiernos latinoamericanos con vistas a que le declararan la guerra o rompieran sus vínculos con las llamadas Potencias Centrales y en particular con Alemania. En ese contexto, el ejecutivo y el Congreso –en un nuevo paso dirigido a lograr la anexión de Puerto Rico-, aprobaron la Ley Jones que impuso la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Y pese a la retirada de las tropas del general Pershing, las fuerzas navales de los Estados Unidos mantuvieron ocupadas las aguas de diversos puertos mexicanos con el pretexto de defenderlos de “las incursiones de los submarinos alemanes”.

Por otra parte, la Casa Blanca intervino activamente en los conflictos internos que se presentaron en Costa Rica luego del golpe de Estado –encabezado por el general Federico Tinoco (1917-1919)— que derrocó al gobierno pro imperialista de Cleto González Flores (1914-1917), apoyado por la United Fruit Company (UFCO). El gobierno de Tinoco nunca fue reconocido por Estados Unidos.

1918:
Luego de la muerte del presidente “constitucional” Ramón M. Valdés (1916-1918), las tropas estadounidenses acantonadas en la Zona del Canal ocuparon las ciudades de Panamá y Colón con el propósito de contener el descontento popular que se había desatado contra los afanes del presidente provisional, Ciro Luis Urriola, de prolongar su mandato. También para proteger los intereses del latifundista estadounidense William G. Chase y de la Chiriquí Land Company, filial de la UFCO. Como fruto de esas intervenciones (que se extendieron hasta 1920), de manera intermitente ocupó en dos ocasiones la presidencia de Panamá el títere de Estados Unidos, Belisario Porras.

Inmediatamente después de culminada la Primera Guerra Mundial y en medio de la guerra civil que continuaba afectando a México, comenzó otra campaña de la Casa Blanca contra el ya presidente constitucional mexicano Venustiano Carranza (1917-1920). Como parte de esta, las fuerzas armadas estadounidenses violaron las fronteras mexicanas, al menos en tres ocasiones, con el reiterado pretexto de “perseguir bandidos”. Como consecuencia de esas incursiones –en las que fueron asesinados varios ciudadanos mexicanos—, en la región de Nogales, se produjeron fuertes combates entre tropas mexicanas y estadounidenses.

1919:
Gracias a una mañosa enmienda propuesta por el presidente Woodrow Wilson durante la Conferencia de Paz efectuada en el Palacio de Versalles, París, y pese a la resistencia de diversos gobiernos latinoamericanos, en el artículo 21 de los Estatutos de la naciente Liga de las Naciones se “santificó” la supuesta congruencia de la Doctrina Monroe con el Derecho Internacional Público. Igualmente, como parte de su “guerra no declarada” contra México, Wilson consiguió que el gobierno de ese país fuera excluido de esa organización internacional.

Paralelamente, con la participación de 3 500 soldados norteamericanos y con el recurrente pretexto de “perseguir bandidos”, fueron brutalmente diezmadas las fuerzas militares encabezadas por Pancho Villa y los indígenas Yaqui (comandadas por su jefe Mori) que lo apoyaban. Con ese y otros fines, tropas estadounidenses violaron, al menos en seis ocasiones, la soberanía mexicana.

A la vez, Unidades de la Infantería de Marina ocuparon varios puertos de Honduras con vistas a consolidar en el poder a su títere, el conservador Rafael López Gutiérrez (1919-1924). El pretexto utilizado en esa ocasión fue “mantener el orden” y crear una “zona neutral” entre los contendientes que disputaban el poder político en ese país.

1920:
Fuerzas militares estadounidenses desembarcaron en Guatemala con el pretexto de defender “la vida y los bienes de los ciudadanos estadounidenses” durante la sangrienta insurrección popular que derrotó a la prolongada satrapía pro imperialista del general Manuel Estrada Cabrera (1898-1920). En esa ocasión, ocupó el gobierno Carlos Herrera, impulsor de la llamada Republica Tripartita centroamericana. Las presiones económicas, políticas, diplomáticas y militares de la administración de Woodrow Wilson favorecieron el golpe de Estado que, un año después –ya bajo la presidencia del republicano estadounidense Warren Harding (1921-1923)—, derrocó a Herrera e instauró la dictadura del general José María Orellana (1921-1926).

1921:
Tropas estadounidenses acantonadas en la Zona del Canal de Panamá, participaron en la represión de las manifestaciones populares contra el tercer gobierno del presidente “liberal” Belisario Porras (1920-1924). Esas manifestaciones adquirieron toda su magnitud a causa de la actitud entreguista adoptada por ese mandatario durante e inmediatamente después de la guerra fratricida que enfrentó a Costa Rica (respaldada por la UFCO) y a Panamá (instigada por la American Banana Company) en torno al fértil valle del Coto.

A pesar de que, por voluntad del gobierno de Estados Unidos, Panamá carecía de fuerzas militares, la Casa Blanca respaldó las aspiraciones territoriales de Costa Rica y, por ende, el dominio que ejercía la UFCO sobre ese país. A tal fin, la Marina de guerra estadounidense desplegó unidades navales a ambos lados del Canal de Panamá.

1922:
El Departamento de Estado “negoció” con el antipopular gobierno de El Salvador –entonces presidido por su títere Jorge Meléndez (1921-1924)— un empréstito dirigido a cancelar sus deudas con el Reino Unido. Como garantía de pago, representantes de Estados Unidos se apoderaron de la Aduana salvadoreña y observaron con mirada cómplice el régimen de terror que se impuso en ese país.

Una actitud parecida adoptó la Casa Blanca frente a las dictaduras militares –capitaneadas por los generales y luego presidentes “constitucionales” José María Orellana (1921-1926) y Lázaro Chacón (1926-1930)— que se instauraron en Guatemala entre diciembre de 1921 y diciembre de 1930. Ambos les realizaron nuevas concesiones a los monopolios estadounidenses, en particular a la UFCO.

1923:
Bajo la tutela del Secretario de Estado norteamericano, Charles Evans Hughes (1921-1925), en la llamada Conferencia de Washington, los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica reactivaron y actualizaron el Tratado de Paz y Amistad de 1907. Según este, ninguno de los gobiernos de esos países apoyaría, ni les daría reconocimiento a las fuerzas insurgentes contra los gobiernos “constitucionalmente” establecidos.

1924:
En la llamada Conferencia de Amapala, bajo la presión de sus fuerzas militares, y con el pretexto de “interponerse” entre los bandos de la llamada “guerra triangular” que enfrentaba a las huestes de los candidatos presidenciales Tiburcio Carías Andino (conservador, respaldado por la UFCO), Policarpo Bonilla (liberal, apoyado por la Cuyamel Fruit Company) y del independiente Juan Arias, el representante del entonces presidente republicano Calvin Coolidge (1923-1929), impuso un nuevo gobierno encabezado entre 1925 y 1929 por el “independiente” Miguel Paz Barahona.

Por otra parte, y bajo el control de la Infantería de Marina estadounidense y de sus testaferros de la Guardia Constibularia (Policía Militarizada), se efectuaron en República Dominicana elecciones presidenciales. En ellas fue electo el general Horacio Vásquez (1924-1930), quien ratificó todos los actos de la ocupación militar estadounidense y aceptó la denominada Convención de 1924. Esta prolongó, durante cerca de veinte años, la “intervención financiera” de los Estados Unidos en ese país caribeño.

1925:
El aventurero Richard O. March, ex encargado de negocios de Estados Unidos en Panamá, intentó dividir el territorio de ese país mediante la creación de la llamada “República de Tule”. Ante el fracaso de su intento y la indignación que produjo en el pueblo panameño, March fue rescatado y trasladado hacia su país en un buque de guerra estadounidense. Previamente, y a solicitud del presidente panameño Rodolfo Chiari (1924-1928), la Infantería de Marina estadounidense reprimió violentamente la célebre “huelga de los inquilinos” que estremeció la capital panameña.

Paralelamente, fuerzas militares norteamericanas desembarcaron nuevamente en Honduras con el pretexto de “proteger a los extranjeros” afectados por el conflicto civil que se produjo a causa del rechazo de los partidos liberal y conservador, al gobierno presidido por Miguel Paz Barahona.

1926:
Ante la incapacidad del dictador nicaragüense Adolfo Díaz para controlar la situación del país, fuerzas militares estadounidenses ocuparon nuevamente Nicaragua; ahora con el pretexto de “la debilidad” de ese país para resistir las agresiones de los presuntos “agentes del bolcheviquismo mexicano”. Esa intervención se prolongó hasta 1933.

1928:
Bajo la tutela de la Infantería de Marina estadounidense, fue “electo” como Presidente “constitucional” de Nicaragua el general liberal José María Moncada (1929-1932); quien –con el apoyo de las fuerzas armadas norteamericanas— desplegó una política de tierra arrasada (incluido bombardeos aéreos) contra todos los sectores de la población civil que respaldaban al “pequeño Ejército Loco”, encabezado por el General de Hombres Libres, Augusto César Sandino.

1929:
Tratando de sofocar las crecientes resistencias contra la brutal ocupación militar norteamericana de Haití, el presidente títere Joseph Borno (1920-1930) implantó la Ley Marcial y la soldadesca estadounidense –junto a sus testaferros de la 'gendarmerie'—, masacrando una pacífica manifestación campesina que se movía desde la zona de Marchaterre hacia Aux Cayes. Según algunos historiadores, con tal acto y otras brutales acciones represivas, la Infantería de Marina estadounidense, finalmente logró derrotar la prolongada resistencia campesina que se había manifestado a través de la llamada “guerra de los cacos”.

1930:
Bajo el chantaje de mantener indefinidamente la ocupación militar, el presidente republicano Herbert Hoover (1929-1933) obligó al nuevo mandatario haitiano, Sténio Vincent, a negociar de manera secreta un Tratado que permitiera la “salida paulatina y ordenada” de las tropas estadounidenses de Haití.

Paralelamente, en la República Dominicana, el entonces jefe de la Guardia Constibularia, Rafael Leónidas Trujillo, consumó un golpe de Estado. Este fue santificado por la Casa Blanca, iniciándose así –con el respaldo oficial estadounidense— otra de las satrapías y otro de los regímenes terroristas más sanguinarios y prolongados (31 años) de América Latina y el Caribe.

1931:
Con el decidido apoyo del embajador norteamericano en Ciudad Guatemala, Sheldon Whitehouse llegó al poder, luego de un golpe de Estado, el célebre dictador guatemalteco, general Jorge Ubico (1931-1944), quien instauró otros de los regímenes terroristas que han asolado a ese país centroamericano. Ubico, instigado por la UFCO, emprendió un nuevo plan dirigido a derrocar al gobierno hondureño presidido por el liberal Vicente Mejía Colindres (1929-1932), quien contaba con el respaldo de la Cuyamel Fruit Company. Tal conflicto fratricida finalmente no se desencadenó en razón de la decisión de los dueños de esa compañía de venderle sus propiedades a la UFCO.

1932:
 Bajo la protección de los buques de guerra estadounidenses surtos en el puerto salvadoreño de Acajatla, el dictador Maximiliano Hernández (1931-1944) asesinó a sangre fría a 30,000 salvadoreños –muchos de ellos indígenas—, como respuesta terrorista y genocida a la frustrada insurrección popular encabezada por Farabundo Martí.

Por otra parte, con el apoyo de la Casa Blanca, fue “constitucionalmente” electo para la presidencia de Honduras el general conservador Tiburcio Carías Andino, quien instauró un férreo régimen de terror hasta 1946.

Paralelamente, se inició la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Detrás de ese sangriento conflicto fratricida estuvieron los intereses encontrados de la Standard Oil de New Jersey (que impulsó a Bolivia) y de la empresa anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Esta respaldó a Paraguay.

Ir Arriba


6.- EL “BUEN VECINO”

1933:
A pesar de la cacareada proclamación de la Política de Buen Vecino y de sus compromisos de abandonar la política intervencionista de sus antecesores, y después de fracasar en su intento de “mediación” con la dictadura del general cubano Gerardo Machado (1926-1933) y del derrocamiento de este mediante una insurrección popular (identificada en la historia de Cuba como “la Revolución del 33”), el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) emprendió diversas acciones para derrocar al breve gobierno popular y tímidamente nacionalista de Ramón Grau San Martín. Entre ellas, las demostraciones de fuerza realizadas por treinta navíos de guerra estadounidenses frente a las costas cubanas y la negativa de la Casa Blanca a reconocer al posteriormente denominado “gobierno de los Cien Días”.

1934:
El presidente cubano Ramón Grau San Martín fue derrocado por un golpe de estado urdido por el entonces coronel Fulgencio Batista y por el Embajador norteamericano en La Habana, Jefferson Caffery. Gracias a ese cuartelazo y al automático reconocimiento de la Casa Blanca, fue impuesto como Presidente de la República de Cuba el coronel Carlos Mendieta (1934-1937). A pesar de que durante su mandato formalmente se anuló la Enmienda Platt, Mendieta firmó el Tratado que le posibilitaba a Estados Unidos mantener de manera indefinida la ocupación militar estadounidense del territorio cubano donde aún está enclavada la mal llamada “Base Naval de Guantánamo”.

Paralelamente, y en contubernio con el Embajador norteamericano en Managua, Arthur Bliss Lane, el general Anastasio Somoza García, entonces Jefe de la Guardia Nacional formada por Estados Unidos, ordenó el asesinato de Augusto César Sandino y la sanguinaria destrucción de la cooperativa sandinista de Wililí.

Adicionalmente, luego de dilatadas negociaciones, el Presidente Franklin Delano Roosevelt logró un acuerdo con su “homólogo” haitiano, Sténio Vincent, que le posibilitó concluir la ocupación de ese país. Sin embargo, el control político, económico y militar estadounidense –camuflado de “intervención financiera”— se prolongó de manera indefinida.

1935:
Con el apoyo de la Casa Blanca, el llamado gobierno Batista-Caffery-Mendieta emprendió una sangrienta represión contra la huelga general proclamada en Cuba en marzo de ese año. Días después, cumpliendo ordenes del propio trío, fue asesinado el prestigioso ex ministro del gobierno de Grau San Martín y entonces líder la organización revolucionaria Joven Cuba, Antonio Guiteras, así como su compañero de luchas, el venezolano Carlos Aponte, quien había sido coronel del “pequeño Ejército Loco”.

Paralelamente, en Río Piedra, Puerto Rico, la Guardia Nacional estadounidense reprimió violentamente una manifestación pacífica de los sectores independentistas encabezados por el Partido Nacionalista fundado, en 1922, por el posteriormente martirizado líder independentista Pedro Albizu Campos (1893-1965).

1936:
Tomando como pretexto los postulados del Protocolo Adicional Relativo a la No Intervención aprobado en Buenos Aires por la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, el presidente Franklin Delano Roosevelt respaldó el golpe de Estado contra el presidente “liberal” Juan Bautista Sacasa (1933-1936) perpetrado por el entonces Jefe de la Guardia Nacional “nicaragüense”, Anastasio “Tacho” Somoza. Surgió así –con el respaldo del “Buen Vecino”— una de las “dictaduras dinásticas” más terroríficas y odiadas de América Latina y el Caribe.

Por otra parte, y con el propósito de desmontar las crecientes resistencias populares a todos los tratados que habían dado origen a la “semirrepública de Panamá”, Roosevelt y el entonces presidente Harmodio Arias (1932-1936) firmaron un nuevo tratado que formalmente anuló el derecho de los Estados Unidos a intervenir en los asuntos internos y externos panameños. No obstante, las fuerzas armadas estadounidenses conservaron el control de la Zona del Canal de Panamá y su “derecho” a garantizar ad finitum la seguridad de esa vía interoceánica.

1937:
Con el silencio cómplice de la Casa Blanca el sátrapa “dominicano” Rafael Leonidas Trujillo ordenó la sádica matanza de cerca de 25 000 haitianos. Para evitar que el incidente afectara la “seguridad del Caribe”, el Departamento de Estado presionó la realización de una reunión entre el presidente haitiano Sténio Vincent y Trujillo. Esta concluyó con la aceptación por parte del mandatario haitiano de una indemnización de “veintinueve dólares” por cada uno de los 18 000 haitianos que –según el sátrapa dominicano— habían sido asesinados.

Paralelamente, la Guardia Nacional estadounidense ametralló una manifestación pacífica de las fuerzas independentistas puertorriqueñas que se desarrollaba en la ciudad de Ponce. En correspondencia con esas prácticas y respetando la distribución de esferas de influencia que había establecido el Tratado Hay-Pouncefot de 1901, la Casa Blanca respaldó la estrategia represiva desplegada por el imperialismo británico contra la cadena de huelgas obreras y las manifestaciones populares que sacudieron sus posiciones coloniales bañadas por el mar Caribe. En particular, a Barbados, Jamaica, Guyana, San Vicente, Santa Lucía, Saint Kitts y Trinidad y Tobago.

1938:
Como respuesta a la decisión soberana del gobierno popular y nacionalista de Lázaro Cárdenas (1934-1940) de nacionalizar las propiedades de las empresas petroleras inglesas y estadounidenses, la Casa Blanca suspendió las compras de plata, así como la “ayuda económica” que le ofrecía a México. También mantuvo una posición anuente frente al férreo boicot a las exportaciones petroleras mexicanas y la importación de las refacciones decretada –con el apoyo del gobierno británico— por las empresas imperialistas nacionalizadas. Además, ejerció diversas presiones diplomáticas con vistas a lograr que el gobierno mexicano pagara las desproporcionadas indemnizaciones que exigían los “pulpos petroleros”.

1939:
Se inició la Segunda Guerra Mundial e impulsada por los Estados Unidos se efectuó en Panamá la Primera Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Panamericana. En ese contexto, la administración de Franklin Delano Roosevelt nombró como gobernador colonial de Puerto Rico al almirante William Leahy; quien fortaleció las acciones dirigidas a la militarización de ese archipiélago; entre ellas, la ocupación de la isla de Vieques para convertirla en polígono de pruebas de los armamentos estadounidenses.

Paralelamente, la Embajada estadounidense en La Paz, Bolivia, emprendió diversas “presiones diplomáticas” contra el fugaz gobierno del joven coronel Germán Busch Herrera (1937-1939), quien –tratando de profundizar las acciones nacionalistas de su antecesor, David Toro (1935-1937)— había respaldado la nacionalización de las propiedades de la Standard Oil Company.

1940:
A pesar de la oposición de algunos gobiernos latinoamericanos (en particular el de Argentina, que recordó su añejo conflicto con el Reino Unido en torno a las Islas Malvinas), la Segunda Reunión de Consultas de Ministros Relaciones Exteriores de la Unión Panamericana refrendó la Resolución Conjunta del Congreso estadounidense que –aduciendo explícitamente la Resolución de No Transferencia de 1811—, proclamó que los Estados Unidos no reconocerían el traspaso de ningún territorio del Hemisferio Occidental “de una potencia no americana a otra potencia no americana…”. Por ende, se santificaron las acciones que ya había emprendido la Casa Blanca con vistas a ocupar militarmente las posesiones coloniales holandesas (Aruba, Curazao, Surinam) y francesas (Martinica, Guadalupe y Cayena) en el mar Caribe. Adquirieron así, por primera vez en la historia, un carácter “panamericano” algunos de los postulados de la Doctrina Monroe.

De la misma forma, mediante el llamado acuerdo “bases por destructores” firmado entre los imperialismos anglosajones, las fuerzas armadas estadounidenses ocuparon “preventivamente” las principales posesiones coloniales británicas en la llamada “cuenca del Caribe”.

1941:
Sobre la base de la llamada Carta del Atlántico signada entre Franklin Delano Roosevelt y el primer ministro británico, Winston Churchill, se instalaron más de una decena de bases aéreas y navales estadounidenses en algunas colonias inglesas en el Caribe; en algunas regiones como Antigua, Bahamas, Bermudas, la Guayana Británica, Jamaica, Santa Lucia y Trinidad y Tobago. En ese contexto, la administración de Franklin Delano Roosevelt –mediante un acuerdo con el gobierno holandés en el exilio y con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Brasil—, tropas norteamericanas ocuparon el territorio de la llamada “Guyana Holandesa” (Surinam).

Asimismo, el gobierno del “Buen Vecino” organizó un golpe de Estado contra “el gobierno pro fascista” de Arnulfo Arias (1940-1941, siendo sustituido este por Ricardo Adolfo de la Guardia (1941-1945), quien de inmediato aceptó la ampliación de las bases militares estadounidenses enclavadas en la Zona del Canal de Panamá.

1942:
Después que la Casa Blanca había decidido unilateralmente declararle la guerra a las potencias imperialistas integrantes del Eje Berlín-Roma-Tokio, se efectuó en Río de Janeiro, Brasil, la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Panamericana. En ella, debido a las exigencias estadounidenses, se estableció un Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política del Hemisferio Occidental y se fundó la llamada Junta Interamericana de Defensa (integrada por todos los ejércitos de la región), que tan nefasto papel jugó en la historia posterior de América Latina y el Caribe. A partir de ahí se instalaron nuevas bases militares norteamericanas en Brasil, Ecuador y República Dominicana.

Igualmente, una dependencia especial del Departamento de Estado –encabezada por el multimillonario John Rockefeller Jr.—comenzó a implementar diversas acciones dirigidas a profundizar el control económico de América Latina y el Caribe por parte de Estados Unidos.

1944:
Unidades de la Marina de Guerra estadounidense bloquean el puerto de Buenos Aires con el propósito de obligar al gobierno surgido de la contradictoria Revolución militar de 1943 (en el que ocupaba prominentes posiciones el entonces coronel Juan Domingo Perón), a romper sus relaciones diplomáticas y a declararle la guerra a las potencias integrantes del Eje Berlín-Roma-Tokio. El bloqueo se levantó cuando el Jefe de la Junta Militar argentino, general Pedro Ramírez, decidió romper sus relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón.

1945:
Murió Franklin Delano Roosevelt. Lo sustituyó su vicepresidente Harry Truman, quien cargó con la responsabilidad histórica de haber autorizado el bombardeo atómico de las indefensas ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaky.

Previamente, se efectuó en México la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, en la que mediante el Acta de Chapultepec y la llamada Carta Económica de las Américas, todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños (con excepción del gobierno argentino que fue excluido del cónclave), quedaron comprometidos a respaldar los esfuerzos estadounidenses dirigidos a terminar la guerra, así como a reorganizar el “orden” y la institucionalidad política y económica internacional y hemisférica que emergería de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, la Casa Blanca obtuvo el respaldo de los gobiernos de la región para que la entonces naciente Organización de Naciones Unidas (ONU) reconociera la vigencia de la Doctrina Monroe y de “los acuerdos interamericanos” que se adoptaran al amparo de la misma.

Mientras tanto, con el apoyo de la Embajada norteamericana en Río de Janeiro, un golpe de Estado derrocó al contradictorio mandatario brasileño Getulio Vargas (1930-1945).

Ir Arriba


7.- LA “DOCTRINA TRUMAN”

1946:
Con el respaldo de la Casa Blanca, fue violentamente derrocado en Bolivia el gobierno nacionalista y popular de Gualberto Villarroel (1943-1946). Lo sustituyó el presidente Enrique Hertzog, quien desató una draconiana represión contra las organizaciones políticas y sociales que había respaldado al depuesto gobierno.

Paralelamente, el gobierno estadounidense respaldó a las fuerzas derechistas (pro fascistas y pro falangistas) que, en 1946 y tras la candidatura del presidente conservador Mariano Ospina Pérez (1956-1950), asumieron el gobierno de Colombia.

Por otra parte, aliada con los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina, al igual que con algunas fuerzas de izquierda de ese país, la Embajada norteamericana en Buenos Aires comenzó una intensa campaña dirigida a evitar la elección del candidato presidencial del entonces denominado Partido Laborista, coronel Juan Domingo Perón. La enorme popularidad previamente adquirida por este (en su carácter de Ministro de Trabajo y, luego, como Vicepresidente del llamado “gobierno Farrell-Perón”) permitió derrotar esa maniobra estadounidense.

1947:
Antecedida –a instancia del primer ministro británico Winston Churchill— por la ruptura de la “gran alianza anglo-soviética-norteamericana” que había derrotado al nazi-fascismo, los círculos gubernamentales de los Estados Unidos proclamaron la Doctrina Truman, dirigida a “contener el avance del comunismo en todo el mundo”. Bajo ese enunciado, veinte gobiernos latinoamericanos y caribeños signaron en Río de Janeiro el mal llamado Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) que sirvió como “modelo” a todos los pactos militares establecidos por los Estados Unidos en el resto del mundo.

Previamente, la administración Truman había fortalecido sus relaciones con el gobierno del reaccionario del general paraguayo Higinio Morínigo (1940-1948) y con los longevos regímenes militares terroristas que controlaban el poder en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Asimismo, había respaldado el violento “cuartelazo” que se produjo en Ecuador contra el presidente constitucional José María Velasco Ibarra (1944-1947) y la brutal represión desatada contra las fuerzas populares chilenas por el Presidente Gabriel González Videla (1946-1952).

1948:
Manchada con la sangre derramada por el pueblo colombiano durante la desorganizada insurrección popular (conocida como “el Bogotazo”) y la draconiana represión –que siguió al asesinato del líder popular Jorge Eliecer Gaitán, la IX Conferencia Internacional de Estados Americanos fundó la Organización de Estados Americanos (OEA) y, bajo la presión del entonces Secretario de Estado norteamericano George Marshall (1947-1949), aprobó la Resolución sobre la Preservación y Defensa de la Democracia en las Américas, de clara matriz anticomunista.

Días antes, una sangrienta sublevación –encabezada por el “demócrata anticomunista” José Figueres—, había derrotado a las fuerzas populares y comunistas que apoyaban al gobierno del socialcristiano costarricense Teodoro Picado (1944-1948). Tal acción -que dejó un saldo de 2000 muertos—, fue favorecida por una invasión militar realizada con el apoyo de la Legión del Caribe, en la que tenía un indiscutible peso político-militar el recién “electo” gobernador colonial de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. Este, previamente, había instituido la llamada Ley Mordaza dirigida a reprimir las luchas por la independencia que venían desarrollándose desde años atrás en ese archipiélago caribeño.

Paralelamente, la Casa Blanca respaldó la brutal represión emprendida por las autoridades coloniales británicas contra las manifestaciones populares y pro independentistas que ya se venían produciendo en la llamada “Guyana británica”. También respaldó los golpes de Estado que instauraron en Perú la dictadura militar del coronel Manuel Odría (1948-1956) y en Venezuela una Junta Militar en la que ocupó el Ministerio de Defensa el coronel y posterior dictador Marcos Pérez Jiménez.

1949:
La administración Truman respaldó la ola de terror desatada por el gobierno colombiano presidido por Mariano Ospina Pérez y por su mentor y posterior presidente, Laureano Gómez (1950-1953). Como consecuencia de esa política represiva y de la mal llamada “violencia liberal-conservadora” se calcula que, entre 1948 y 1953, perdieron la vida entre 200 mil y 300 mil colombianos y colombianas.

1950:
El gobernador colonial de Puerto Rico, Luis Muñoz Martín y la Guardia Nacional estadounidense, emprendieron una violenta represión contra el movimiento independentista de Puerto Rico con el pretexto de sofocar la audaz, pero frustrada sublevación del Partido Nacionalista que proclamó la República de Puerto Rico.

Paralelamente, la Casa Blanca respaldó en Haití el golpe militar que llevó a la presidencia de ese país al general Paul Magloire (1950-1956), quien inmediatamente se sumó a los gobiernos latinoamericanos y caribeños que –dentro de los marcos de la OEA—, respaldaron la agresión estadounidense contra la entonces recién fundada República Democrática y Popular de Corea (RDPC).

1951:
Tomando como pretexto el desarrollo de la Guerra de Corea (1950-1953), se efectuó en Washington una Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de todos los países latinoamericanos y caribeños integrantes del Sistema Interamericano. En esa reunión –a instancias del presidente Harry Truman—, se aprobó una Resolución sobre el Fortalecimiento de la Seguridad Interior de los Estados del Hemisferio Occidental. Ella posibilitó el despliegue de centenares de asesores militares estadounidense en toda la región, quienes ejercieron un nefasto papel en la conformación de los represivos Ejércitos de la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, en tanto, a partir de 1952, doce gobiernos de esa región (ocho de ellos, de la Cuenca del Caribe) firmaron Convenios de Asistencia Militar con Estados Unidos en el marco del Programa de Seguridad Mutua, que venía impulsando la Casa Blanca desde 1945.

1952:
Con vistas a evitar la elección del candidato presidencial del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), la Casa Blanca respaldó un golpe de Estado contra el corrupto gobierno de Carlos Prío Socarrás (1948-1952) en Cuba. Este fue encabezado por el general Fulgencio Batista, quien de inmediato desató una sangrienta represión contra todos los sectores opuestos a su dictadura.

Paralelamente, triunfó la Revolución Boliviana de 1952, encabezada por el reformista Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) dirigido por Víctor Paz Estensoro. A pesar de sus inconsistencias políticas, la Casa Blanca le aplicó un potente cerco político, diplomático, económico y militar que sólo fue debilitado cuando Paz Estenssoro comenzó a realizarle diversas concesiones a los Estados Unidos.

A su vez en Puerto Rico, en medio de una feroz e indiscriminada represión contra el movimiento independentista, las fuerzas de ocupación estadounidenses institucionalizaron el mal denominado Estado Libre Asociado (ELA), que todavía sirve de fachada a la dominación colonial de los Estados Unidos sobre ese archipiélago.

1953:
En correspondencia con la estrategia de “contención al comunismo”, diseñada por su antecesor y con vistas a crear “un clima amigable” para las inversiones de los monopolios norteamericanos, el presidente republicano Dwight Eisenhower (1953-1961), fortaleció sus vínculos con todas las dictaduras militares o las “democracias represivas” existentes en América Latina y el Caribe. Igualmente, respaldó la intervención militar británica contra el fugaz gobierno (duró 133 días) del destacado líder independentista y socialista del pueblo guyanés, Cheddi Jagan, quien había obtenido la mayoría de los votos en las elecciones parlamentarias del año precedente. En consecuencia, nuevamente se implantó en esa nación caribeña una “dictadura (terrorista) del Departamento de Colonias británico”.

1954:
Con el respaldo de la OEA, la Casa Blanca, la CIA y las fuerzas armadas de los Estados Unidos –aplicando métodos terroristas contra la población civil y con el apoyo de las cruentas dictaduras militares de Honduras y Nicaragua—, organizaron la llamada “Operación Éxito”; o sea, la invasión mercenaria que derrocó al gobierno democrático, popular y nacionalista guatemalteco presidido por Jacobo Arbenz (1951-1954).

Este fue sustituido por el sanguinario teniente coronel (posteriormente autoascendido a general) Carlos Castillo Armas (1954-1957), quien –luego de haber sido reclutado por la CIA cuando cursaba instrucción militar en la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos— encabezó el mal denominado Ejército de Liberación Nacional de Guatemala. Bajo su mandato se institucionalizó un régimen terrorista de Estado que acabó con la vida de miles de guatemaltecos.

Paralelamente, las Embajadas estadounidenses en Paraguay y Brasil se implicaron en la organización de los golpes de Estado que condujeron al derrocamiento del presidente “pro peronista” Federico Chávez (1949-1954) y del segundo gobierno de Getulio Vargas (1950-1954), respectivamente. Como consecuencia de esas acciones –con el apoyo de la Casa Blanca—, ocupó la presidente de Paraguay el general Alfredo Stroessner, quien hasta 1989, encabezó uno de los regímenes terroristas de Estado más prolongados del todo el Hemisferio Occidental.

1955:
Antecedido por una sangrienta sublevación militar respaldada por los sectores más reaccionarios del Partido Radical y de la Iglesia Católica, así como con el apoyo directo de las marinas de guerra de Estados Unidos y del Reino Unido, fue derrocado —mediante un cruento golpe militar— el segundo gobierno constitucional de Juan Domingo Perón (1952-1955). Lo sustituyó el general Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958), quien, mientras duró su dictadura (1955-1958), desató una feroz represión contra todos los militantes y dirigentes del Partido Justicialista (peronista), así como contra otros destacamentos populares. Adicionalmente, emprendió otras acciones dirigidas a normalizar las relaciones de Argentina con Estados Unidos.

1956:
Con el cínico pretexto de celebrar el 130 aniversario del Congreso Anfictiónico convocado en 1826 por Simón Bolívar, por primera vez en la historia de las relaciones interamericanas, el Presidente norteamericano Dwight Eisenhower se reunió en Panamá con casi todos sus homólogos latinoamericanos y caribeños. Solo faltaron a la cita los dictadores de Colombia, Gustavo Rojas Pinillas (1953-1957), y de Honduras, Julio Lozano Díaz (1954-1956), quienes meses después, fueron derrocados por violentas sublevaciones populares que solamente pudieron ser aplacadas mediante sendos “cuartelazos” estimulados por las Embajadas estadounidenses en Bogotá y Tegucigalpa.

1957:
Luego del ajusticiamiento en el año precedente del fundador de la dinastía somocista, Anastasio Tacho Somoza, se realizaron en Nicaragua “elecciones presidenciales”. En estas resultó electo, en medio de un agobiante clima represivo, Luis Somoza Debayle (1957-1963), quien nombró a su hermano Anastasio Tachito Somoza Debayle Jefe de la Guardia Nacional, como “regalo de graduación” por sus “excelentes notas” en la Escuela Militar de West Point, Estados Unidos. Así se garantizó –con el respaldo de la Casa Blanca y del Pentágono— la continuidad del régimen terrorista instaurado en ese país centroamericano desde 1936.

Paralelamente, en Haití, la Embajada estadounidense “santificó” el fraude electoral que llevó a la presidencia de Haití a François Duvalier (“Papa Doc”), quien –siempre con el apoyo oficial norteamericano— inauguró un régimen terrorista dinástico que se prolongó hasta 1986.

1958:
Con el abierto apoyo de la Casa Blanca y del Pentágono, la dictadura de Fulgencio Batista emprendió una masiva operación militar (la llamada Ofensiva de Verano) dirigida a aniquilar al Ejército Rebelde, encabezado por el comandante Fidel Castro. Luego de la derrota de esa operación militar, la administración de Eisenhower emprendió inútiles maniobras —incluida un nuevo golpe de Estado— dirigidas a frustrar el triunfo de la Revolución cubana.

Paralelamente, en medio de grandes protestas populares, el entonces vicepresidente norteamericano, Richard Nixon, visitó diversos países latinoamericanos; entre ellos, Bolivia, Perú y Venezuela. En este último, fue tal la repulsa popular que Eisenhower movilizó unidades de la marina de guerra hacia las costas venezolanas; pero esa baladronada fue rechazada por el pueblo venezolano y por el gobierno provisional del contralmirante Wolfang Larrazabal.

Asimismo, luego del asesinato “por bandoleros de su propia camarilla” del dictador guatemalteco Carlos Castillo Armas, la Casa Blanca propició la elección como presidente del candidato de la “oposición permitida” Miguel Ydígoras Fuentes; quien por encargo de la CIA también había estado vinculado con la invasión mercenaria organizada por Estados Unidos que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz.

1959:
Inmediatamente después del triunfo de la Revolución Cubana del 1ro de Enero de 1959, la administración de Dwight Eisenhower y la CIA impulsaron la realización de diversas acciones terroristas dirigidas al derrocamiento del gobierno revolucionario cubano, así como al asesinato de algunos de sus dirigentes; en primer lugar, al entonces Primer Ministro, comandante Fidel Castro. En algunos de esos planes, tuvo una destacada participación el sátrapa dominicano Rafael Leónidas Trujillo; quien también había estado implicado en planes para desestabilizar al entonces Presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt (1959-1964).

En consecuencia, la OEA convocó una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores dirigida a evaluar “las tensiones en el Caribe”. En ella la Casa Blanca maniobró infructuosamente con vistas a obtener una resolución de condena a las primeras acciones de beneficio popular emprendidas por la Revolución Cubana. Simultáneamente, naves de la Marina de Guerra estadounidense constantemente comenzaron a merodear las aguas jurisdiccionales cubanas con vistas a “intervenir en caso que se produjera una crisis en Cuba”.

1960:
Acorde con los planes previamente elaborados por la Casa Blanca para derrocar a la Revolución Cubana (incluido el inicio del entrenamiento en Guatemala de una fuerza mercenaria organizada por la CIA), se efectuó en Costa Rica la VII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. Esta aprobó una Declaración en la que –además de imponer de manera oportunista sanciones económicas contra el régimen de Trujillo, quien había organizado un frustrado atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt—, estableció que la solidaridad hacia la Revolución cubana que habían expresado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Popular China “ponían en peligro la seguridad interamericana”. Se inició así –bajo las presiones del Departamento de Estado— una cascada de resoluciones de la OEA contra Cuba.

Paralelamente, con el apoyo de las Misiones Militar, Naval y Aérea, así como de la Embajada de Estados Unidos, la satrapía de Leónidas Trujillo acentuó su carácter terrorista con vistas a destruir la intensa movilización antidictatorial que se había desencadenado en República Dominicana.

1961:
A pesar de las promesas del joven mandatario demócrata John F. Kennedy (1961-1963) de crear “una civilización americana en la que, dentro de la rica diversidad de sus propias tradiciones, cada nación [fuera] libre de seguir su propio camino hacia el progreso” y dándole continuidad a los planes contra la Revolución Cubana iniciados por la administración precedente, la Casa Blanca, la CIA y el Pentágono –con el apoyo de las dictaduras militares de Nicaragua y Guatemala— perpetraron la invasión mercenaria Playa Girón. A su vez, tratando de neutralizar la adversa reacción que produjo esa “primera derrota imperialista en América Latina”, la Casa Blanca impulsó la Alianza para el Progreso cuyo carácter demagógico y contrainsurgente fue rápidamente denunciado por el comandante Ernesto Che Guevara. Previamente, un comando organizado y armado por la CIA eliminó a uno de sus hijos putativos, el sátrapa dominicano Rafael Leonidas Trujillo.

Gracias a las demostraciones realizadas frente a las costas dominicanas por varias naves de guerra estadounidenses y al apoyo de la Embajada norteamericana en Santo Domingo, hasta fines de año, logró mantenerse en la presidencia el maquiavélico representante de la “burocracia trujillista”, Joaquín Balaguer. Este –con el apoyo del Jefe de las Fuerzas Armadas, Ramfis Trujillo— desencadenó una brutal represión contra todos los opositores a la dictadura.

1962:
Siguiendo directrices de la Casa Blanca, la VIII Reunión de Consultas de Ministro de Relaciones Exteriores de la OEA (efectuada en Montevideo), expulsó a Cuba de esa organización regional. Meses más tarde, durante la llamada Crisis de los Mísiles, con el respaldo unánime de la OEA, John F. Kennedy desplegó una “cuarentena” (bloqueo) naval alrededor de Cuba con el propósito de impedir que el pueblo cubano —haciendo uso de su soberanía nacional—, adquiriera todas aquellas armas soviéticas que considerase necesarias para defenderse de los planes de intervención militar directa contra la Revolución que —siguiendo los lineamientos de la denominada Operación Mangosta— continuaba preparando el gobierno de los Estados Unidos. Tal y como había previsto el primer ministro de Cuba, Fidel Castro, las negociaciones soviético-estadounidenses con las que concluyó esa crisis, no impidieron que continuaran los diversos planes de los círculos de poder norteamericanos –incluidos el empleo del terrorismo— dirigidos a destruir a la Revolución Cubana.

Las antes mencionadas resoluciones anticubanas de la OEA fueron favorecidas por los golpes de Estado propugnados por la Casa Blanca que se produjeron en Argentina y Perú. En el primer caso, contra el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) y, en el segundo, contra Manuel Prado Ugarteche. Este fue transitoriamente sustituido por el general Ricardo Pío Pérez; mientras que el primero fue remplazado por el Senador José María Guido, quien fue fácilmente manipulado por las Fuerzas Armadas.

Ir Arriba


8.- LA “DOCTRINA JOHNSON”

1963:
Dándole continuidad a la cadena de golpes de Estado propugnados por la Casa Blanca, sucesivos “cuartelazos” se produjeron en Ecuador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. En el primer caso, fue derrocado por una Junta Militar el presidente Carlos Arosemena (1961-1963). En el segundo, el presidente “constitucional” Miguel Ydígoras Fuentes fue derrocado por su Ministro de Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia, quien –en medio de un acentuado clima de violencia—se mantuvo en el cargo hasta 1967. En el tercero, el presidente liberal Ramón Villena (1957-1963) fue reemplazado por la larga dictadura militar encabezada por el coronel Osvaldo López Arellano (1963-1975). Y, en el último, fue derrocado el breve gobierno (sólo duró siete meses) del afamado intelectual y político dominicano Juan Bosch. Lo sustituyó durante tres años un Triunvirato integrado por los principales Jefes de las Fuerzas Armadas.

Según las indagaciones históricas, el derrocamiento de Bosch contó con el respaldo expreso del Presidente norteamericano John F. Kennedy; mientras que, luego del asesinato de este mandatario (22 de noviembre de 1963) y a pesar de ciertas contradicciones, el Triunvirato fue respaldo por la Administración de Lyndon B. Johnson (1963-1969), autor de la “doctrina” que autorizó a las Fuerzas Armadas estadounidenses a intervenir unilateralmente o a emprender “guerras limitadas” o “preventivas” en cualquier parte del mundo donde estuvieran amenazados los “intereses norteamericanos”. La máxima expresión de ese enunciado fue la criminal Guerra de Vietnam (1964-1973). En esta el aparato político-militar estadounidense ensayó todos los métodos terroristas de Estado que fueron incorporados a sus diversas estrategias contrainsurgentes contra América Latina y el Caribe.

1964:
En correspondencia con la reaccionara política desplegada por el Presidente Lyndon B. Johnson, las fuerzas armadas estadounidenses reprimieron violentamente una manifestación de estudiantes que reclamaba la soberanía panameña sobre la Zona del Canal de Panamá.

A su vez en Brasil, y con el descarado apoyo del Embajador norteamericano en Río de Janeiro, fue derrocado el gobierno nacionalista y democrático de Jôao Goulart (1961-1964). Lo sustituyó el mariscal Humberto Castelo Branco (1964-1967) propugnador –junto a los altos mandos del Ejército norteamericano— de las llamadas “fronteras ideológicas” y de los sangrientos “regímenes de seguridad nacional” (militares o cívico-militares) que se instauraron durante más de dos décadas en América Latina y el Caribe.

Bajo las nefastas influencias de esas “doctrinas”, se fundó el llamado Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA); órgano estatal que, en estrecha coordinación con el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (SOUTHCOM) basificado en Panamá, coordinó las diversas estrategias contrainsurgentes y terroristas desplegadas por las dictaduras militares o los regímenes cívico-militares instalados en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Paralelamente, con el respaldo del Pentágono, el gobierno colombiano presidido con el conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) emprendió la llamada Latin American Security Operation (más conocido como “el Plan LASO”), dirigida a derrotar, a sangre y fuego, incluidos potentes bombardeos contra la población civil, las mal llamadas “repúblicas independientes” de Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y Guayabero.

Asimismo, con la descarada participación de la CIA, fue derrocado mediante un virtual golpe de Estado, el segundo gobierno (1961-1964) del líder del Partido Progresista del Pueblo (PPP) de Guyana, Cheddi Jagan. Adicionalmente, la Casa Blanca admitió la represión desatada por la llamada Quinta República francesa –presidida por Charles de Gaulle (1959-1969)— contra la victoria electoral de una coalición de partidos de izquierda que propugnaban la ampliación de la autonomía de Martinica.

En ese contexto y mediante diversos chantajes, la IX Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA (efectuada en Washington), aprobó una nueva resolución obligando a todos los Estados miembros a romper sus relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con la Revolución Cubana. Fue acatada por todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños, con excepción del mexicano. Como parte de esa política, el establishment de la seguridad estadounidense se inmiscuyó descaradamente en la campaña electoral chilena en la que fue nuevamente “derrotado” el candidato de las fuerzas populares, Salvador Allende. Resultó el electo el presidente democristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970); quien levantó la demagógica consigna de “revolución con libertad y sin sangre”.

1965:
Cuarenta y dos mil efectivos de las fuerzas armadas estadounidenses —apoyados por la OEA, por la JID y por un destacamento de las Fuerzas Armadas brasileñas— intervinieron en República Dominicana con vistas a derrotar la Revolución popular y constitucionalista encabezada por el coronel Francisco Caamaño Deñó. Tal levantamiento popular perseguía el retorno a la presidencia del afamado intelectual y político Juan Bosch; quien –cumpliendo instrucciones de la Casa Blanca— fue retenido en Puerto Rico por el gobernador colonial Luis Muñoz Marín (1949-1965).

Paralelamente, con el respaldo de Estados Unidos, la recién estrenada dictadura militar boliviana encabezada por los generales René Barrientos y Alfredo Ovando (ambos integrantes de la Junta Militar que, a fines de 1964, había derrocado al segundo gobierno constitucional de Víctor Paz Estenssoro) desplegó una brutal e indiscriminada represión contra el movimiento popular; en primer lugar, contra los combativos trabajadores mineros y contra el movimiento estudiantil. En la organización de las estructuras represivas de ese régimen terrorista tuvo una participación destacada el connotado oficial de la SS hitleriana y agente de la CIA, Klaus Barbie, históricamente conocido como “el carnicero de Lyon”.

1966:
Con el declarado apoyo de la Casa Blanca, un golpe militar capitaneado por el fatídico general Alejandro Lanusse, derrocó al presidente constitucional argentino Arturo Illia (1963-1966). Este fue “institucionalmente” sustituido por el general Juan Carlos Onganía (1966-1970), quien durante su mandato y con el respaldo de la Logia fascista italiana P2 (Propaganda Política), colocó los primeros pilares político-ideológicos, económicos y militares del brutal régimen terrorista de Estado que se instauró en ese país suramericano una década después.

Al mismo tiempo, y como fruto de la ilegitima intervención militar “hemisférica” del año precedente, asumió nuevamente la presidencia “constitucional” de República Dominicana el trujillista Joaquín Balaguer. Este –con el indeclinable respaldo del establishment de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos— implantó, durante doce años consecutivos (1966-1978) un régimen cívico-militar terrorista que costó la vida a cientos de dominicanos y dominicanas.

Paralelamente, la Casa Blanca y el gobierno británico conspiraron para mediatizar los procesos de descolonización que se venían desarrollando en la cuenca del Caribe. Así, en Jamaica, mediante el empleo de diversos medios (incluido la violencia política) favorecieron las sucesivas victorias electorales de los candidatos del derechista Partido Laborista de Jamaica (JLP) y, en Guyana, hicieron todo lo que estuvo a su alcance –incluido el estímulo por parte de la CIA de conflictos raciales entre la población afro americana y de origen hindú—, para evitar una nueva victoria electoral del ya estigmatizado candidato socialista del PPP, Cheddi Jagan.

1967:
La confrontación histórica entre el latinoamericanismo y el panamericanismo se simbolizó en la celebración en Punta del Este, Uruguay, bajo la conducción de Lyndon B. Johnson, de la Segunda Conferencia de Presidentes Americanos y en la realización, en La Habana, de la Primera Conferencia de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Unos meses después, cumpliendo órdenes de la Casa Blanca, y antecedido por la criminal Matanza de la Noche de San Juan (23 de Junio) y por otras brutales medidas terroristas contra la población civil, fueron vilmente asesinados en Bolivia el comandante Ernesto Che Guevara y otros combatientes internacionalistas integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de ese país. En tales crímenes tuvieron una destacada participación diversos agentes de la CIA, así como los asesores militares estadounidenses directamente vinculados a la dictadura del general René Barrientos y al Jefe del Ejército, general Alfredo Ovando.

Paralelamente en Uruguay, y con el apoyo del gobierno estadounidense y de la dictadura de “seguridad nacional brasileña” (ahora capitaneada por el general Artur Da Costa e Silva (1967-1969)— se instaló constitucionalmente en el gobierno el dueto integrado por el ex general Óscar Gestido y por su vicepresidente Jorge Pacheco Areco.

Con el apoyo de Estados Unidos también asumió en este año la presidencia “constitucional” de Nicaragua, el último descendiente de la dinastía somocista, el entonces Jefe de Guardia Nacional Anastasio Tachito Somoza; quien durante sus doce años de mandato (1967-1979) fortaleció el régimen terrorista de Estado instaurado por su predecesores.

1968:
Con el apoyo de la Casa Blanca y de las dictaduras de seguridad nacional de Argentina y Brasil, se comenzó a institucionalizar en Uruguay la “dictadura cívico-miliar” de Óscar Gestido y Jorge Pacheco Areco; quienes durante sus sucesivos mandatos (1967-1971) generalizaron la represión, el crimen y la tortura de sus opositores políticos. Así sentaron las bases del régimen terrorista de Estado que se instauró en la otrora llamada “Suiza de Suramérica” entre 1972 y 1985. En esa evolución, tuvieron un papel determinante los asesores de la CIA, con fachada de Funcionarios de la AID, encabezados por el tristemente célebre “maestro de torturadores” Dan Mitrione, posteriormente ajusticiado por el Movimiento de Liberación Nacional Tupac Amaru.

Paralelamente, en México el pro imperialista gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) provocó la llamada “Matanza de Tlatelolco". Como respuesta a la misma se produjo una ola de indignación y luchas populares desarmadas y armadas. Estas fueron contenidas mediante el despliegue de una brutal estrategia represiva, particularmente en las zonas rurales y urbanas donde operaban el Movimiento de Acción Revolucionaria y el Frente Urbano Zapatista.

Ir Arriba


9.- LA “DOCTRINA NIXON”

1969:
Con el apoyo del entonces recién electo presidente republicano Richard M. Nixon (1969-1976) y de la Marina de guerra estadounidense, la Royal Dutch Army de Holanda desembarcó más de mil paracaidistas con vistas a sofocar una poderosa sublevación popular, encabezada por el recién constituido Frente Obrero y de Liberación de Curazao. Simultáneamente, la Casa Blanca comenzó a desarrollar diversas estrategias –incluidas la aplicación de sanciones económicas— contra los gobiernos militares nacionalistas de Perú y Panamá, liderados desde el año precedente, por el general Juan Velasco Alvarado y por el teniente coronel Omar Torrijos, respectivamente.

A la par, Nixon y su entonces jefe del Consejo Nacional de Seguridad, Henry Kissinger, organizaron un viaje por Suramérica del multimillonario y otrora Coordinador de la Oficina de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Nelson Rockefeller; quien elaboró un informe donde propuso el “reforzamiento del sistema de “seguridad colectiva” del Hemisferio Occidental y de la OEA. También recomendó estrechar los vínculos de Estados Unidos con los círculos militares de América Latina y fortalecer “los esfuerzos propios” que estaban desarrollando algunos gobiernos latinoamericanos y caribeños para “conjurar la revolución social”. Se sentaron así algunos de los pilares de la “Doctrina Nixon”. En oposición a las intervenciones militares, más o menos directas, ejecutadas por sus predecesores, esta pretendía “latinoamericanizar” la represión en el Hemisferio Occidental.

1970:
Con vistas a tratar de frustrar la victoria electoral del candidato de la Unidad Popular chilena, Salvador Allende, la CIA emprendió diversas acciones (incluido el alevoso asesinato del entonces jefe del ejército, general René Schneider) dirigidas a provocar una crisis institucional que propiciara un golpe de Estado. Ante la decisión del Congreso chileno de ratificar la victoria electoral de Allende, la administración Nixon –junto a las fuerzas más reaccionarias de la sociedad chilena— emprendió un sistemático plan de desestabilización económica, política y militar de ese gobierno popular.

Paralelamente, la Casa Blanca y el gobierno del Reino Unido respaldaron las draconianas medidas represivas emprendidas por el premier Eric Williams (1962-1981) con vistas a sofocar, a sangre y fuego, el violento estallido popular encabezado por el National Joint Action Committee en Trinidad y Tobago. Tal represión se produjo bajo la mirada cómplice de las fuerzas militares estadounidenses acantonadas en la base militar de Chaguaramas, instalada en esa nación caribeña desde la Segunda Guerra Mundial.

1971:
Con el respaldo de la Casa Blanca, de la Embajada estadounidense en La Paz, así como de las dictaduras militares de Brasil y de Argentina, los sectores más reaccionarios de las fuerzas armadas y de las clases dominantes bolivianas desencadenaron un sangriento golpe de Estado contra el gobierno del general Juan José Torres (1970-1971), quien –con el respaldo y la presión del movimiento popular— encabezó un nuevo intento cívico-militar por actualizar y llevar a vías de hecho los principales postulados democráticos y nacionalistas de la traicionada Revolución boliviana de 1952. Como consecuencia de ello se instauró la sanguinaria dictadura terrorista del general Hugo Banzer Suárez (1971-1979).

Posteriormente, se develó un nuevo (y frustrado) plan de la CIA con vistas a asesinar al presidente cubano Fidel Castro durante las visitas oficiales realizadas a Chile, Perú y Ecuador. Igualmente, se conocieron nuevos detalles de los planes desarrollados por el gobierno y por algunas empresas transnacionales norteamericanas –como la International Telephone and Telegraph (ITT)— dirigidas a crear las condiciones político-militares que, dos años más tarde, le permitieron derrocar violentamente al gobierno popular de Salvador Allende.

Luego de la muerte por causas naturales de François Duvalier, y con el apoyo de la Casa Blanca, asumió el gobierno de Haití su hijo Jean-Claude Duvalier (Baby Doc); quien en ese momento sólo tenia 19 años de edad. Continuó así, hasta 1986, el régimen terrorista instaurado en ese país desde 1957.

1972:
El establishment de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, la Junta Interamericana de Defensa (radicada en Washington) y las sanguinarias dictaduras de Guatemala y Nicaragua se implicaron de manera directa en la cruenta derrota de la sublevación popular –respaldada por el Movimiento de Jóvenes Militares— que estalló en El Salvador como reacción ante el descarado fraude electoral contra el candidato de la Unión Nacional Opositora, Napoleón Duarte, protagonizado por el testaferro de la oligarquía salvadoreña, coronel Armando Molina. Luego de esos sangrientos acontecimientos, en las siguientes dos décadas, una nueva ola de “terror blanco” estremeció a El Salvador.

Paralelamente la Casa Blanca mantuvo su respaldo al régimen de terror instalado en Guatemala tanto por el gobierno del Dr. Julio César Méndez Montenegro (1996-1970), como por el general Carlos Arana Osorio (1970-1974). Este último aplicó una estrategia genocida en las zonas indígenas donde operaban las principales organizaciones guerrilleras guatemaltecas. Igual –con el respaldo de la CIA— emprendió una brutal represión en las principales ciudades del país.

1973:
Con la participación de la Casa Blanca, del Pentágono, de la CIA, al igual que de la ITT, la Braden Cupper Corporation y de otros monopolios norteamericanos, así como antecedido por el férreo bloqueo de los organismos financieros internacionales (FMI, BM) e interamericanos (BID), fue derrocado y asesinado el presidente constitucional chileno Salvador Allende. Se inició así el prolongado régimen de terror instaurado por la dictadura militar fascista (1973-1990) del general Augusto Pinochet.

Previamente, con el respaldo de los Estados Unidos y de las “dictaduras de seguridad nacional” instauradas en Brasil y Paraguay, se institucionalizó en Uruguay la dictadura terrorista del general Juan María Bordaberry (1971-1976).

Al mismo tiempo, con el contubernio de la Embajada norteamericana en Buenos Aires y de los regímenes de seguridad nacional antes referidos, comenzaron a formarse los primeros grupos terroristas –como la Alianza Anticomunista Argentina—, que mediante la eliminación física, individual o colectiva de importantes cuadros y activistas de las organizaciones de izquierda –peronistas y no peronistas— comenzaron a desestabilizar al recién instaurado “gobierno Cámpora-Perón”.

A su vez, la Casa Blanca y su poderosa misión militar en República Dominicana respaldaron la decisión del segundo gobierno “constitucional” de Joaquín Balaguer (1970-1974) de asesinar, a sangre fría, al líder constitucionalista Francisco Caamaño Deñó y a sus principales seguidores. Estos habían desembarcado en ese país con vistas a iniciar la lucha armada guerrillera.

Paralelamente, con el respaldo de los imperialismos anglosajones el gobierno colonial de Granada, encabezado por el dictador Eric Gairy, emprendió una draconiana represión contra los luchas por la verdadera independencia de esa pequeña isla caribeña; entre ellas, el ametrallamiento de una pacífica manifestación popular que pasó a la historia de ese país como “el domingo sangriento”.

1974:
Como parte de su política de agresiones económicas hacia el continente, la Casa Blanca promulgó una nueva Ley del Comercio, de cuyos beneficios quedaron excluidos Venezuela y Ecuador por ser integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Asimismo, amenazó con represalias parecidas a los demás países del continente (Perú, Panamá, Ecuador, Jamaica, Guyana,...) que, por aquellos años, se integraron a diversas organizaciones internacionales dirigidas a defender los precios de sus principales productos de exportación, por ejemplo, el banano, el cobre, el estaño, la bauxita y el petróleo.

A su vez, luego de la muerte de Juan Domingo Perón (1ro de julio de 1974), el agente de la CIA José López Rega, entonces Ministro de Bienestar Social del débil gobierno de Isabel Martínez (1974-1976), emprendió una oleada de acciones terroristas contra el movimiento popular. A la vez, comenzó a conspirar con el sanguinario y corrupto Jefe de la Marina de guerra, almirante Emilio Massera, con vistas a producir un “golpe blanco” o un nuevo “pronunciamiento militar”.

Paralelamente, como respuesta a la ola de huelgas que sacudieron al país en los dos años precedentes, el gobernador colonial de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón (1973-1977), emprendió –con el apoyo de la administración de Gerald Ford (1974-1977), del FBI y de la Guardia Nacional—una brutal política represiva contra el moviendo popular y contra las principales organizaciones independentistas.

1975:
Según se ha documentado, desde este año el ya Secretario de Estado Henry Kissinger (1973-1977) fue informado por el Embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert Hill, de que en Argentina se estaba preparando un nuevo golpe militar que –por su crueldad— implicaría graves violaciones a los derechos humanos. Paralelamente, el almirante Emilio Massera comenzó a entrenar en Estados Unidos a efectivas de la Marina en técnicas de contrainsurgencia y el entonces Jefe del Ejército, general Jorge Videla, viajó a West Point, Estados Unidos. También participó en la reunión de Jefes de Ejércitos Latinoamericanos –organizada por la JID y efectuada en Montevideo— con el propósito de construir las alianzas internacionales que facilitan la coordinación de la actividad represiva con el SOUTHCOM y con las dictaduras terroristas ya entronizadas en Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.

Paralelamente, en Perú se produjo un “golpe blanco” contra el ya enfermo general y presidente Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Este fue sustituido por el también general Francisco Morales Bermúdez, quien de inmediato y favorecido por las recomendaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, firmó diversos acuerdos “neoliberales” con el FMI que rápidamente erosionaron el ímpetu popular y nacionalista del movimiento militar que se había iniciado en 1968. En consecuencia, durante su mandato (1975-1980) tuvo que emprender violentas medidas represivas contra el movimiento popular.

1976:
Con el conocimiento del presidente estadounidense Gerald Ford y del Secretario de Estado, Henry Kissinger, se instauró en Argentina una sanguinaria Junta Militar encabezada por el Jefe del Ejército, general Jorge Videla. En ese contexto, con el consentimiento de los servicios especiales estadounidenses, se estructuraron las llamadas “Operación Murciélago” y “Operación Cóndor” mediante las cuales las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay se coligaron para desarrollar una de las más sádicas “cacerías” de que han sido víctimas prominentes dirigentes populares y revolucionarios del continente.

A esa “multinacional de la represión y el terror” —encabezada por los dictadores de Chile y Paraguay, Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner, respectivamente— también se vincularon la dictadura de Eric Gairy en Granada, las principales dictaduras militares centroamericanas y algunas organizaciones contrarrevolucionarias de origen cubano, amamantadas por el establishment de seguridad de Estados Unidos. Éstas, guiadas por la consigna de llevar “la guerra contra Cuba a todos los rincones del mundo”, realizaron más de 279 acciones terroristas contra diversos objetivos civiles en Europa occidental, América Latina y el Caribe; entre ellas, la sádica voladura en pleno vuelo de un avión civil de la compañía Cubana de Aviación que cumplía su ruta comercial entre diferentes islas del Caribe el 6 de octubre de 1976.

Ir Arriba


10.- LAS VACILACIONES DE JAMES CARTER

1977:
Rodeado de promisorios augurios para las relaciones interamericanas, ocupó la Casa Blanca el presidente demócrata James Carter (1977-1981); quien de inmediato anunció su compromiso de impulsar los derechos humanos y las libertades fundamentales en el continente, así como “un multifacético plan de desarrollo para el Caribe”. Sin embargo, denotando los límites de esa política, realizó pronunciamientos favorables a la eventual anexión de Puerto Rico y la Casa Blanca admitió otro sangriento golpe de Estado en El Salvador dirigido a desconocer la victoria electoral al entonces candidato presidencial de la Unión Nacional de Oposición, el coronel retirado Ernesto Claramount. Como resultado se apoderó de la presidencia el sanguinario general Carlos Humberto Romero (1977-1979). Asimismo, la Casa Blanca mantuvo sus vínculos con el general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), a pesar de la brutal política represiva desplegada a lo largo de su mandato.

Paralelamente, la administración Carter adoptó una actitud contemporizadora frente a los restantes regímenes terroristas de Estado instaurados en el continente, sobre todo, después que la mayor parte de estos decidieron romper sus tratados militares con Estados Unidos. Así se expresó en Conferencia Interamericana sobre Derechos Humanos convocada por la OEA en Granada. En esta el Secretario de Estado norteamericano, Cyros Vance, aceptó las presiones de los representantes tales gobiernos militares. Estos se opusieron a que la conferencia condenara las brutales violaciones a todos los derechos humanos que estaban produciendo en América Latina y el Caribe.

1978:
Con vistas a impedir el fraude electoral, así como un eventual golpe de Estado organizado por los partidarios del “dictador civil” dominicano Joaquín Balaguer, la administración Carter emprendió una nueva “intervención democrática” en ese país. Esta favoreció al terrateniente “socialdemócrata” Silvestre Guzmán Fernández (1978-1982) quien, para pagarle el favor, abrió aún más las puertas de su país a la penetración económica, política y militar de Estados Unidos.

Paralelamente - y contrariando los deseos de la Casa Blanca-, la dictadura de Anastasio Tachito Somoza (1957-1979) asesinó al director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro. A pesar de ello y de los continuos avances del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la administración Carter emprendió diversas maniobras para preservar su sistema de dominación sobre ese país e instaurar lo que se definió como “un régimen somocista sin Somoza”. Previamente, dándole continuidad a la política de “aliados privilegiados”, Carter procuró restablecer la armonía de sus relaciones con las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Uruguay y Paraguay. Conforme a esa política, las transnacionales norteamericanas acrecentaron sus jugosas inversiones en la región y la banca transnacional —apoyada por el FMI y el BM— continuó transfiriéndoles abultados créditos a esas dictaduras militares; esto a pesar de que era evidente que una parte de esos créditos se dirigían a la adquisición de armamentos en diversos países aliados de los Estados Unidos, tales como Alemania, Israel y Corea del Sur.

1979:
Con el propósito de impedir la victoria del FSLN, en la XVIII Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, la Casa Blanca —con el respaldo de las dictaduras militares de Guatemala, Honduras y El Salvador— propuso la formación de una Fuerza Interamericana de Paz para intervenir en Nicaragua. Tal propuesta fue rechazada. Sin embargo, desde el SOUTHCOM (radicado en Panamá) las fuerzas armadas estadounidenses continuaron suministrándole a la dictadura de Somoza todos los recursos militares necesarios para reprimir la insurrección pueblo nicaragüense. A pesar de ello, el 19 de julio, se produjo la victoria de la Revolución Sandinista. No obstante sus amplios enunciados programáticos, los círculos de poder estadounidenses comenzaron a conspirar contra la misma, al igual que contra la naciente revolución que bajo la dirección de Maurice Bishop se había producido en la pequeña isla de Granada.

Igualmente, la administración Carter provocó una “minicrisis” en sus relaciones con Cuba. En ese contexto, el Pentágono organizó diversas maniobras militares agresivas en la región; incluidas las que se efectuaron la Base Naval ubicada en la Bahía de Guantánamo.

Previamente, y para disgusto del general Omar Torrijos, el Senado estadounidense había aprobado las llamadas “Enmienda Conchini” y la “Ley Murphy” como condición imprescindible para aprobar los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Ambos instrumentos jurídicos –aceptados por la Casa Blanca— vindicaron, una vez más, el supuesto derecho norteamericano a “proteger” ad infinitum el Canal de Panamá.

Paralelamente, con la complicidad del establishment de seguridad de Estados Unidos, se consolidó en Honduras la “narcodictadura” del general Policarpo Paz Díaz (1978-1981) y –con la intervención de la Embajada de Estados Unidos— fue “neutralizada” una sublevación de la Organización de Jóvenes Militares de El Salvador. Como resultado, se formó una Junta Cívica Militar, en las que conservaron su poder los sectores represivos de las Guardia Nacional y del Servicio de Inteligencia Militar.

Por otra parte, con el decidido apoyo de la dictadura militar argentina se instauró en Bolivia la “narcodictadura” presidida por el general Luis García Meza. Esta, al igual que su predecesora, implantó un régimen de terror en todo el país.

1980:
Pese al alevoso asesinato de tres monjas estadounidenses y del Obispo de San Salvador, monseñor Arnulfo Romero, así como del ambiente de terror que existía en ese país centroamericano entonces gobernado por una represiva Junta Cívico-Militar impulsada por el establishment de seguridad de Estados Unidos, la Casa Blanca incrementó su ayuda económica y militar a El Salvador; incluido el envío de nuevos asesores militares que tenían la misión de formar batallones antiguerrilleros capaces de derrotar a las fuerzas político-militares del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Paralelamente, la administración Carter desplegó un exitoso plan dirigido a derrotar mediante un virtual “golpe de Estado” al premier jamaicano Michael Manley (quien fue “electoralmente” sustituido como Primer Ministro por el líder derechista del JLP, Edward Seaga) y conspiró con la monarquía constitucional de Holanda con vistas a derrocar al gobierno progresista del sargento Desy Bouterse (1980-1987) en Surinam.

Asimismo, la Casa Blanca mantuvo su respaldo al reaccionario gobierno del liberal colombiano Julio César Turbay Ayala (1978-1982) a pesar de que este –y su reaccionario Ministro de Defensa, general Luis Carlos Camacho Leyva— habían emprendido draconianas medidas represivas con vistas a derrotar el creciente descontento popular contra su administración. Tan grave era la situación que la conocida institución Amnistía Internacional publicó un informe condenando duramente al gobierno colombiano.

Paralelamente, se produjo un acentuado proceso de militarización en el Mar Caribe. Como parte de este, se efectuaron potentes maniobras militares estadounidenses en la mal llamada “Base Naval de Guantánamo; en las cercanías del Canal de Panamá; en Puerto Rico y a lo largo y ancho del Mar Caribe y del Golfo de México. A decir de Carter, esas y otras acciones militares iban dirigidas a “defender los intereses de Estados Unidos en la región”, así como a “satisfacer las solicitudes de ayuda por parte de sus aliados y amigos”; entre ellos, el régimen terrorista implantado desde 1971 por Jean-Claude Duvalier (Baby Doc) en Haití y al represivo gobierno del terrateniente “socialdemócrata” dominicano Silvestre Guzmán Fernández; quien recibió a varios delegaciones de altos Oficiales de las fuerzas armadas estadounidenses. Estos venían propugnando la conformación de un “sistema de seguridad colectiva” en el Mar Caribe dirigido a “enfrentar la agresión cubana y soviética en esa parte del hemisferio occidental”; idea que encontró algunos oídos receptivos entre los gobiernos derechistas que entonces preponderaban en el Caribe Oriental; en particular en el derechista Primer Ministro de Barbados, Tom Adams, quien propugnó –con el apoyo del SOUTHCOM— la conformación de un Sistema de Servicios Conjuntos de las Guardias costeras, las magistraturas y los cuerdos policiales de los países integrantes de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO).

En contraste, la administración Carter le suspendió la ayuda económica a la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua.

Ir Arriba


11.- LAS “GUERRAS SUCIAS”

1981:
Llegó a la presidencia de los Estados Unidos el candidato de los sectores más reaccionarios del Partido Republicano, Ronald Reagan, acompañado —en carácter de vicepresidente— por uno de los ex jefes de la CIA, George H. Bush. En consecuencia, la Casa Blanca desplegó una intensa ofensiva dirigida a estrechar sus relaciones con todas las dictaduras militares, con todas las “democracias-represivas” y con todos los gobiernos conservadores instaurados en América Latina y el Caribe. En correspondencia con esa decisión, se efectuaron en Washington varias reuniones secretas con diversos dictadores militares.

En ese contexto, y dándole continuidad a los acuerdos adoptados en Washington el año precedente con varios dirigentes de la Internacional Demócrata Cristiana, la Casa Blanca respaldó la represiva y contrainsurgente Junta Militar-Demócrata Cristiana instalada en El Salvador bajo la presidencia de José Napoleón Duarte (1980-1982).

A su vez, con el apoyo de los gobiernos de El Salvador, Costa Rica, Honduras y, más tarde, de Colombia y Venezuela, se institucionalizó la llamada Comunidad Democrática Centroamericana (CDCA) enfilada a agredir a la Revolución sandinista y a sofocar las multiformes luchas por la democracia y la justicia social que se desplegaban en El Salvador, Honduras y Guatemala. En ese contexto, los gobiernos de estos países –con el apoyo de la dictadura militar argentina y de la CIA— comenzaron a organizar las bandas contrarrevolucionarias nicaragüenses ya asentadas en el territorio de Honduras y, en menor medida, en Guatemala. Se comenzaron a crear así las condiciones de “las guerras sucias” –calificadas en el argot militar estadounidense como “conflictos de baja intensidad”—, libradas por el dúo Reagan-Bush en Centroamérica.

En medio del despliegue de esa política pereció en un extraño accidente aéreo el líder del pueblo panameño, general Omar Torrijos.

1982:
El presidente Ronald Reagan –en consuno con los reaccionarios primeros ministros de Barbados, Tom Adams, y de Jamaica, Edward Seaga— anunció la denominada Iniciativa para la Cuenca del Caribe que –independientemente de sus derivaciones económico-comerciales posteriores—, sirvió de fachada para el despliegue de un intenso plan contrarrevolucionario en la Cuenca del Caribe. Con tal fin, y siguiendo las directrices del Pentágono, los gobiernos conservadores que entonces integraban la Organización del Caribe Oriental (OECO), finalmente firmaron un Acuerdo de Cooperación Regional en Asuntos de Seguridad que se venía impulsando desde el año 1980. Previamente, la Casa Blanca y la dictadura militar chilena habían apoyado las acciones militares emprendidas por la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, con vistas a preservar el dominio colonial británico sobre las Isla Malvinas.

Posteriormente, Reagan realizó un viaje a Costa Rica y Honduras. En este último país obtuvo el apoyo del presidente Roberto Suazo Córdova (1982-1986), del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (COSUFA) y del entonces Ministro de Defensa, general Guillermo Álvarez Martínez para transformar a esa nación en la principal “plaza de armas” de la “guerra sucia” desatada durante una década por los Estados Unidos contra la Revolución sandinista. Como parte de esa estrategia, la Casa Blanca y las iglesias fundamentalistas de Estados Unidos respaldaron la genocida política de “tierra arrasada” emprendida por el nuevo dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt (1982-1983).

1983:
Luego del oscuro asesinato de Maurice Bishop y de otros de sus compañeros de lucha, las fuerzas armadas estadounidenses con el apoyo simbólico de la OECO, emprendieron una brutal invasión contra la pequeña isla de Granada. En el propio año, al socaire de la llamada Iniciativa para el Caribe, la Casa Blanca y el Pentágono desplegaron un intenso proceso de militarización de las naciones centroamericanas y caribeñas. Como consecuencia se fortalecieron las dictaduras militares o cívico-militares de El Salvador, Honduras y Guatemala. Lo antes dicho posibilitó el restablecimiento de las criminales labores del Consejo de Defensa Centroamericano (ahora integrado por las fuerzas armadas de Honduras, El Salvador, Guatemala y los Estados Unidos) que habían sido interrumpidas, luego de la “guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador (1969).

Asimismo, se montó un poderoso dispositivo militar estadounidense en Honduras que incluyó diversas bases militares y la acción de un batallón secreto que, al menos hasta 1984 (fecha en que fue expulsado de ese país el general Guillermo Álvarez Martínez, bajo la dirección de la CIA y del Embajador estadounidense John Dimitri Negroponte, se encargó de desarrollar la “guerra sucia” en el territorio hondureño.

1984:
Con vistas a debilitar las resistencias que existían en el Congreso estadounidense hacia su estrategia contrarrevolucionaria en Centroamérica, la Casa Blanca formó una Comisión Nacional Bipartidista presidida por el ex Secretario de Estado Henry Kissinger. Aunque en su informe final se hicieron algunas recomendaciones “reformistas” en el terreno económico, social y político, al final preponderaron sus filos geopolíticos y contrainsurgente; de ahí que sus recomendaciones contribuyeran a extender, por seis años más, la agresión norteamericana contra Nicaragua; por nueve años más, los alevosos crímenes que se cometieron en El Salvador; y por doce años adicionales el genocidio –incluido el etnocidio— que se venía perpetrando en Guatemala.

Igualmente, influyeron en la prolongación de la ocupación militar del territorio hondureño por parte de los Estados Unidos, y en los múltiples abusos y crímenes ejecutados por el Ejército hondureño, por la “contra nicaragüense” y por la soldadesca norteamericana contra diversos líderes populares, así como contra la población civil de ese país centroamericano.

De la misma forma, la administración Reagan incrementó sus presiones sobre el al Presidente boliviano, Hernán Siles Zuazo (1982-1985) – el frente de una coalición de fuerzas de izquierda había llegado al gobierno luego del golpe de Estados de 1982 contra la “narcodictadura” del general Luis García Mesa— para que emprendiera –incluso con el empleo del Ejército— un vasto programa de erradicación de las plantaciones de hojas de coca existentes en ese país.

1985:
Ante la profunda crisis que ya comenzaban a sufrir los “regímenes de seguridad nacional” instaurados desde 1964 en Suramérica, la Casa Blanca maniobró con vistas a neutralizar las acrecentadas demandas del movimiento popular. Así, en Argentina –donde, desde 1984, ocupaba la Presidencia el líder del Partido Radical, Raúl Alfonsín— el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el FMI comenzaron a impulsar un draconiano y socialmente costoso programa de “ajuste fiscal” dirigido a garantizar el pago de la abultada deuda externa contraída por el depuesto régimen militar. Presiones parecidas tuvo que soportar el recién inaugurado gobierno brasileño encabezado por el dúo formado por el presidente Tancredo Neves (murió en 1985) y por el vicepresidente José Sarney; quien ocupó la primera magistratura hasta 1990.

Igualmente, el gobierno uruguayo presidido –luego de una negociación con las fuerzas armadas— por el hasta entonces proscrito líder del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti (1985-1990).

También todos los gobiernos integrantes, desde 1973, de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el presidente “socialdemócrata” dominicano Salvador Jorge Blanco (1982-1986). Para cumplir los compromisos con los acreedores –con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la anuencia de la Embajada estadounidense— este tuvo que emprender brutales medidas represivas contra el movimiento popular. Salvando las diferencias, algo parecido ocurrió en Chile. En ese país, el régimen del general Augusto Pinochet, asediado por las protestas populares, trató de superar la ilegitimidad de su mandato abriendo canales de diálogo con la “oposición burguesa” y mediante una nueva arremetida terrorista contra el movimiento popular.

1986:
Gracias a un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Francia, pudo abandonar impunemente Puerto Príncipe el dictador haitiano Jean-Claude Duvalier (Baby Doc), quien había sido derrocado por una revuelta popular. “Santificado” por la Casa Blanca, lo sustituyó un Consejo General de gobierno, en el que tenía un peso decisivo el sanguinario general Henry Namphy.

Paralelamente, la prensa estadounidense comenzó a develar los detalles de lo que posteriormente se denominó el “escándalo Irán-contra”;o sea, la estrecha vinculación de altos funcionarios del gobierno de Ronald Reagan —entre ellos, el integrante del Consejo Nacional de Seguridad, coronel Oliver North— y de sus asesores militares en El Salvador, con el tráfico de drogas y el contrabando de armas provenientes de Irán y dirigidas a desplegar su “guerra sucia” contra la Revolución sandinista. Esa denuncia debilitó la estrategia norteamericana contra Centroamérica, lo que facilitó la acción diplomática del Grupo de Contadora (integrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela) y del llamado “grupo de amigos de Contadora” (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay). Estos y otros gobiernos democráticos suramericanos, integraron el Grupo de Concertación y Cooperación de Río de Janeiro, conocido como “el grupo de Río”.Pese a las resistencias oficiales estadounidenses, dicho grupo propugnó una “salida política-negociada a la crisis centroamericana. También demandó negociaciones con los acreedores para resolver “la crisis de la deuda externa” que afectaba el continente desde 1982.

Paralelamente, sobre la base de su reciente definición del “narcotráfico” como un peligro para “la seguridad nacional” de Estados Unidos, el dúo Reagan-Bush comenzó a presionar a los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro (1986-1990) en Bolivia, Alan García (1985-1990) en Perú y Virgilio Barco (1986-1990) en Colombia con vistas a que emprendieran la posteriormente llamada “guerra contra las drogas”. Con la “ayuda” estadounidense, las fuerzas militares colombianas y peruanas, así como sus grupos “paramilitares” se implicaron en una brutal represión contra la población campesina residente en las zonas donde operaban las denominadas “narcoguerrillas”.

Simultáneamente, en Bolivia un contingente del SOUTHCOMAND comenzó a participar directamente en el militarizado “Plan Dignidad” dirigido a erradicar la producción de hojas de coca en diversas zonas del país. Con esa ayuda –y utilizando parte del arsenal del terrorismo de Estado— el ya antipopular gobierno de Paz Estenssoro comenzó una dura represión contra los opositores al “ajuste fiscal” elaborado por el FMI y contra los campesinos, los trabajadores rurales y las comunidades indígenas productoras de hojas de coca.

1987:
Para tratar de contener la intensa movilización popular que se desarrollaba en Haití, así como para “controlar” los resultados de las elecciones programadas para fines de ese año, las Fuerzas Armadas de Haití (FAH) –en particular, el batallón Leopardo, entrenado y equipado por Estados Unidos— y “escuadrones de la muerte” formados por los servicios de seguridad emprendieron diversos actos terroristas contra sectores de la población; entre ellos, la Masacre de Jean Rabel (en la que fueron ultimados más de mil campesinos) y el asesinato del líder del Movimiento Democrático para la Liberación de Haití, Louis-Eugène Athis. No obstante, la Casa Blanca elogió a los altos mandos de las FAH por haber “liberalizado” el régimen, duplicó su ayuda financiera y envió asesores militares para entrenar al Ejército haitiano en acciones antimotines. También altos funcionarios estadounidenses se reunieron varias veces de manera secreta con el criminal general haitiano William Régala y el Pentágono envió diversas naves de guerra y 2 4000 marines a realizar “maniobras” frente a las costas de Haití.

Paralelamente, gracias a la resistencia de la Revolución sandinista, al “empate estratégico” que se había producido en El Salvador, a los cambios políticos que, desde el año precedente, se habían provocado en Costa Rica, Honduras y Guatemala, así como al respaldo de diversos organismos internacionales, todos los mandatarios centroamericanos [Óscar Arias (1986-1990); José Napoleón Duarte (1984-1989); Vinicio Cerezo (1986-1991); José Simón Azcona (1986-1990) y Daniel Ortega(1984-1990)] concluyeron los Acuerdos de Esquipulas, Guatemala. Estos estipularon, entre otras cosas, la retirada de la región de todas las fuerzas militares extranjeras, no apoyar a fuerzas irregulares y movimientos insurreccionales centroamericanos y a no permitir que sus correspondientes territorios fueran empleados para agredir a otros Estados.

Sin embargo, ese proceso no paralizó la “guerra sucia” de Estados Unidos contra Nicaragua, ni las cruentas estrategias contrainsurgentes que –con el decisivo respaldo de la Casa Blanca— continuaban desarrollando los gobiernos y las Fuerzas Armadas de El Salvador y Guatemala. Tampoco eliminó la virtual ocupación militar de Honduras por las fuerzas militares estadounidenses y por sus sicarios de la “contra” nicaragüense, ni los actos terroristas perpetrados por estas contra la población civil hondureña y nicaragüense.

1988:
Luego de la amañadas elecciones presidenciales en las que –en medio de un clima terrorista y luego de una negociación entre la Casa Blanca y los altos mandos de las FAH— resultó “electo” el antiguo duvalierista Leslei F. Manigat, el general Henri Namphy encabezó un cruento golpe de Estado que, hasta septiembre del propio año (fecha en que derrocado por “un grupo de sargentos”), derogó la Constitución aprobada por el masivo referéndum en 1987 y emprendió una brutal represión contra todas las fuerzas opositoras a su mandato. Pese a las demandas de estas y de diversos congresistas liberales norteamericanos, la Casa Blanca rechazó toda posibilidad de intervenir unilateral o “colectivamente” (a través de la OEA o de la OECO) en “los asuntos internos” de Haití; por el contrario, admitió la constante violación por parte del gobierno de República Dominicana del bloqueo económico contra la nueva dictadura haitiana y reprimió a las oleadas de “emigrantes económicos” que –huyendo de la represión— se dirigían hacia Estados Unidos.

Simultáneamente, la administración Reagan continuó exigiendo la “democratización” del régimen sandinista como condición imprescindible para cumplir los Acuerdos de Esquipulas y, unida al Congreso, emprendió diversas maniobras dirigidas a desestabilizar el gobierno panameño entonces comandado por el ex agente de la CIA y entonces Jefe de las Fuerzas de Defensa de ese país, general Manuel Antonio Noriega. Como parte de esas maniobras, el Pentágono reforzó sus fuerzas militares acantonadas en la Zona del Canal de Panamá con el pretexto de “resguardar” esa vía interoceánica y de “proteger la vida, las propiedades y los intereses estadounidenses” en ese país. En ese contexto, los aparatos ideológicos de Estados Unidos incrementaron sus acusaciones acerca de la vinculación de Noriega con “el narcotráfico internacional”.

A la par, en medio del clima de terror que seguía imperando en Chile, el establishment de la política exterior y de seguridad estadounidense respaldó la decisión del general Augusto Pinochet de convocar un plebiscito dirigido a legitimar la prolongación de su dictadura. Asimismo, pese a su creciente aislamiento interno e internacional, mantuvo su respaldo a la criminal y corrupta satrapía de Alfredo Stroessner, vinculada al contrabando y tráfico de drogas a través del territorio paraguayo.

1989:
El recién electo Presidente estadounidense George H. Bush (1989-1993) aceptó las promesas del millonario general duvalierista Prósper Avril (quien había manipulado “el golpe de Estado de los sargentos” del año precedente) de emprender un proceso de “democratización irreversible” en Haití. Pese a esas promesas –con el silencio cómplice de la Casa Blanca— Avril, luego de derrotar un intento de golpe de Estado del batallón Leopardo, continuó reprimiendo el movimiento popular.

Paralelamente, la Casa Blanca aceleró sus diversas maniobras desestabilizadoras –incluido el bloqueo económico— contra el gobierno panameño. A tal fin –en el contexto de las monitoreadas elecciones que se efectuaron en ese país— incrementó sus fuerzas militares en el Canal de Panamá y, luego de los indefinidos resultados de esos comicios y de una frustrada mediación de la OEA, emprendió una brutal intervención militar contra ese país. Como resultado de ella se instauró el gobierno títere del “civilista” Guillermo Endara (1989-1994) y capturó al general Noriega, quien –sentando un nuevo precedente intervencionista— fue sancionado como “narcotraficante” por los tribunales norteamericanos.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca anunció la Iniciativa Andina Antidrogas. Como parte de la misma se incrementó la ayuda militar y policial a Bolivia, Colombia y Perú. En ese contexto, envió equipos, asesores militares y equipos de Fuerzas Espaciales a Colombia con vistas a ayudar a las Fuerzas Militares de ese país a combatir la “narcoguerrilla” y el “narcotráfico”.

Paralelamente, y sin abandonar su apoyo político-militar a la “contra”, la USAID amplió su llamada “intervención democrática” en Nicaragua y respaldó el golpe de Estado que derrocó en Paraguay a la longeva satrapía de Alfredo Stroessner. Mucho más porque lo sustituyó –primero de facto y, luego, “constitucionalmente”— el general Andrés Rodríguez, previamente vinculado a los crímenes y latrocinios de su predecesor.

1990:
A causa de los duros efectos económicos y sociales de la prolongada “guerra sucia” desarrollada por el dúo Reagan-Bush contra la Revolución sandinista, así como gracias al voluminoso apoyo financiero que la USAID y el National Endowment for Democracy (fundada en 1981, a propuesta de la CIA, por el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos) le concedió a la llamada Unión Nacional de Oposición (en la que participaron importantes figuras somocistas), en las elecciones presidenciales fue derrotado el candidato del FSLN, Daniel Ortega. Con el descarado respaldo oficial estadounidense asumió la Presidencia de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien asimiló las presiones políticas y económicas norteamericanas dirigidas a eliminar los “enclaves sandinistas”, particularmente en el Ejército y en las fuerzas de seguridad nicaragüenses.

En contraste, la Casa Blanca respaldó la llamada “transición pactada a la democracia en Chile”, mediante la cual el ya Presidente Patricio Aylwin (1990-1994), había aceptado la Constitución impuesta por Augusto Pinochet y, por consiguiente, la pervivencia de los denominados “enclaves autoritarios” en diversas instituciones estatales.

Paralelamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial elaboraron el denominado “Consenso de Washington”, cuyas “recetas neoliberales” (expresadas en los llamados Planes de Ajuste Estructural) se convirtieron en un poderoso instrumento intervensionista en los asuntos internos de la mayor parte de los Estados latinoamericanos y caribeños.

Mientras, la administración de George H. Bush promulgó la llamada “Ley Iniciativa para las Américas” dirigida a fomentar un “área de libre comercio” desde “Alaska hasta la Tierra del Fuego”. En ese contexto, comenzaron las negociaciones con el gobierno de Canadá –encabezado por el Primer Ministro conservador Brian Mulroney (1984-1993)— y con el gobierno de México –presidido por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)— del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). Para disgusto de las fuerzas populares canadienses y mexicanas, así como para ciertos sectores de la sociedad estadounidense, estas concluyeron en 1992.

1991:
Bajo la presión de la Casa Blanca y en contubernio con importantes gobiernos del Hemisferio Occidental (incluido Canadá, cuyo gobierno había ingresado a la OEA en el año precedente), la Asamblea General de esa organización efectuada en Santiago de Chile aprobó el llamado “Compromiso de Santiago de Chile con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano”: pacto que, en los años sucesivos, institucionalizó las llamadas “intervenciones democráticas colectivas” emprendidas, con mayor o menor rectitud y consistencia, por la Secretaria General de la OEA (y su mentor: el gobierno de Estados Unidos) en diversos países latinoamericanos y caribeños.

Las falacias de ese compromiso “panamericano” con la “democracia representativa” rápidamente se demostraron en Haití, donde los sectores más reaccionarios emprendieron un sangriento golpe de Estado contra el recién electo Presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide. Asumió el gobierno el Teniente General duvalierista Raúl Cedrás (1991-1994), quien de inmediato emprendió una sangrienta represión contra la generalizada repulsa popular y, en particular, contra los partidarios de Aristide.

Según las indagaciones históricas, aunque la Casa Blanca lamentó “el derrocamiento de un gobierno constitucional electo democráticamente”, pronto comenzó a “enviar señales confusas” que disociaban “el retorno a la democracia” del regreso de Aristide de su exilio venezolano; lo que alentó a los golpistas a mantenerse en el poder, así como a continuar sus crímenes y latrocinios, incluida su estrecha vinculación con el tráfico de drogas, sobre todo porque con extrema displicencia la administración Bush dejó en manos de la OEA la solución del “problema haitiano”.

1992:
Como parte de su prolongada guerra económica y política contra la Revolución cubana y con el apoyo expreso del candidato demócrata a la Presidencia, William Clinton, la Casa Blanca —instigada por la llamada “mafia cubana de Miami” y con el apoyo de los sectores más reaccionarios del Congreso estadounidense— promulgó de la denominada “Enmienda Torricelli”, por medio de la cual se pretendía lograr el asilamiento internacional y la rendición mediante el hambre y las enfermedades del pueblo cubano, así como impulsar la presunta “subversión pacífica y democrática” del gobierno revolucionario de ese país.

A su vez, como parte de la “guerra contra las drogas”, la Casa Blanca, el Pentágono y otras agencias estadounidenses (como la CIA y la DEA) ampliaron su intervención política y militar en Colombia, Bolivia y Perú. En el primero de esos países los asesores militares estadounidenses respaldaron las constantes masacres de la población civil y los asesinatos políticos perpetrados por las Fuerzas Militares o por los grupos paramilitares (las ahora llamadas Auto Defensas Unidas de Colombia) con el contubernio de sucesivos gobiernos y de las Fuerzas Armadas colombianas.

A su vez en Bolivia, con diversas amenazas (incluida la suspensión de la ayuda económica) la administración Bush presionó exitosamente al presidente Jaime Paz Zamora (aliado, entre 1989 y 1993, con el criminal ex dictador Hugo Banzer) para que prosiguiera la militarización de la lucha contra las drogas y la erradicación forzosa de las “plantaciones ilegales” de coca existentes en ese país.

En Perú, el SOUTHCOM fortaleció la base militar de Santa Lucia y apoyó –junto a la CIA— las criminales estrategias contrainsurgentes desplegadas por el régimen cívico-militar de Alberto Fujimori (1990-2000). A pesar de que este había disuelto el Congreso, anulado algunos artículos de la Constitución y encarcelado o asesinado a cientos de opositores políticos so pretexto de la lucha contra “la narcoguerrilla”, su “democracia represiva” fue legitimada por una misión enviada por la OEA en cumplimiento su “Protocolo de Washington”. Este autorizó a esa organización a emprender “intervenciones democráticas” de diversos tipos en cualquiera de sus Estados miembros. Paralelamente, la Casa Blanca mantuvo su displicencia frente a las prácticas terroristas desplegadas en Haití por el dictador Raúl Cedrás; quien, en todo momento, desdeñó la “mediación” de la OEA.

Ir Arriba


12.- LAS “INTERVENCIONES DEMOCRÁTICAS” DE WILLIAM CLINTON

1993:
En correspondencia con su posteriormente denominada “Doctrina de la Expansión de la Democracia y el Libre Mercado” (sucedánea de la “doctrinas” de “contención al comunismo” que, desde 1945, guiaron las estrategias de seguridad nacional de sus antecesores), la recién inaugurada administración del demócrata William Clinton (1993-2001), continuaron los esfuerzos por “reconciliar” al Presidente Jean-Bertrand Aristide (quien ya se encontraba residiendo en Washington) con las criminales fuerzas golpistas encabezadas por el general Raúl Cedrás. Ese empeño concluyó en el llamado Acuerdo de la Isla de Gobernador, ubicada en Nueva York, mediante el cual –a instancias de los “mediadores oficiales estadounidenses”— el mandatario haitiano, a cambio de su retorno al país, se comprometió, entre otras cosas, a disminuir su poder personal, a aplicar las “recetas neoliberales” del Consenso de Washington y a dejar impunes a los autores intelectuales y materiales de los miles de crímenes de lesa humanidad perpetrados por los golpistas. A pesar de esas concesiones, Aristide no pudo regresar a su patria hasta octubre del año siguiente.

Mientras tanto, se mantuvo el embargo económico decretado por la ONU y el bloqueo por parte de fuerzas navales estadounidenses y canadienses de las costas haitianas, así como la contención del flujo de emigrantes hacia Canadá y Estados Unidos, muchos de los cuales fueron brutalmente recluidos en la mal llamada Base Naval de Guantánamo.

Paralelamente, la administración Clinton se implicó en otra “intervención democrática” en Guatemala, cuando su entonces Presidente Jorge Serrano Elías, respaldado por sectores del Ejército, anuló la Constitución y disolvió el Congreso. La falta de apoyo interno y las gestiones internacionales propiciaron la derrota de esa intentona y el nombramiento de Ramiro León Carpio hasta los próximos comicios. A su vez, aplicando la Enmienda Torricelli, la Casa Blanca comenzó a fortalecer el carácter extraterritorial de su guerra económica contra Cuba y a elaborar las estrategias (el llamado “two tracks” de la antes referida enmienda) que debían conducir a la “subversión pacífica y democrática” del gobierno de ese país.

A la par, el Congreso norteamericano continuó amenazando con sus llamadas “desertificaciones” a todos aquellos gobiernos latinoamericanos y caribeños que no “cooperaran” con Estados Unidos en la “guerra contra las drogas”. Muchos de ellos –en primer lugar, los de Bolivia, Colombia, México y Perú— continuaron enviando a sus cuadros militares a recibir entrenamiento “antinarcóticos” en la tristemente célebre Escuela de las Américas y en otras instituciones militares y policiales de Estados Unidos.

1994:
Luego de introducirle las denominadas “enmiendas laboral y medio ambiental” el Congreso estadounidense y la Casa Blanca ratificaron el NAFTA negociado por la administración precedente. En esa ocasión, el Presidente William Clinton convocó a todos los gobiernos “democráticos” del Hemisferio Occidental –con excepción del de Cuba— a la Primera Cumbre de las Américas, cónclave que se efectuó en Miami a fines del propio año.

Previamente, cumpliendo un acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU y luego de fortalecer su bloqueo naval contra Haití, las fuerzas armadas estadounidenses ocuparon ese país. Fiel a los acuerdos de la Isla de Gobernador, Aristide retornó a su patria y, en consulta con la Casa Blanca, nombró un Primer Ministro y facilitó la salida del país de los altos militares implicados en la brutal represión de los años precedentes.

Por otra parte, luego de la firma del NAFTA y acorde con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el Pentágono amplió la preparación y el equipamiento de las Fuerzas Armadas y policiales mexicanas en diversas técnicas “antinarcóticos” y contrainsurgentes, medidas dirigidas, en primer lugar, a extender hacia el Sur el área de seguridad estadounidense y a tratar de derrotar los destacamentos indígenas comandados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que habían realizado un resonante pronunciamiento político-militar a comienzos del año.

Paralelamente, y en contradicción con los acuerdos migratorios firmados entre ambos gobiernos desde 1984, la administración Clinton disminuyó el número de visas entregadas a ciudadanos y ciudadanas cubanas y comenzó a estimular su salida ilegal hacia Estados Unidos, lo que produjo algunos incidentes en la capital de la isla. En respuesta, el gobierno cubano suspendió sus medidas de control sobre las salidas ilegales de aquellos cubanos que quisieran emigrar hacia territorio estadounidense. En ese contexto, la administración Clinton suspendió la “política de puertas abiertas” a todos los emigrantes procedentes de Cuba y comenzó a interceptarlos en alta mar y a confinarlos en la mal llamada Base Naval de Guantánamo.

1995:
Dándole continuidad a su “guerra contra las drogas” y reaccionando frente a las objeciones expresadas por el Presidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) frente a la política interna y externa seguida por su antecesor, la Casa Blanca y la maquinaria de la propaganda política exterior de Estados Unidos amplificó las acusaciones de que el mandatario colombiano había recibido “dineros calientes” provenientes del “narcotráfico” para su campaña electoral, lo que deterioró sensiblemente las relaciones entre ambos países.

A su vez, sobre la base de los enunciados de la Enmienda Torricelli, la administración de William Clinton nombró un coordinador para su política contra Cuba, quien comenzó a dar diversos pasos dirigidos a implementar el two track contra la Revolución cubana. También –a pesar de los nuevos acuerdos migratorios firmados entre ambos países y de las continuas denuncias del gobierno cubano— la Casa Blanca mantuvo una actitud displicente contra los provocadores vuelos sobre las aguas jurisdiccionales cubanas organizados por la organización contrarrevolucionaria “Hermanos al Rescate”, radicada en Miami y con estrechos vínculos con las agencias de seguridad de Estados Unidos.

1996:
A causa de sus propias debilidades e instigado por los sectores más reaccionarios del Congreso norteamericano, al igual que por la “mafia cubana de Miami” y tomando como pretexto el derribo por parte de la fuerzas aéreas cubanas de una avioneta de la organización contrarrevolucionaria “Hermanos al Rescate” que, previamente, había sobrevolado en forma provocadora la capital cubana, el presidente William Clinton promulgó la denominada “Ley Helms-Burton”. Mediante esta, el poder ejecutivo quedó obligado a impulsar nuevas acciones para el derrocamiento de la Revolución cubana, así como a continuar presionando con tal fin a los gobiernos y a las empresas privadas de diversos países del mundo —entre ellos, Canadá, América Latina y el Caribe— que mantuvieran relaciones con Cuba.

Paralelamente, la Casa Blanca emprendió otra “intervención democrática” en América Latina y el Caribe. En esta ocasión, contribuyó a conjurar, mediante diversas acciones diplomáticas, un intento de golpe de Estado contra el Presidente paraguayo Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) protagonizado por Comandante en Jefe del Ejército, general Lino César Oviedo, acusado de estar comprometido con muchos de los crímenes perpetrados por la satrapía de Alfredo Stroessner.

Por otra parte, el Congreso norteamericano “desertificó” y suspendió la ayuda económica y militar al gobierno colombiano acusando al Presidente colombiano de haber recibido dinero del “narcotráfico” y le negó la visa a dicho mandatario para viajar a la Asamblea General de la ONU en su condición de presidente pro tempore del Movimiento de Países No Alienados.

1997:
A pesar de las constantes protestas del gobierno colombiano y de gobiernos latinoamericanos y caribeños el Congreso norteamericano volvió a “desertificar” a Colombia por no “cooperar en la lucha contra las drogas”. En consecuencia, mantuvo la suspensión de la ayuda económica y militar estadounidense al gobierno colombiano. Paralelamente, la administración de William Clinton, incrementó sus presiones con el Presidente de Haití, René Prèval (1996-2000) como consecuencia de la crisis política que atravesó dicho país a causa de lo que la oposición denominó “los fraudulentos resultados de las elecciones parlamentarias” de abril, al igual que de las elecciones suplementarias realizadas durante los meses de julio y agosto de este año. Ante esa situación, “la comunidad internacional”, encabezada por Estados Unidos, disminuyó o canceló la ayuda económica que le venía ofreciendo al gobierno de Haití, lo que profundizó la crisis económica y social de esa depauperada nación caribeña. Esto motivó la renuncia del Primer Ministro, Rosny Smarth, a partir de la cual Prèval no pudo encontrar el apoyo parlamentario requerido para nombrar a su sucesor. En ese contexto, se incrementaron los crímenes políticos atribuidos tanto al gobierno, como a la oposición derechista; Mucho más, después que –siguiendo el “ejemplo” de Estados Unidos— todas las fuerzas militares de la ONU abandonaron Haití.

Paralelamente, con vistas a contener las llamadas “emigraciones incontroladas” hacia su territorio, la Casa Blanca continuó construyendo un enorme muro a lo largo de su extensa frontera con México, zona en la cual se produjeron decenas de asesinatos de latinoamericanos que pretendían llegar al territorio estadounidense.

1998:
Siguiendo los planes de reestructuración de las fuerzas armadas estadounidenses diseñados por la administración de William Clinton, preparándose para la salida de sus tropas de la Zona del Canal de Panamá y contra la voluntad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, el cada vez más fortalecido SOUTHCOM comenzó a dislocar en Puerto Rico sus principales efectivos (el llamado Ejército Sur) y a impulsar –acorde con los gobiernos de esos países— la instalación de nuevas bases o facilidades militares (llamadas FOL, por sus siglas en inglés) en Manta, Ecuador; Soto Cano, Honduras; al igual que en Aruba y Curazao: islas caribeñas aún sometidas al control colonial de Holanda. Igualmente, instaló en su propio territorio y en diversos países del continente un potente sistema de radares con capacidad para controlar ilegalmente el espacio aéreo y naval de casi todas las naciones de América Latina y el Caribe.

Por otra parte, la Casa Blanca presionó a los gobiernos de Antigua, Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y Las Granadinas y Trinidad y Tobago con vistas a que firmaran Tratados de Asistencia Legal Mutua que –junto a los Tratados de lucha contra las drogas (los llamados Sheapriders Agrements) signados entre 1995 y 1997— institucionalizaron las sistemáticas operaciones de guardacostas norteamericanos en las aguas jurisdiccionales de esas pequeñas islas caribeñas. Lo anterior –al igual que las crecientes acciones norteamericanas contra “el lavado de dinero” y contra “las migraciones incontroladas”— acentuó la despreocupación estadounidense frente a los serios problemas económicos, sociales y ambientales que están afectando a las naciones de la Cuenca del Caribe.

Paralelamente, en respuesta a la negativa del presidente Ernesto Pérez Valladares (1995-1999) a autorizar la permanencia en Panamá de 2 500 efectivos militares estadounidenses, la administración de William Clinton desconoció aquellos aspectos de los Tratados Torrijos-Carter de 1997 que comprometen a Estados Unidos a descontaminar las áreas adyacentes al Canal de Panamá que durante 60 años fueron utilizadas por el Pentágono como polígonos de tiro y experimentación, incluso de armas químicas y radiactivas.

Asimismo, según se denunció, en ese año recibieron instrucción militar en la Escuela de las Américas 778 militares de varios países de América Latina y el Caribe; la mayor parte de ellos en técnicas contrainsurgentes y de luchas contra las drogas. Así se confirmó en Bolivia, donde el gobierno constitucional del ex dictador Hugo Banzer (1997-2001), con asesoramiento estadounidense, emprendió una brutal arremetida contra los campesinos cocaleros de la zona del Chapare.

A la par, como un nuevo acto de agresión contra Cuba, el FBI detuvo a un grupo de cubanos radicados en Miami –entre ellos, a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González— bajo la falsa acusación de realizar actividades de espionaje contra Estados Unidos. Antes de ser condenados en el 2003 por un espurio Tribunal de Miami, las autoridades norteamericanas los mantuvieron durante 33 meses sometidos a diversas formas de trato degradante e inhumano. Según demostró posteriormente el gobierno cubano, esos “cinco héroes prisioneros del imperio” realmente formaban parte de una red de oficiales y agentes de la Seguridad del Estado cubana infiltrada dentro de los grupos terroristas de origen cubano que operan en y desde Miami.

Las autoridades cubanas también demostraron que la desactivación de esa red fue posible gracias a las informaciones y pruebas que oficialmente se les habían entregado a la administración de William Clinton –a través de una delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que visitó La Habana— acerca de la participación de personas residentes en Estados Unidos en la ola de atentados terroristas contra la industria turística cubana que se había producido en el año precedente, así como con relación a otras acciones terroristas que esas personas pretendía realizar en los próximos meses. Esa revelación reiteró la complicidad del establishment de seguridad de Estados Unidos en los crímenes que han cometido en Cuba y en otros países del mundo las organizaciones contrarrevolucionarias cubanas radicadas en territorio estadounidense o de otros países centroamericanos, como El Salvador y Guatemala.

1999:
Luego de las intensas movilizaciones populares provocadas por el asesinato del vicepresidente Luis María Egaña y de otras siete personas, así como de un nuevo intento de golpe de Estado encabezado por el ex general Lino Oviedo en complicidad con el presidente Raúl Cubas Grau (1998-1999), la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay “negoció” la salida impune de este último y –mediante otra “intervención democrática”— presionó para que se le entregara el gobierno al presidente del Congreso, Luis González Macchi; quien, siguiendo los postulados de Consenso de Washington, emprendió un draconiano e impopular Plan de Ajuste Estructural de la economía paraguaya. Paralelamente y no obstante las conversaciones de paz que inició con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el presidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) y su homólogo William Clinton restablecieron sus convenios de ayuda militar y de lucha contra las drogas. En consecuencia, se desplegaron en Colombia decenas de asesores militares estadounidenses. Con su complicidad sólo en este año se produjeron en ese país suramericano 257 masacres (con 1605 víctimas); 2 069 asesinatos selectivos; 431 desapariciones forzadas; 334 personas torturadas y 33 147 víctimas de amenazas de muerte por razones políticas. También se calcularon en 1,5 millones las personas desplazadas de sus hogares a causa de violencia oficial o de la “guerra sucia” desatada por grupos militares toleradas por el Estado.En la base de esa participación estadounidense en el conflicto interno colombiano estaba el criterio del SOUTHCOM de que Colombia constituye “la mayor amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos y para la “seguridad interamericana”.

Paralelamente, en México, con el decidido respaldo político-militar norteamericano, el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) desencadenó una violenta ofensiva militar dirigida a desarticular las bases de sustentación social y a ocupar militarmente la zona donde se suponía estaba ubicada la Comandancia del EZLN.

2000:
A pesar de las demandas de las organizaciones internacionales preocupadas por las constantes violaciones de los derechos humanos y del rechazo del pueblo colombiano, así como sobre la base de una solicitud del presidente Andrés Pastrana, el presidente William Clinton aprobó el denominado “Plan Colombia” elaborado en Estados Unidos. Con el pretexto de la lucha contra el “narcotráfico” y de defender el “ordenamiento democrático” en ese país suramericano, con ese multimillonario plan, con la participación directa del Pentágono, de otras agencias oficiales y de “contratistas” (mercenarios) estadounidenses y de otros países, se pretenden destruir los principales efectivos del experimentado movimiento guerrillero colombiano –en particular de las FARC-EP y del Ejército de Liberación Nacional— y, sobre todo, aterrorizar a las bases de sustentación social de cualquier proyecto alternativo a las clases dominantes colombianas. Con el primero de dichos fines, la Casa Blanca presionó a los gobiernos de Ecuador, Perú y Brasil para que sus correspondientes fuerzas armadas sirvieran como “yunque” de las operaciones contra las “narcoguerrillas” que se desarrollen en Colombia.

A su vez —pese a las intensas movilizaciones del pueblo puertorriqueño—, la Casa Blanca autorizó la continuidad de los bombardeos y otros ejercicios militares en la isla Vieques.

Paralelamente, violando los Acuerdos de Paz de 1992 suscritos con el FMLN y también con el pretexto de la lucha contra el “narcotráfico”, los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador firmaron un tratado mediante el cual se instaló en el aeropuerto internacional de Comalapa (a 45 kilómetros de San Salvador) un centro de monitoreo de la Marina de Guerra que le permitirá al Pentágono el control del espacio aéreo y marítimo de todos los países centroamericanos.

Asimismo, en una nueva “intervención democrática” en Haití, el presidente William Clinton- le impuso al recién reelecto presidente Jean-Bertrand Aristide (2001-2003) el tutelaje de la OEA en los asuntos internos haitianos y fuertes compromisos en la “guerra contra el narcotráfico”, así como en el control de la emigración hacia Estados Unidos como condición para su reconocimiento por la “comunidad internacional” y para la entrega de la ayuda económica internacional que tanto necesita ese empobrecido país caribeño.

En contraste, la Casa Blanca y la OEA aceptaron la promesa del corrupto y criminal Presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) de convocar a nuevas elecciones como “solución” al estallido popular que produjo el descarado fraude electoral que este había perpetrado con el concurso de su tenebroso asesor personal, el agente de la CIA y de los narcotraficantes Vladimiro Montesinos, al igual que con el apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Aunque esa maniobra no pudo impedir el derrocamiento de Fujimori, facilitó el posterior ascenso a la Presidencia de otro subalterno de la Casa Blanca, Alejandro Toledo.

Ir Arriba


13.- LA GUERRA TERRORISTA CONTRA EL TERRORISMO

2001:
Inmediatamente después de su fraudulenta elección a fines del año 2000 y sin consultar a los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, el presidente republicano George W. Bush (2001-2005) anunció el despliegue de la multimillonaria Iniciativa Andina Antidrogas –más conocida como Iniciativa Regional Andina (IRA)— dirigida a complementar el Plan Colombia y a asegurar la influencia militar, geopolítica y geoeconómica estadounidense en la convulsa región andino-amazónica. Con tal fin, también presionó al gobierno de Brasil –presidido por el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1994-2003)— para que autorizara al SOUTHCOM a ocupar la base militar de Alcántara y pusiera en funcionamiento el sistema de radares que, con vistas a controlar el tráfico aéreo y naval en la amazonía, le había suministrado a las Fuerzas Armadas brasileñas algunas corporaciones estadounidenses.

Paralelamente, el mandatario estadounidense respaldó la dura represión desatada por la policía canadiense contra las masivas protestas populares que se desarrollaron en Québec contra la decisión (únicamente protestada por el presidente venezolano Hugo Chávez) de la Tercera Cumbre de las Américas de concluir, antes de diciembre del año 2005, las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) que venía negociando desde 1998 la Administración de William Clinton con todos los gobiernos del Hemisferio Occidental, excepto el gobierno revolucionario cubano.

Para acelerar la “transición” de este hacia una “democracia de libre mercado”, la Casa Blanca promulgó una ley que amplió el financiamiento de los grupos terroristas y contrarrevolucionarios de origen cubano que actúan en Miami, así como a los llamados “grupos disidentes” radicados en Cuba. Asimismo, violando la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, la USAID, la NED y otras “fundaciones” estadounidenses ampliaron su financiamiento a varias organizaciones venezolanas implicadas en diversos planes dirigidos a derrocar al presidente Hugo Chávez (1999-….).

Simultáneamente, y desconociendo todos los acuerdos que posibilitaron la solución política y negociada del “conflicto centroamericano” (1980-1987), el establishment de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos –estrechamente aliado con los gobiernos derechistas de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua— continuó impulsando la remilitarización del Sur de México y del istmo centroamericano; sobre todo, después de los cruentos atentados terroristas contra el World Trade Center de Nueva York y contra el edificio del Pentágono, hecho que fue tomado como pretexto por los reaccionarios grupos que asumieron el poder en la Casa Blanca para revitalizar, con el respaldo de la OEA y el concurso de la JID, sus tratados militares y seguridad con los sectores más represivos de las fuerzas armadas y policiales del hemisferio occidental.

En su renovado papel de “policía del mundo” esos acuerdos deben complementar la capacidades de Estados Unidos para garantizar “la seguridad absoluta” de sus territorio, librar “sus guerras infinitas contra el terrorismo de alcance global” y estigmatizar, neutralizar o eliminar a todos aquellos sectores socio-políticos, Estados y gobiernos opuestos a la dominación plutocrática-imperialista. De inmediato, así ocurrió en Nicaragua; donde, con vistas a disminuirle sus posibilidades electorales, el entonces candidato presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, Daniel Ortega, fue acusado por los voceros de la Casa Blanca de mantener vínculos con diversos “gobiernos terroristas”, entre ellos los de Cuba y Libia.

2002:
Bajo la presión del gobierno de Estados Unidos y sobre la base de la acusación de que esas organizaciones político-militares practicaban “el narcoterrorismo”, el presidente colombiano Andrés Pastrana rompió las “negociaciones de paz dentro de la guerra” que, desde hacia cuatro años, venía desarrollando, por separado, con las FARC-EP y con ELN. Acto seguido, las Fuerzas Militares colombianas emprendieron la terrorista Operación Tanato (Muerte) contra las fuerzas guerrilleras y la población civil de los cuatro municipios desmilitarizados donde se realizaron las conversaciones con las FARC-EP y la Casa Blanca solicitó al Congreso estadounidense la autorización necesaria para usar toda la voluminosa ayuda militar entregada o por entregar al gobierno de Colombia “en una campaña unificada contra el narcotráfico, las actividades terroristas y otras amenazas a la seguridad nacional”. Tal decisión acrecentó la intervención directa de militares y “contratistas” estadounidense en el cruento conflicto colombiano.

Por otra parte, a pesar del rechazo mayoritario de sus habitantes, la Marina de Guerra estadounidense reinició sus lesivas maniobras militares en la isla Vieques, Puerto Rico, con el pretexto de que esas maniobras eran “vitales para el éxito de la guerra contra el terrorismo”. Con igual pretexto y con mayor o menor éxito, según el caso, el Departamento de Estado les exigió a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay su “autorización” para que los órganos militares y de seguridad estadounidenses pudieran operar libremente en la llamada “zona de la triple frontera”. También logró que –pese a las acrecentadas protestas populares— el recién estrenado Presidente peronista argentino, Eduardo Duhalde (2002-2003), autorizara la realización de la Operación Cabaña que, desde el año anterior, venían desarrollando las fuerzas represivas fueras armadas de ese país con la participación de 1500 oficiales de Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Por otra parte, con el chantaje de eliminarles los beneficios comerciales que unilateralmente les había concedido Estados Unidos en los marcos de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (1983) y de la Iniciativa Andina Antidrogas (1989) y con la promesa de adelantar con ellos negociaciones plurilaterales dirigidas a la suscripción de Tratados de Libre Comercio, en su primer viaje por América Latina, el presidente George W. Bush obtuvo el irrestricto apoyo a su “guerra infinita contra el narcoterrorismo” de los presidentes centroamericanos (reunidos en San Salvador) y de la mayor parte de los mandatarios andinos (congregados en Perú). Con diversos argumentos, a esta última reunión no fue invitado el presidente venezolano Hugo Chávez; quien en abril de este año había sido victima de un frustrado golpe de Estado contrarrevolucionario aupado por la CIA y el Departamento de Estado y encabezado por el presidente de la poderosa organización empresarial FEDECAMARAS, Pedro Carmona Estanca. Este, violando la Carta Democrática Interamericana (aprobada por la OEA el año precedente) de inmediato encontró el aliento oficial del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos reaccionarios de América Latina.

Esa intentona fue antecedida de diversas acciones terroristas emprendidas por los grandes monopolios de la comunicación y por grupos paramilitares de la derecha venezolana. Igualmente fue acompañada de una cruenta represión contra dignatarios y partidarios del gobierno constitucional de ese país. Meses después de todos esos acontecimientos, el Presidente estadounidense dio a conocer la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la que proclamo el supuesto derecho de ese país a emprender “guerra preventivas” contra aquellos Estados del mundo que –en la unilateral percepción del gobierno norteamericano— protegieran o financiaran a los “grupos terroristas”.

A partir de sus enunciados ilegales, guerreristas y expansionistas, así como menospreciando a los gobiernos de Canadá y México, el Pentágono anunció la creación del Comando Norte responsabilizado con la defensa y seguridad de todos el territorio de Norteamérica (desde Alaska, hasta la frontera norte de Guatemala), de las colonias estadounidenses en el Mar Caribe (Islas Vírgenes y Puerto Rico), así como de Bahamas y Cuba; cuyo gobierno –con diversas argucias— fue incluido por el Presidente estadounidense en “el eje del mal” y por el Departamento de Estado en su lista de “países terroristas”. También, sin mostrar prueba alguna, fue acusado por un alto funcionario de esa dependencia de “desarrollar investigaciones de guerra biológica y de suministrar biotecnología a otros países que puede ser utilizada por el terrorismo”.

Según denunció oportunamente el gobierno cubano, esas falacias perseguían fabricar nuevos pretextos para justificar ante la opinión pública internacional una escalada de las constantes agresiones del gobierno estadounidense contra la Revolución; incluidas las sistemáticas resoluciones contra Cuba que, desde la administración de George H. Bush (1989-1993), viene presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU “el Gobierno de Estados Unidos y sus lacayos de diferentes partes del mundo”.

2003:
Dándole continuidad a sus agresiones contra el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, la administración de George W. Bush apoyó de manera sibilina “el golpe de Estado petrolero” (incluyó diversos sabotajes contra las instalaciones de esa industria) emprendido por los sectores de derecha, en contubernio con los grandes monopolios de la comunicación y con los sectores de la “aristocracia obrera” petrolera organizados en la oposicionista Central de Trabajadores de Venezuela. Ante el fracaso de ese empeño y desconociendo la soberanía de ese país, la USAID, la NED y otras fundaciones estadounidenses financiaron a las principales organizaciones de la “sociedad civil” que comenzaron a impulsar un referendo revocatorio del presidente Hugo Chávez.

Paralelamente, el aparato de propaganda estadounidense amplificó su campaña acerca de la presunta vinculación de ese mandatario con los mal llamados “grupos terroristas y narcoguerrilleros” colombianos. Esa reiterada falacia fue convergentes con las presiones de la Casa Blanca y del reaccionario presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-…) –interesado en amnistiar a los grupos terroristas y paramilitares de derecha estrechamente vinculados al “narcotráfico”— dirigidas a internacionalizar el conflicto armado colombiano mediante la participación de las fuerzas armadas suramericanas y, especial, la de los países fronterizos con Colombia. A partir de sus compulsivos compromisos con su homólogo norteamericano, esa idea encontró receptividad en los políticamente desgastados mandatarios de Ecuador y Perú, Lucio Gutiérrez (2002-2005) y Alejandro Toledo, respectivamente.

En coordinación con los medios del SOUTHCOM dislocados en la Base de Manta, Ecuador— ambos países movieron importantes efectivos militares hacia sus correspondientes fronteras con Colombia con vistas a actuar como “yunque” de las brutales operaciones militares y de la virtual “guerra química” contra la población civil y las unidades guerrilleras de las FARC-EP previstas en la “segunda fase del Plan Colombia”.

La administración Bush también presionó al recién estrenado gobierno de presidente argentino Néstor Kirchner (2003-…) para que –además de saldar la abultada deuda externa con sus acreedores y con el FMI— autorizara la realización, bajo la dirección del SOUTHCOM, del ejercicio contrainsurgente Águila III con participación de unidades de las fuerzas armadas argentinas y de observadores militares de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; pero el mencionado mandatario rechazó tales demandas a causa, entre otras, de la exigencia oficial estadounidense de que le concediese impunidad a todos los militares norteamericanos que participaran en esas maniobras. Con el chantaje de perder de su ayuda militar, esa exigencia y la consiguiente suscripción de Acuerdos Bilaterales de Inmunidad (BIA, por sus siglas en inglés) fue incorporada por los sectores más reaccionarios del establishment de la política exterior, de defensa y seguridad estadounidense en la agenda de sus relaciones todos los Estados latinoamericanos y caribeños signatarios del Tratado de Roma de 1998 que dio origen a la Corte Penal Internacional encargada de juzgar diversos crímenes de lesa humanidad.

En consecuencia, el recién electo Presidente brasileño Luís Inácio Lula da Silva (2003-2007) rechazó la solicitud que le había formulado a su antecesor el gobierno de Estados Unidas de ocupar la Base Militar de Alcántara, considerada como “la puerta de entrada” a la cuenca amazónica. Igualmente, Lula se distanció de las persistentes demandas norteamericanas dirigidas a implicar a las Fuerzas Armadas brasileñas en una Fuerza Militar Suramericana dirigida, entre otras cosas, a luchar contra el “narcoterrorismo”. A cambio aceptó que estas participaran en un esfuerzo conjunto con las de Estados Unidos, Argentina y Paraguay dirigido a “controlar” la llamada “triple frontera”; donde –según las reiteradas e infundadas afirmaciones oficiales estadounidenses— operan diversos grupos terroristas, incluso algunos islámicos. Paralelamente, la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana emprendió diversas provocaciones contra el gobierno cubano.

Simultáneamente, violando los acuerdos migratorios existentes, la Casa Blanca estimuló el secuestro de algunas naves aéreas cubanas. A la par, amenazó al gobierno cubano con adoptar medidas drásticas en caso que se produjera una crisis migratoria entre ambos país. Según la administración Bush, tal crisis sería considerada “una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”. En razón de la enérgica respuesta de los tribunales cubanos frente a los autores del secuestro de una embarcación de transporte con sus pasajeros, los aparatos de propaganda estadounidense emprendieron una nueva campaña propagandística dirigida a lograr el aislamiento internacional de la Revolución Cubana.

2004:
Continuando su centenaria política intervencionista en los asuntos internos de Haití, fuerzas militares estadounidenses y francesas ocuparon ese país y deportaron al presidente Jean-Bertrand Aristide. Inmediatamente después, impusieron un gobierno encabezado por el “presidente” Boniface Alexandre y por el Primer Ministro, Gerard Latortue. Ante la ilegitimidad de origen de su mandato y su incapacidad para controlar la convulsa situación de ese empobrecido país, estos le solicitaron a la ONU el envió de una fuerza multinacional que contribuyera a la pacificación del país.

Creando un complicado precedente y gracias a las gestiones de la administración Bush, esa fuerza militar –identificada con el acrónimo MINUSTAH— fue comandada por un General brasileño e integrada por más de 7 000 afectivos de diversos países del mundo; la mayor parte de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay. La indefinición de objetivos por parte del “gobierno haitiano” y las presiones de la Casa Blanca para que la MINUSTAH se implique directamente en la represión de los diferentes “grupos armados” existentes, rápidamente colocó a esa fuerza multinacional en medio de fuertes contradicciones entre los intereses geopolíticos y geoeconómicos estadounidenses y las principales demandas de la población haitiana.

Paralelamente, en un nuevo acto agresivo contra la mayor de las Antillas, la administración de George W. Bush dio a conocer algunos de sus planes dirigidos “acelerar la transición” de la Revolución Cubana hacia una “democracia de libre mercado” y, acto seguido, adoptó un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer su “guerra económica” contra el pueblo cubano, así como a fortalecer a los llamados “grupos disidentes” que funcionan en Cuba y a los grupos contrarrevolucionarios y terroristas de origen cubano que actúan desde Estados Unidos.

En una concesión a esos grupos, la Presidenta panameña Mireya Moscoso (1999-2004) ilegalmente “indultó” a un grupo de cubanos (entre ellos, el convicto y confeso terrorista internacional de origen cubano y prófugo de la justicia venezolana, Luis Posada Carriles) sancionados por los tribunales panameños por su demostrada participación en una frustrada acción terrorista dirigida, entre otras cosas, a asesinar al presidente cubano Fidel Castro durante su participación en la X Cumbre Iberoamericana efectuada en Panamá en el año 2000. A su vez, como pago a sus servicios y pese a la solicitud de extradición del gobierno venezolano, la Casa Blanca permitió la permanencia impune en territorio estadounidense de Posada Carriles y de otros terroristas de origen cubano estrechamente asociados con él.

Demostrando el “cordón umbilical” que la une con los sectores más reaccionarios de Estados Unidos, la mandataria panameña también respaldó las demandas de un alto oficial del SOUTHCOM de formar una fuerza multinacional capacitada para defender el Canal de Panamá de “un ataque terrorista”. Según las denuncias que se han formulado, esas declaraciones fueron antecedidas de maniobras aéreas y navales secretas –llamadas “Panamá 2004”—efectuadas por 3 000 efectivos militares de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile, Honduras, Perú y República Dominicana; acto considerado como una agresión a la reconocida neutralidad del Canal de Panamá y a la soberanía panameña. Conceptos parecidos fueron empleados para calificar la descarada injerencia oficial estadounidense en las elecciones presidenciales efectuadas en El Salvador. En estas, mediante ataques al candidato del FMLN, Schafick Handal, y la amenaza de suspender las “remesas familiares” de los inmigrantes salvadoreños la Casa Blanca favoreció la elección de Antonio Saca, candidato de la reaccionario Alianza Republicana Nacional (ARENA), partido político directamente responsable del régimen terrorista que se instaló en ese país entre 1970 y 1992.

Paralelamente, en Venezuela, la administración de George Bush hizo todo lo que estuvo a su alcance para deslegitimar los resultados del referendo revocatorio contra el presidente. Sin embargo, fue tal la pulcritud del proceso que –ante las vacilaciones del Secretario General de la OEA, César Gaviria— el propio ex Presidente estadounidense ames Carter reconoció la contundente victoria del líder de la Revolución Bolivariana.

2005:
A pesar de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Atlanta, Estados Unidos, que declaró ilegitimas las condenas que, en el año 2003, les había impuesto un espurio Tribunal de Miami a los que en Cuba se llaman “los cinco héroes prisioneros del imperio”, demostrando su complicidad con los grupos terroristas de origen cubano que actúan en Miami y su persistente agresividad contra el pueblo cubano, la administración de George W. Bush presentó una “apelación legal” que prolonga indefinidamente las condiciones ilegales, inhumanas y degradantes a que –según los Relatores de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU— han estado sometidos durante siete años en cárceles estadounidenses los ciudadanos cubanos Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González.

Paralelamente, luego de firmar un leonino Tratado de Libre Comercio con todos los gobiernos de los países centroamericanos y de República Dominicana (conocido con las siglas CAFTA-RD), desconociendo todos los acuerdos que posibilitaron la solución política de la “crisis centroamericana” y las decisiones previas dirigidas a lograr la “seguridad democrática” de esa región, así como luego de diversas presiones contra los gobiernos centroamericanos, el establishment de la política exterior y de seguridad estadounidense concretó la formación, asesoramiento, entrenamiento y equipamiento “de una Fuerza de Acción Rápida contra el narcotráfico, las pandillas y el terrorismo” integrada por destacamentos militares y policiales de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Con vistas al cumplimiento de las funciones represivas de esa fuerza multinacional, también se centralizó San Salvador “una base de datos sobre esas pandillas” (conocidas como “maras”) y comenzó a instalarse en ese país la Academia Latinoamericana para el Cumplimiento de la Ley, filial de la Academia Internacional de Policías con sede en Washington en la que se entrenaron (y aún se entrenan) innumerables policías latinoamericanos y caribeños implicados en asesinatos, torturas y otros actos sádicos contra los prisioneros políticos, comunes y la población civil.

La institucionalización de los órganos represivos arriba mencionados contó con el respaldo o la anuencia de todos los mandatarios centroamericanos, al igual que de los Presidentes de México y Colombia, Vicente Fox y Álvaro Uribe, respectivamente. Como respuesta a la conclusión del financiamiento norteamericano previsto para el Plan Colombia, así como a sus cuestionados resultados, Uribe continúo impulsando su llamado “Plan Patriota”, a través del cual se han venido incrementando el número de asesores militares y “contratistas” estadounidenses implicados en la lucha contra “la narcoguerrillera”; lo que demuestra la anuencia de la Casa Blanca hacia las “negociaciones de paz” que ha venido desarrollando el Presidente colombiano con los criminales grupo paramilitares organizados en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia.

Paralelamente, cumpliendo un acuerdo militar entre la administración de George W. Bush y el gobierno paraguayo y con la coartada de realizar “ejercicios e intercambios militares bilaterales”, ingresaron al territorio de ese último país “fuerzas especiales” y diversos equipos militares norteamericanos. Según se denunció, tal despliegue constituye una amenaza para la autodeterminación del pueblo paraguayo y para la soberanía nacional de Argentina, Brasil y Bolivia. En este último caso, por la sistemática agresividad demostrada por los medios oficiales estadounidenses y por sus aliados bolivianos contra las fortalecidas fuerzas sociales y políticas que respaldan al líder popular e indígena Evo Morales; quien ganó holgadamente las elecciones presidenciales efectuadas a fines de este año.

Ese nuevo gobierno popular, los crecientes avances de la Revolución Bolivariana, las estrechas relaciones que sostiene con esta la Revolución Cubana, junto al dinamismo que demuestran los movimientos socio-políticos populares en Perú y Ecuador, al igual que la creciente participación militar estadounidense en el conflicto colombiano convierten a la región andina en uno de los epicentros de la dinámica entre la reforma, la contrarreforma, la revolución y la contrarrevolución que ha caracterizado la historia latinoamericana y caribeña. Por consiguiente, es de esperar que durante el próximo año se produzcan en esa región nuevas agresiones, directas o indirectas, unilaterales o multilaterales de Estados Unidos y de sus principales aliados en Hemisferio Occidental. Como en otras ocasiones históricas, tales agresiones podrían ser antecedidas, acompañadas o sucedidas de nuevas prácticas vinculadas al terrorismo de Estado.

Ir Arriba